“No me dieron alternativa, me obligaron a abortar en Madrid y fue todo indignante”
La polémica por las precarias condiciones en las que las mujeres en el segundo trimestre de gestación interrumpen su embarazo continúa en Galicia. La Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto (PGDA) advirtió que en varios hospitales públicos -como mínimo en A Coruña y Ferrol- no se garantiza la asistencia necesaria, ni la de una matrona ni la del personal médico idóneo, o que incluso las pacientes deben expulsar el feto en solitario en un baño. Varias afectadas han relatado sus duras experiencias y docenas de ellas han contactado con el colectivo para contar también su caso. La Xunta anunció una investigación ante el reconocimiento, incluso desde el centro sanitario coruñés, de que la asistencia médica completa no estaba garantizada y de que pudo haber defectos, pero se niega a cambiar el protocolo y rechaza que los problemas se deban a los recortes o a la objeción de conciencia de los profesionales. La alternativa que da el Servicio de Salud para garantizar una asistencia médica completa y el acompañamiento continuo de la mujer es acudir a una clínica privada en Madrid, donde el trato por lo visto es idóneo, y con todos los gastos pagados. Pero ni eso parece que sea así.
El último testimonio llega desde Ribadeo y los hechos relatados sucedieron hace menos de un año, en el pasado mes de abril. Aurora González, gestante de 19 semanas, tuvo complicaciones de salud graves en el embarazo que obligaban a un aborto terapéutico. Desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas) le advirtieron que no podría llevarlo a cabo en el hospital de Burela, centro que le correspondía. “Ni en ningún otro centro de Galicia; no me dieron posibilidad alguna más que la de ir a Madrid”, explica en conversación con este diario.
El caso de Aurora es diferente al de otros denunciados por mujeres que relataron las precarias condiciones en las que abortaron, sin personal sanitario -cualificado o no- a su lado, solas en una habitación o expulsando en un baño el feto que tenían que recoger con sus propias manos. Esta mujer de A Mariña manifestó entonces al Sergas su “sorpresa e indignación” al conocer el protocolo que seguían. “No podía creer que no hubiese ningún hospital en Galicia en el que se me tratase, ni en Lugo ni en A Coruña ni en ninguna parte”, cuenta.
Nadie le dio una explicación. “No argumentaron nada ni pedí muchas explicaciones, más allá de asegurarles que me llamaba mucho la atención; tienes de sobra con lo que tienes y no me sentía con fuerzas para montar guerras. Estaba en la semana 19 y había que actuar enseguida porque podía tener más problemas”, explica ahora. “Imaginé que los ginecólogos habrían optado por la objeción de conciencia en Burela y no pensé nada más”, añade.
Aurora González ha sido una de las mujeres que decidió hablar y dar la cara, pero dice saber de muchas más que sufrieron situaciones semejantes, también en A Mariña, pero que no lo han contado. “Las mujeres no vamos explicando por ahí estas cosas porque intentamos olvidarlo rápido y pasar esta situación de la mejor manera que podamos”, explica quien niega que la atención en Madrid fuese la personalizada y continuada que asegura la Xunta.
“El conselleiro de Sanidad vende que se nos ofrece ir a Madrid, pero la verdad es que se nos obliga; se nos dice que allí hay un trato más personalizado y atención psicológica, pero todo eso brilla por su ausencia, es como si fueras a quitar un lunar”, explica Aurora, que acusa la clínica madrileña Isadora de “no tener la más mínima empatía”, por lo menos en su caso. “Si vas a quitar una verruga a un hospital, te tratan mucho mejor”, dice.
“Fue todo indignante”, continúa esta mujer de Ribadeo. “Lo primero que indigna es tener que ir a Madrid, que no haya otra alternativa, pero además el proceso que me hicieron no tuvo nada que ver con lo que me había explicado la matrona”, continúa. Según relata, le aseguraron que le iban a inducir el parto, pero finalmente sufrió un legrado (aspiración). “El feto iba a nacer muerto, pero entero... Fue una falta de respeto absoluta a mi dignidad y a la vida de mi hijo”, cuenta con crudeza.
Además -“aunque eso es el de menos”, aclara-, denuncia que la Xunta tampoco le ha cubierto todos los gastos. Sí pagó el tratamiento, pero tan solo le abonó algo más de 80 euros por los costos de desplazamiento, 1.200 kilómetros entre ida y vuelta que hizo en su propio coche. “Gasté más de 400 entre el viaje y las comidas”. Según dice, presentó todos los justificantes, incluso los tíckets de la farmacia donde compró los medicamentos, o los de los peajes.
No es lo más importante, obviamente. Para Aurora, lo verdaderamente “indignante” es que el sistema sanitario público de Galicia no ofrezca la opción de llevar a cabo el aborto terapéutico en un centro público -como en su caso y los de otras compañeros que conoce- o que, cuando se ofrece, sea en las condiciones que denuncian desde A Coruña o Ferrol. Ahora, dice que decidió contarlo para que se sepa la situación y supone que “empezarán a salir más casos”. Con todo, sabe que no es fácil hacer público el relato. “A mí, anímicamente, me sigue costando mucho”, remata.
