La Junta desestima más de 36.000 alegaciones contra el decreto del litio, denuncia Unidas por Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, preguntará en el próximo pleno al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, “si 36.000 alegaciones no son suficientes para no convalidar un decreto ley”. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Portavoces, en la que ha asegurado que la plataforma Salvemos La Montaña ha realizado algo “heroico” al conseguir esas 36.000 firmas contra el decreto de transformación del litio “que el gobierno de Vara ha aprobado por agosticidad”.

La convalidación del decreto-ley que blinda la transformación de los recursos extremeños del litio en la región y de otros dos de ayudas excepcionales a los agricultores y pymes afectados por la guerra de Ucrania son algunos de los asuntos principales del pleno de la Asamblea de Extremadura del próximo jueves, en el que también se hablará del inicio del curso escolar.

De Miguel ha cuestionado que la Junta haya podido estudiar todas esas alegaciones “porque en escasas 11 horas las han desestimado todas”. “No es una administración ágil, sino súper ágil para lo que quieren”, ha asegurado.

La también presidenta del Grupo Parlamentario ha advertido que el decreto del litio tiene visos claros de inconstitucionalidad. “Mucho nos tenemos -ha dicho- que nos vamos a enfrentar a un Valdecañas 2, por lo que, si el PSOE con su mayoría absoluta aprueba este decreto, serán los únicos responsables cuando el Tribunal Constitucional lo tumbe”.

De Miguel ya ha adelantado que Unidas por Extremadura votará en contra de este decreto “prominas”, “porque solo sirve para poner alfombras rojas a unas cuantas empresas que van a gestionar el litio en Extremadura”. La portavoz ha lamentado que se haya perdido la oportunidad con este texto normativo de dar garantías a la ciudadanía, “ni para dar información ni fomentar la transparencia, ni tampoco para fomentar la participación ciudadana, sino que solo sea para regalar y regar con dinero público a las empresas mineras”.

Más temas en el pleno

Por contra, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha destacado que este decreto-ley busca que los extremeños sean los “protagonistas” del progreso de la región y, en el caso del que regula las ayudas a los agricultores y pymes, ha resaltado que establece 19 millones de euros en ayudas para un sector “determinante” en la economía extremeña.

Precisamente, en el apartado de control al Gobierno, el PP preguntará a la Junta si prevé poner en marcha ayudas para los sectores que se han quedado fuera de estas ayudas, entre los que su diputada Pilar Pérez ha mencionado el cereal de invierno, el olivar, el viñedo y el porcino ibérico.

En sentido parecido se ha pronunciado Unidas por Extremadura al calificar este decreto de “chapuza” porque sólo alivia las economías de algunas explotaciones pero no de todas las afectadas por la guerra de Ucrania, que son muchas más y “no van a ver ni un duro”.

Los populares preguntarán además a Fernández Vara sobre las medidas que tiene previsto aplicar para aliviar la carga fiscal que “asfixia” a las familias extremeñas, las pymes y los autónomos, según Pérez.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, le interrogará sobre su compromiso con la la universalización de la gratuidad de los libros de texto y los comedores escolares, un asunto este último que también defenderá a través de una propuesta de impulso para instar a la Junta a regular el acceso de los alumnos más vulnerables de la ESO a comedores escolares de Primaria o centros habilitados a tal efecto.

La educación centrará también el pleno con la comparecencia, a petición propia, de la consejera del ramo, Esther Gutiérrez, para informar sobre el inicio del curso escolar, a juicio de Irene de Miguel marcado por “profundos recortes” y de Lara Garlito por la “normalidad”, la apuesta por la conciliación con el incremento de la cifra de comedores escolares, y la reducción a 18 de las horas lectivas.

Dentro de las iniciativas parlamentarias, el PP presentará una propuesta de impulso para instar a la Junta a reponer los servicios sanitarios reducidos o eliminados, a impulsar el Proyecto Integral de Atención Primaria y a agilizar los procesos de teleasistencia avanzada, videollamada y mejorar la accesibilidad de los centros de salud online.

Asimismo, defenderá otra propuesta en demanda de un plan de formación en el sector de la hostelería y el turismo para combatir la falta de profesionales cualificados, que Pérez ha pedido al Ejecutivo que consensúe con el sector.

Por su parte, Ciudadanos presentará otra propuesta de impulso en materia de salud mental y otra de pronunciamiento instando a la supresión, de la Ley de Bienestar Animal, de los artículos que perjudican a sectores como el cinegético, el pastoreo y la cetrería, “muy importantes” en Extremadura, ha destacado Salazar.

Dentro de las preguntas a los miembros del Gobierno, el PP pedirá una valoración sobre el plan de armonización fiscal anunciado por el Ejecutivo central, que a juicio de los populares se traducirá en un aumento de los impuestos.

Cs preguntará por la carretera de circulación de Mérida y el sexto puente de esta ciudad y sobre las medidas que va a instaurar la Junta contra el “previsible riesgo de pobreza energética” de los hogares extremeños el próximo invierno, y Unidas sobre la situación de las residencias de mayores, para las que pedirá un servicio de “excelencia”.