La Xunta aporta dinero y personal al pacto secreto que deja a una empresa “testar” sus productos en hospitales públicos
La parte pública de los convenios firmados por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia con la multinacional médica estadounidense Medtronic para la “calidad” y “eficiencia” hospitalaria afirma que estos acuerdos fueron cerrados “sin aportación económica” por ninguna de las dos partes. No obstante, esta versión varía en el “anexo” que desarrolla los contenidos concretos de los convenios, que la Asociación de Pacientes del Complejo Hospitalario de Santiago pidió formalmente a la Xunta, pero que el Gobierno gallego negó apelando a la necesidad de proteger el “secreto comercial” y la “propiedad industrial” de la compañía. Según consta en uno de esos documentos, al que ha tenido acceso Praza.gal, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) aporta a estos acuerdos personal, instalaciones y también una cantidad indeterminada de fondos públicos.
El “programa específico de colaboración” que desarrolla uno de estos convenios, el firmado el 28 de noviembre de 2016 para el hospital compostelano -uno de los que pidió, sin éxito, la Asociación de Pacientes- desarrolla a lo largo de 22 páginas los compromisos que asumen empresa y Gobierno gallego con la intención de “desarrollar un marco operativo del área cardiovascular” del CHUS que “permita mejorar” su “eficiencia” y “calidad”. Aunque el documento no ofrece una sola cifra, sí deja claro que la Administración sanitaria asume hasta finales de 2020 gastos derivados de este acuerdo, que permite a Medtronic “testar” sus productos en el hospital público para “fortalecer su posición” en el mercado y poder “ofertar en el futuro” sus “servicios y soluciones” a “todo el espectro de hospitales”.
Uno de los apartados del documento que la Xunta trata como secreto, al que ha podido acceder este diario, destaca la necesidad de “potenciar el área de diagnóstico por imagen” dentro del servicio de Cardiología del CHUS. Para esto Medtronic “contempla” la cesión del “derecho de uso durante la actuación del presente programa” de, al menos, un equipo de TAC y otro de Resonancia Magnética, maquinaria que no estaba “implantada” en este servicio del hospital -sí en otros- en el momento de la firma del acuerdo. No obstante, estos equipos -ya instalados, según ha podido confirmar este diario- no están al servicio de todo el hospital, sino que su utilización, dice el convenio, “se hará exclusivamente para servir los fines de este acuerdo”.
El pacto contempla que Medtronic Ibérica “corra con los gastos derivados de la promoción y ejecución, mediante obra civil, del espacio hospitalario necesario para la instalación” de estos equipos y advierte, al tiempo, de que “los acabados, mobiliario e iluminación” y “en definitiva, el look and feel de la actuación, seguirán los estándares marcados por Medtronic Integrated Health Solutions”. Pero el Sergas también tiene una parte en la factura: el documento, que lleva la rúbrica del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, deja claro que es el hospital público el que “corre con los gastos corrientes derivados del uso de las instalaciones”, como electricidad, agua y limpieza, y también con los gastos de mantenimiento y posibles reparaciones de la maquinaria. La sanidad pública también pone “los profesionales sanitarios con la cualificación necesaria” para usar las máquinas y debe “actuar como promotora” de las obras de instalación, que paga Medtronic.
Más gastos y un ejecutivo “a tiempo completo” en el hospital
Los gastos de instalación, uso y mantenimiento de la maquinaria que Medtronic “cede” para uso exclusivo en el marco del acuerdo son los más explícitamente señalados en el documento que la Xunta no publica, pero no los únicos. No en vano, el acuerdo señala que “puede” decidirse el “uso de nuevos equipos u obras de acondicionamiento de espacios” y explica que, una vez realizado el “análisis de procesos” del área cardiológica del CHUS, podría “aconsejarse” realizar “determinadas acciones que traigan consigo gasto aparejado” y “no expresamente recogido en ningún apartado”. Además, algunas áreas del acuerdo, como su plan de comunicación, se condicionan a los “recursos que cada parte pueda dedicar” al mismo.
Si esto sucediera los gastos y su reparto tendrían que “someterse a la aprobación” de la “comisión de seguimiento” del pacto, en la que participan la gerente del CHUS con los directores asistencial, de Recursos Ecónómicos y de Enfermería del hospital, así como los responsables de las áreas afectadas -en este caso, Cardiología- y tres ejecutivos de Medtronic. Esta comisión tiene enlace directo con el denominado Comité Operativo, siete personas con la función de “dar seguimiento a las actividades descritas” en el anexo, y en él participan también representantes de ambas partes, dos de ellos de Medtronic.
Uno de los integrantes del Comité Operativo en representación de la empresa es el denominado “consultor adscrito al proyecto”. Se trata de una figura ejecutiva “contratada por Medtronic” que tiene “como lugar de trabajo el área Cardiovascular del hospital”, donde “desempeña un trabajo a tiempo completo”. El acuerdo otorga a este empleado de la empresa privada influencia directa en la actividad del centro público, ya que da “soporte a la dirección” del área “para la gestión de los equipos de trabajo que participan en el acuerdo”, para hacer “seguimiento de las actividades” del área y para “dar soporte documental a los programas que se vayan implementando.
Del mismo modo, el ejecutivo de Medtronic incrustado en el hospital del Sergas es el vehículo que “canaliza hacia el Área Cardiovascular el know how y las capacidades de Medtronic” al hospital, pero también el responsable de transmitir a la empresa el conocimiento, métodos y procedimientos del centro sanitario público. La empresa, admite, quiere “conocer en profundidad” cómo funciona el centro público para “posicionarse estratégicamente” en el mercado y “desarrollar un portfolio de servicios y soluciones completo”.
