Entra en vigor la Ley de Memoria Democrática, que reforzará la exhumación de las víctimas del franquismo
La nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que ha entrado en vigor esta semana, contempla la consignación en los próximos presupuestos regionales de 2020 de las partidas suficientes para las actividades de localización, exhumación e identificación de las víctimas.
Tras publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, incorpora la creación del Plan Extremeño de Memoria Histórica y Democrática, que tendrá vigencia cuatrienal y deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.
Se suma el impulso de acciones para conocer la violencia específica ejercida contra las mujeres durante la represión franquista y la dictadura, o la constitución, en el plazo de seis meses, del Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.
Así lo recuerda la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (ARMHEX), que saluda la entrada en vigor de la norma y valora que la memoria democrática se incorpora al currículum educativo.
“Un novedoso y avanzado texto legal”
“A partir de hoy se refuerzan las esperanzas para atender las legítimas demandas de los familiares de las víctimas que aún hoy, en pleno siglo XXI, buscan a sus seres queridos desaparecidos, por fosas clandestinas y cunetas de nuestra Comunidad”, indica la asociación en un comunicado. Subraya que Extremadura avanza hacia “una sociedad más democrática, más libre y más justa”.
El colectivo memorialista define la ley extremeña como “un novedoso y avanzado texto legal”.
Se muestra convencido de que impulsará el diseño, la planificación y el desarrollo de las políticas públicas encaminadas “a recuperar la memoria histórica y democrática de nuestra región”, guiándose por los principios de “verdad, dignidad, justicia, reparación y garantías de no repetición” que aconsejan los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos.
“También a partir de hoy se abre una novedosa a vía para contribuir desde la educación” a este fin, dado que las autoridades educativas deberán incorporar contenidos relacionados con la memoria histórica en el currículo de la educación secundaria obligatoria y bachillerato, “lo que sin duda reforzarán los valores de respeto, tolerancia, libertad y en suma de los derechos humanos”.