- Viñuela, Cerrato y Villa se sientan en el banquillo
El exauditor interno de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) Israel Garrido ha declarado este martes que el 'arqueo' de la caja del Departamento de Administración se falseaba con el fin de intentar cuadrar el saldo al final de año y que la instrucciones procedían del exadministrador general Juan Cerrato.
Garrido ha asegurado que en la cuenta final se eliminaban algunos de los ingresos recogidos en la hoja “Excel”, que reflejaba los movimientos de entrada y salida de dinero en efectivo de la caja, y que también se creaban gastos falsos.
Así lo ha declarado en la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Mérida por supuestas irregularidades en la gestión de Feval, en la que Cerrato es uno de los acusados.
La policía judicial determinó según el informe del fiscal que en el período 2005-2009 se produjo un desfase de casi 182.000 euros entre el saldo de caja oficial y el que figuraba en la hoja “Excel”.
Debido a estas “manipulaciones” que se dieron varios ejercicios y al hecho de que no era de su competencia, Garrido y el técnico Javier Gijón se negaron a firmar el saldo del arqueo de caja. Afirma que recibieron la presión“de Cerrato para hacerlo.
Al final firmaron, haciendo constar su salvedad, por consejo sindical, según Gijón, que en su declaración ha ratificado las palabras de su compañero y que dicho que al día siguiente fueron despedidos sin ninguna explicación.
“Recibimos amenazas”
Tras ello fueron recibidos por el director general, José Luis Viñuela, del que recibieron “amenazas”. Ha señalado que les dijo que era mejor que estuvieran “calladitos” porque eran muy jóvenes y él ya era mayor.
Ambos han indicado desconocer qué se hacía con el dinero que recibía Cerrato del Departamento de Administración y que se anotaba en la “Excel” con salida a “caja Juan”.
El testigo, que ha asegurado que no recibían instrucciones ni de Viñuela ni del tercer directivo acusado, José Villa, ha subrayado que el expediente para la contratación de la puesta en marcha del Centro de Emprendimiento fue una “mentira”, ya que no se invitó a participar a otras empresas y las ofertas que llegaron de otras sociedades las mandó Everis, la finalmente adjudicataria.
El exauditor interno ha indicado que avisó a Cerrato de que fraccionar el contrato en tres partes era irregular. Ha estimado que el servicio de limpieza, que durante años llevó Clece, suponía ahora unos 60.000 euros, cuando la media en los años que no se licitaba estaba en torno a los 150.000 euros, según el fiscal.
Ambos trabajadores han negado que filtraran documentos y que, tras ser admitidos por la nueva dirección para evitar ir a juicio, aumentaran su sueldo, aunque posteriormente sí ascendieron de categoría.
Protesta de los acusados
El juez ha llamado la atención a las defensas de Viñuela y Cerrato, que han expresado formalmente su protesta, debido a preguntas que a su juicio no tienen que ver con la causa, algunas de ellas en relación con el PP.
Se ha considerado improcedente la pregunta del abogado de Cerrato a Enrique Barrasa, sucesor de Viñuela, de si era militante del PP. Ha indicado que en los pocos meses que estuvo en el puesto encargó una nueva auditoría a Deloitte para que aclarara las alteraciones contables que había detectado en una anterior y la licitación por primera vez los servicios de limpieza y de los montajes de ferias, porque entendía que se podía producir un ahorro.
Garrido ha señalado que la auditoría de Deloitte era financiera y nunca hizo un arqueo de caja. Por otro lado Barrasa también encargó inventariar los cuadros adquiridos de la Feria Foro Sur de Cáceres que estaban en un trastero y sin catalogar, según ha apuntado.
Al técnico Javier Gijón según ha declarado previamente le llamaba la atención que con tres millones de euros que debía la entidad se hubiera gastado más de 360.000 euros en cuadros.
El magistrado también ha llamado la atención por sus respuestas inconcretas a María del Mar Quirós, la trabajadora de Administración encargada de las nóminas, que ha reconocido que es posible que Cerrato hiciera pagos directamente que no figurasen en la contabilidad paralela de la “Excel”.
La jornada se ha abierto con la declaración del último de los acusados, el exsubdirector general de Feval José Villa, y ha concluido con las de nueve testigos a propuesta del fiscal, Barrasa y ocho trabajadores de la entidad.
Al igual que ocurrió el lunes con los otros dos acusados, Viñuela y Cerrato, Villa ha negado tener conocimiento de la existencia de una contabilidad paralela y de irregularidades en la contratación de servicios.
Los tres están acusados de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental, y el fiscal pide para ellos, respectivamente, 21 años y seis meses de cárcel, 11 años y seis meses, y 9 años y seis meses, respectivamente.