El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impulsadas en 2012 por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El CSI-F Extremadura considera que “el tiempo ha dado la razón” a su propuesta, sobre todo porque la reducción de los asuntos que llegaban a los juzgados extremeños ha rondado el 30% en ambas provincias, 35 en Cáceres y 30 en Badajoz.
Consideran que este descenso es debido a que la mayoría de los ciudadanos no podían pagar el coste de un proceso judicial y más si se planteaban la posibilidad de recursos.
Agilicación de la justicia
El sindicato manifiesta que las “barreras económicas” no contribuyen a agilizar la Administración de Justicia de la región que según ellos es obsoleta e ineficaz. Apuestan por la transformarla implantado nuevas formas de organización y dotándola de los medios necesarios.
Por todo esto la organización cree que con carácter urgente se deben crear un mínimo de siete juzgados nuevos en la región, cuatro en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres.