La Junta de Extremadura no podrá cumplir su compromiso de sacar adelante este mes el nuevo contrato del transporte sanitario terrestre, un sector que arrastra años de conflictos laborales y empresariales y que cuenta con un convenio del año 2017.
Precisamente el intento de asegurar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores e incluir la denominada cláusula social en la licitación del nuevo contrato motivó el recurso presentado por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (Anea). Ahora, la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura ha anulado esa licitación, por lo que el actual contrato con Ambivital queda prorrogado, al menos, hasta 2027.
La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha sdado a conocer esta decisión y ha recordado que la patronal no estaba de acuerdo con la cláusula social del contrato para mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y que este mismo recurso en Aragón no ha prosperado y la cláusula social sí ha sido contemplada. La patronal extremeña no estaba a favor del recurso.
La consejera ha explicado que la Junta presentó un nuevo pliego de licitación pese a que el actual contrato podría prorrogarse hasta 2027, con un incremento de 26,5 millones de euros , con una mejora del servicio que llegaba a 466 ambulancias, y una mejora en las condiciones de los trabajadores con un descenso a 1.800 horas anuales de su jornada. El presupuesto base de licitación del contrato por cada año era de 74,1 milones de euros y se incluían 19,5 millones destinados a financiar las mejoras salariales, con un incremento del 17,86%, y el cómputo de un máximo de 1.800 horas anuales de trabajo.
Ante esta situación, García Espada ha instado a sindicatos y patronal a que ese preacuerdo que habían alcanzado en verano, según anunciaron, lo formalicen y consigan un convenio laboral acorde a 2024 y no el vigente de 2017. Según ha dicho, la administración tiene el compromiso de que mejore las condiciones de los trabajadores, pero la cláusula social que incluye el pliego ha sido anulada.
No obstante ha hecho un llamamiento a la tranquilidad porque el servicio está asegurado al menos hasta 2027, pero ha insistido en que se necesita ese convenio para el nuevo pliego, que se comprometen a volver a sacar en cuanto haya un convenio actualizado que asegure que el aumento del mismo va destinado a la mejora del servicio y al salario de los trabajadores.
García Espada ha reiterado que la cláusula social que se incluyó con un incremento de hasta el 17% del salario de los trabajadores y un descenso de hasta 1.800 horas no es aplicable en esta licitación. Pero en verano se anunció el preacuerdo entre patronal y sindicatos para un nuevo convenio “y se pedía esperar, cuando era evidente que no se podía esperar”, por lo que les ha pedido “que ratifiquen y no alarguen más su firma” una vez que la administración ha puesto “todo lo que está de su parte”.
La consejera de Salud ha dejado en manos de la patronal y los sindicatos la solución a la nueva situación porque, a su juicio, la administración ha hecho “los deberes” en tiempo “récord”.