Un alcalde del PP de Lugo será juzgado por autorizar miles de viviendas en la costa sin luz ni agua
Los abanderados de lo que pretendió ser “la Marbella gallega” en los años de la burbuja se sentarán en el banquillo de los acusados de los juzgados de lo Penal de Lugo, segundo indica un auto dictado por los juzgados de Mondoñedo. El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente (PP), se enfrenta a una petición de dos años de cárcel y diez de inhabilitación por la concesión en 2006 de 44 licencias para construir en la localidad de A Mariña miles de viviendas sin siquiera garantizarles servicios básicos como luz, agua o saneamiento. Es la pena que solicita la Fiscalía para el regidor y para los tres ediles que, junto a él, le dieron luz verde a las licencias en la Junta de Gobierno local barreirense, así como para la arquitecta municipal, Marta Geada, que informó favorablemente sobre la operación contra el criterio de la secretaría.
Otros dos concejales del PP -que no aprobaron todas las licencias- tendrán que hacer frente en el juicio a la petición de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación en un procedimient en el que, en todos los casos, el Ministerio Público considera que se cometieron presuntos delitos de prevaricación urbanística. La Fiscalía, además, pide que en el procedimiento queden anuladas estas licencias, “concedidas de manera ilícita” por un gobierno local que, afirma, sabía que era imposible atender “las necesidades de infraestructuras precisas” de una expansión urbanística de este calibre.
Con este procedimiento regresa a los tribunales una operación urbanística que nunca llegó a finalizarse, pero que ha dejado huella indeleble en la costa de A Mariña. En el año 2007 el Ejecutivo bipartito de la Xunta (PSdeG-BNG) paralizó la construcción de unas 3.000 viviendas de las más de 6.000 que se habían autorizado -Barreiros tiene 3.200 habitantes- e inició una batalla judicial que el propio Gobierno gallego frenó tras llegar Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia. La Xunta del PP retiró las denuncias e inició un proceso de legalización masiva de las casas cuestionadas a través de un plan de incidencia supramunicipal que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia resolvió anular en 2013 a instancias de una denuncia de la asociación ecologista ADEGA.
Según el alto tribunal gallego, el gabinete de Feijóo incurrió con aquel plan en una “desviación de poder”. No obstante, la entonces Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestuturas redujo lo sucedido a una mera cuestión burocrática. Pocos meses después, en marzo de 2014, el gobierno popular recibió con entusiasmo otra sentencia, en este caso del Tribunal Supremo, en la que se fallaba, por un defecto formal, la nulidad del decreto con el que el bipartito había suspendido en 2007 las normas urbanísticas de Barreiros para frenar la urbanización masiva. Entonces el alcalde consideró probado que había sido víctima de una persecución “política” por parte de PSdeG y BNG y celebró una sentencia también aplaudida por hasta 16 constructores, que anunciaron su disposición de litigar contra la Xunta para ser indemnizados por no poder promover los chalés y edificios previstos.
Tras conocer el movimiento de la Fiscalía el alcalde barreirense ha mostrado completa tranquilidad. En declaraciones a La Voz de Galicia ha asegurado estar “muy tranquilo” porque “hicimos lo correcto”. “Los que estamos en política estamos sometidos a estas cosas”, indica Alfonso Fuente, cuyo abogado ha enfatizado, en conversación con Radio Lugo, que en el año 2012 fue archivado el proceso contra él y sus ediles por este mismo caso. En Barreiros, reflexiona Fuente -que en las pasadas municipales volvió a ganar con mayoría absoluta-, “todo se magnificou”.
