La acusación en un proceso por corrupción urbanística denuncia “abuso de poder” de la Fiscalía de Ourense

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense está investigando un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos que podrían haber cometido varios integrantes de los gobiernos municipales de la ciudad entre 1998 y 2003, en los que era alcalde Manuel Cabezas (PP). Durante esos años el Ejecutivo local dejó de exigir a varios proyectos urbanísticos (15, en concreto) el 10% del aprovechamiento, como exigía la ley, lo que tuvo como consecuencia una pérdida de unos 1,7 millones de euros para las arcas municipales, como dejó reflejado en su momento el Consello de Contas de Galicia. Dinero, además, que debería haber sido reinvertido en viviendas de protección oficial y otros servicios y dotaciones. En el verano de 2007, una vez que PSOE y BNG accedieron al Gobierno municipal, el Ayuntamiento de Ourense comenzó a recibir el 10% de aprovechamiento de todos los terrenos adquiridos por constructoras.

La ex-concejala socialista Áurea Soto presentó en 2014 una querella contra Manuel Cabezas y contra dos de sus ediles de Urbanismo (aunque uno de ellos fue liberado de su responsabilidad penitenciaria por haber prescrito sus posibles delitos). Este proceso ha tenido un camino lleno de obstáculos, ya que en un primer momento el juez Leonardo Álvarez archivó el caso, como también pedía el Fiscal Jefe de Ourense, Florentino Delgado. Sin embargo, una querella de la propia Áurea Soto contra Álvarez hizo que este fuera alejado de la instrucción, dejando paso a la jueza Eva Armesto, que sí permitió que el proceso siguiera adelante.

El proceso se puso en marcha con mucha lentitud. De hecho, a pesar de que ya el pasado mes de septiembre el Juzgado había trasladado a todas las partes la querella presenta por Soto, la falta de respuesta por parte de la Fiscalía de Ourense dificultaba el avance del procedimiento. Estos retrasos obligaron a la abogada de Áurea Soto, Elena Díaz, a presentar un escrito ante la Fiscalía Superior de Galicia, alertando de la situación. La respuesta de la Fiscalía de Ourense fue remitirle a esta abogada una insólita citación para el 1 de junio como testigo en el proceso.

“A finales de mayo Florentino Delgado me cita como testigo, sin explicarme nada. Y decido no comparecer, porque yo no tengo por que comparecer como testigo, no estoy obligada, pues soy abogada de la acusación”, explica Elena Díaz. En efecto, la abogada no se presentó, lo que motivó que recibiera una segunda citación, esta vez para el 18 de junio, que añadía que “de no comparecer o alegar justa causa que lo impida, podrá incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad y ser detenido por la fuerza pública”.

Vista la situación, el 14 de junio Elena Díaz entregó sendos escritos en el Colegio de Abogados de A Coruña y en la Fiscalía de Ourense, con la instrucción de que se lo hiciesen llegar al Fiscal Jefe. En ellos, explicaba que “la citación en calidad de testigo, además de improcedente, no encuentra amparo legal alguno como deber exigible”. En los días siguientes Díaz mantuvo una reunión con el Fiscal Jefe de Galicia, Fernando Suances. Finalmente, la cita del 18 de junio fue aplazada para el próximo 9 de julio, pero manteniendo la amenaza de detención.

Para Elena Díaz, que destaca que nunca en su trayectoria profesional se había encontrado en una situación semejante, lo sucedido es “escandaloso”. “Si esto no se rectifica, se estaría produciendo un abuso de poder por su parte”, dice, añadiendo que “me quiere citar allí porque soy incómoda en este procedimiento”, afirma. “Yo no tengo el deber de ir. Si quiere abrir diligencias, que las abra; si me quiere detener, que me detenga. Me estará dando un altavoz”, concluye. Y termina: “Es una cuestión de dignidad. Yo no podría seguir ejerciendo mi profesión si yo no me planto en esta cuestión”.

En los últimos años el Fiscal Jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha sido protagonista de numerosas polémicas por sus decisiones y actuaciones. El año pasado, por ejemplo, pidió que se juzgase a la mujer que había denunciado por acoso sexual a José Manuel Baltar, presidente de la Diputación.

Un proceso lleno de obstáculos

Cuatro años después de la querella presentada por Áurea Soto, la investigación sobre los 1,7 millones de euros perdonados a varios constructores está aún en proceso, teniendo que superar en este tiempo numerosos obstáculos y retrasos, comenzando por el cambio del primero juez que se encargó del caso y que había decidido archivarlo. En los últimos meses, Manuel Cabezas y el concejal Ricardo Campo Labrador (lo mismo que el Fiscal Jefe de Ourense) intentaron que fuera también juzgado el ex alcalde socialista Manuel Veiga Pombo, pero su mandato había terminado en 1995, antes de la modificación legal que obliga a esa cesión del 10% (una ley gallega de 1997 y una ley estatal de 1998). Además, los políticos populares se escudaban en un acuerdo municipal firmado por el propio Veiga Pombo en 1994 para justificar el hecho de no haber exigido esos aprovechamientos a las empresas constructoras. Sin embargo, desde la acusación se recuerda que, de nuevo, el acuerdo era previo a la modificación de la ley y no tenía ya validez.

La jueza Eva Armesto, por su parte, recuerda en su auto que sólo fueron algunos (15, en concreto) los proyectos urbanísticos a los que se les perdonó la exigencia del 10%, por lo que el recurso a ese acuerdo de 1994 no tendría justificación, al aplicarse en todo caso de forma discrecional. La magistrada considera que alcalde y concejal actuaron con conocimiento de causa: “De los acuerdos de la corporación adoptados resulta una voluntad de ambos de realizar la aprobación de los proyectos sin explicar por qué en otros supuestos sí es exigido el 10%”. Por último, Cabezas y Campo argumentaron también que su causa estaría prescrita, algo que igualmente Armesto rechazó, pues aprecia una “continuidad” en su actuación.

En las últimas semanas se ha conocido, además, la incorporación al proceso de los integrantes de una Junta de Gobierno Local de noviembre de 2003, aún siendo alcalde Manuel Cabezas. El propio Fiscal Jefe de Ourense había pedido que o bien fuera liberado de responsabilidad Manuel Cabezas o bien se ampliara la causa a todos los miembros de los plenos o comisiones que habían votado a favor de las exenciones.