La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, se ha propuesto reforzar con más medios, personal y una mayor dotación las oficinas de violencia contra la mujer en Extremadura, donde actualmente existen 1.547 mujeres víctimas de violencia machista.
Ha adelantado que trabajarán con la Junta en nuevos protocolos de actuación sobre agresiones sexuales y de lucha contra la violencia de género. Para ello, en los próximos días, mantendrá una reunión con las responsables de la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer de Extremadura.
También se pretende recuperar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con jornadas formativas que permitan la “actualización” en esta materia de los nuevos agentes.
“La violencia de género afecta a todos los sectores de la sociedad, no hace distinción ni en cuanto a la condición personal, familiar, social y laboral, ni de zonas rurales y urbanas, por tanto, es una situación muy grave que se da en todos los ámbitos de la sociedad”.
Algunos datos
Ha visitado este jueves las instalaciones de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, acompañada del nuevo subdelegado, José Antonio García Muñoz, y ha aprovechado para conocer las necesidades de cada unidad de esta administración, informa la Agencia Efe.
Según ha informado, en la provincia de Badajoz hay 878 mujeres víctimas de este tipo de violencia mientras que 669 mujeres la sufren en Cáceres. Cada día hay siete denuncias por violencia de género en Extremadura, donde, desde 2003 han fallecido 12 mujeres por esta causa, según ha apuntado.
A su juicio estas mujeres necesitan una “atención especial” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los recursos sociales de las administraciones públicas y la “complicidad” y el “apoyo” de la sociedad extremeña.
Para García Seco hay que “mejorar” la coordinación con la administración de Justicia, Junta y administraciones locales; “llegar a la víctima desde un primer momento” y “ofrecerle” todos los servicios a su disposición “para que se sienta arropada”; y “estar en el territorio” para conocer la situación de las víctimas.