Extremadura registró en 2018 un total de 7.809 infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, un 19,2 % más que el año anterior.
Supusieron una cuantía de 5,1 millones, lo que representa un aumento del 21,1 % en relación a 2017, según datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior que recoge la Agencia Efe.
En el conjunto del país, el Estado ingresó el pasado año 149 millones de euros por las casi 250.000 infracciones a la ley de Seguridad Ciudadana, lo que representa un 10 por ciento más respecto al año anterior.
Ingresos por sanciones
Los mayores ingresos procedieron de las 177.199 sanciones por drogas, que alcanzaron los 116 millones de euros, 13 millones más que un año antes, es decir, un aumento del 12,72 por ciento.
El consumo o la tenencia ilícita de estupefacientes fue la infracción que se situó a la cabeza en este apartado, con unos ingresos que ascendieron a casi 116 millones.
Por su parte, las sanciones por plantación de cultivos ilícitos, si bien continúan entre las principales, disminuyeron un 6,68 por ciento para un total de 630.059 euros.
Mientras, las infracciones a la seguridad ciudadana fueron 48.922, con unos ingresos de 18,1 millones de euros (un 2,52 %).
Entre ellas, los desórdenes en la vía pública, la desobediencia y la falta de respeto a los agentes motivaron hasta 41.389 sanciones de muy graves a leves, que arrojaron un saldo de más de 15 millones.
En contraste, en 2018 se registraron 23.544 sanciones por armas y explosivos, un dato ligeramente inferior -menos de un uno por ciento- que en 2017, mediante las que se percibieron 14 millones, principalmente como resultado de llevar armas de modo negligente.
Por comunidades autónomas
En términos relativos, fue Andalucía donde más creció el número de sanciones, con un 20,22 por ciento hasta alcanzar las 91.996, por delante de Ceuta, con un alza del 19,4 por ciento, y Extremadura (un 19,2 %).
En el lado opuesto, Asturias fue la comunidad donde más descendió el número de infracciones a las ley, en concreto un 23,4 por ciento, seguida de Canarias (- 12,13 %) y ya más alejada de Cantabria (- 6,74 %).
Las cifras de Cataluña y País Vasco apenas son representativas, ya que sus respectivas policías tienen competencias en seguridad ciudadana y el Anuario solo recoge las sanciones que tramitaron las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno central en ambos territorios.