La Junta de Extremadura asegura que la demolición de Valdecañas conllevará un mayor daño medioambiental

La Junta de Extremadura recurrirá al Constitucional la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo, que obliga a demoler todo el complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas (Cáceres), tras un recurso presentado por Ecologistas en Acción por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), que en 2020 acordó solo la demolición parcial del resort y la conservación de lo que ya esté construido.

Igualmente acudirá si hace falta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, anuncia la vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

Sin embargo, el Supremo no aprecia motivos que justifiquen el mantenimiento del hotel, las 185 villas y el campo de golf y ordena en su sentencia el restablecimiento de la legalidad urbanística, ya que la urbanización se encuentra en una Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA).

Pero el Gobierno extremeño entiende que con la demolición del complejo en su totalidad “se producirá un mayor daño medioambiental que el que se quiere proteger”, por lo que la Abogacía ya prepara un recurso, que deberá presentarse en un plazo de 20 días. “Acatamos y respetamos la sentencia pero vamos a pedir amparo al Tribunal Constitucional”, ha explicado la vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco-Morales, para quien, tras leer “con detenimiento la sentencia”, cuyo fallo se conoció por vía extrajudicial la semana pasada, existen motivos “fundadísimos” para el recurso, que se sustentará en la prevalencia de la tutela judicial efectiva.

Blanco-Morales ha subrayado que “las sentencias, además, de aplicar la legalidad tienen que ser efectivas” y la del Supremo “ignora e incluso desprecia” la mejora ambiental que se ha producido en la zona de la Isla de Valdecañas.

Por ello, ha reiterado que el gobierno extremeño agotará “todas las opciones procesales que permitan encontrar una solución justa y efectiva”, movido, ha explicado Blanco-Morales, “por el interés general” que permita conciliar la lucha contra la despoblación con la protección del medio ambiente.

En este sentido, ha abundado en el anuncio que la semana pasada hizo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de impulsar las modificaciones de leyes estatales y europeas para conciliar el desarrollo económico, la lucha contra el reto demográfico y la protección del medio ambiente.