El pasado enero, en vísperas de las elecciones municipales, la entonces concejala de Participación del Ayuntamiento de A Coruña, Claudia Delso (Marea Atlántica), fue citada como investigada -antigua imputación- por la titular del juzgado de instrucción número 8 de la ciudad. Lo hacía en el marco de una denuncia formulada por el PP local, después asumida por la Fiscalía, por la cesión del uso de la antigua cárcel provincial a la asociación Proxecto Cárcere, que había desarrollado diversas intervenciones culturales en el edificio desde 2010. El PP consiguió retrasar la declaración, prevista para el 1 de marzo, y después se negó a aplazarla, como pedía la edil, hasta después de las elecciones municipales, por lo que Delso tuvo que pasar por el juzgado dos días antes de los comicios, el 24 de mayo.
En un auto emitido el pasado 20 de diciembre, al que ha tenido acceso Praza.gal, la jueza ha dictaminado el archivo de las actuaciones de un caso que los conservadores habían señalado como muestra de prácticas ilegales de la Marea coruñesa. La instructora descarta que Delso haya cometido la prevaricación de la que acusaba el PP y que esgrimía la Fiscalía cuando asumió la denuncia de los populares. Lo hace basándose en lo observado en el expediente administrativo de la cesión y en las declaraciones como testimonios de funcionariado que lo tramitó, que “no vio ninguna irregularidad” ni “nada ilegal” en este expediente, que no implicaba aportación económica alguna.
La adjudicación a Proxecto Cárcere -que había obtenido 134 puntos frente a la otra entidad candidata, un club deportivo que se quedó en 46- “contaba con informes jurídicos y técnicos que avalaban la regularidad de lo que firmaba” la concejala, resuelve la jueza, que también subraya que la “inadmisión del recurso de reposición” contra la adjudicación contó igualmente con informes favorables. “Excluida la prevaricación a respeto de la primera resolución, ya debería haber decaido la pretensión de hablar de una segunda prevaricación” en el convenio con el que se formalizó la cesión, resalta.
Sobre este segundo paso, la jueza detalla que una vez finalizadas las obras en la vieja cárcel coruñesa, el “informe de fin de obra concluye que las obras realizadas son insuficientes para el mantenimiento del inmueble” porque su estado era “peor que lo considerado en el proyecto”. Por este motivo, acreditado otra vez durante el propio proceso judicial con un informe del arquitecto municipal, la cesión del espacio “se autorizó exclusivamente para los espacios y actividades” que se ajustaban al estado del edificio.
Se hizo “sin perjuicio de que puedan realizarse el resto de actividades en fases posteriores, a medida que las obras (...) y las condiciones de seguridad lo permitan”, según el propio expediente. De este modo, advierte la magistrada, “No se puede decir que se mantuviera la adjudicación a pesar de no poder cumplir el uso sociocultural propuesto, porque se preveía la posibilidad de hacerlo más tarde”.
En este contexto, la jueza concluye que “no existiría prevaricación” de la concejala Claudia Delso, representada en el proceso por el abogado Pablo No, porque “cabría la posibilidad de sostener la resolución con una interpretación de la ley distinta a la que efectuaron los denunciantes”, el PP y después la Fiscalía. “No resultando debidamente justificada a perpetración del delito (...), procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones”, concluye el auto, susceptible de recurso.
Durante el proceso judicial la propia Claudia Delso, entonces miembro del gobierno de A Coruña, se había mostrado convencida de que la instrucción de la jueza evidenciaría la inexistencia de prevaricación y el “interés del PP por sembrar dudas sobre la celebración de un concurso público restringido a entidades sin ánimo de lucro para la dinamización de este espacio”. Mientras, el PP local había acusado a la Marea Atlántica de “jugar al vitimismo” porque según la ahora dimisionaria Beatriz Mato, en esos momentos candidata a la alcaldía, si la jueza había llamado a Delso como investigada era por que “aprecia algo más que indicios de delito en el tema”.
“Me gustaría escuchar una disculpa del PP”
La concejala Claudia Delso, ahora miembro del grupo de Marea Atlántica en la oposición, mostraba este lunes, en declaraciones a los medios, su satisfacción por el archivo de la causa. El auto de la jueza, celebra, es “suficientemente contundente” como para dejar claro que el proceso de cesión de la antigua cárcel estuvo presidido por la “pulcritud” y no tuvo “ningún lado oscuro” a pesar de a la “campaña de desprestigio y fango a la que acostumbra el PP”.
“Espero que la noticia pueda circular igual que circularon las acusaciones infundadas sobre mi persona y mi trabajo como concejala de Participación”, afirma Delso, quien admite que le “gustaría escuchar una disculpa pública por parte del PP y de ciertas personas que utilizaron esta cuestión para machacar políticamente” a la Marea Atlántica “y personalmente, a mí”, lamenta. No obstante, asegura, “no lo consiguieron; perdimos las elecciones, pero mantuvimos la dignidad y la conciencia muy tranquila”, concluye.