Dicen los hagiógrafos de Alberto Núñez Feijóo que el líder del PP en Galicia no sabe lo que es la derrota desde que, el 1 de marzo de 2009, logró contra todo pronóstico la mayoría absoluta frente a PSdeG y BNG. Ese relato es cierto si es leído en términos puramente electorales incluso en las elecciones europeas de mayo, en las que a pesar de perder 200.000 votos y conseguir su peor resultado en veinticinco años el PP siguió siendo el partido más votado en Galicia. Pero la leyenda victoriosa del presidente desaparece si en su registro se computa la vida interna del partido: a finales de enero de 2010 Feijóo y su círculo montaron una operación para intentar derrotar a la familia Baltar en el congreso del PP de Ourense en el que Manuel Baltar, el hijo, se disponía a sustituir en la presidencia a José Luis Baltar, el padre.
En ese congreso tenían derecho a voto muchas de las 104 personas que en fechas próximas se incorporaron a trabajar a la Diputación provincial, entonces aún presidida por el patriarca, en lo que para la Fiscalía fue un acto de enchufismo masivo orientado a asegurar el relevo generacional en el partido. Baltar padre se sentó este lunes en el banco de los acusados por este caso, inicialmente denunciado por el PSdeG. Desde allí argumentó que él no sabía que esos puestos en la institución pública tenían que ser “publicitados”.
Más de cuatro años después de que el candidato avalado por Feijóo, Juan Manuel Jiménez, saliera derrotado del enésimo congreso triunfal del baltarismo, se produjo la imagen que muchos esperaban en la provincia en la que la saga reina desde hace tres décadas. Baltar, ya jubilado y apartado de la militancia en el PP, se enfrenta a una condena por presunta prevaricación continuada que no tendría efecto práctico alguno -sería inhabilitado- pero un indudable significado político. En sus respuestas al fiscal y a su propio abogado -se negó a contestarles a los letrados del PSOE y de la organización derechista Manos Limpias- el veterano político aseguró que el centenar de contrataciones no estuvieron motivadas por el congreso del PP que ganó su hijo, sino porque hacía seis meses que “los diferentes servicios” de la Diputación “no tenían contrataciones”. Se habían quedado “sin 120 trabajadores y me pedían con insistencia que hiciera contratos”, dice.
Él, asegura, “desconocía la ordenanza que firmé en 2004” y que, como en cualquier institución pública, establece que las contrataciones deben estar presididas por el principio de publicidad y transparencia. Estaba “convencido de que las contrataciones no precisaban publicidad” por tratarse de un procedimiento urgente. En este proceso, igual que en el resto de sus mandatos, asegura que no tuvo reparos por parte de los funcionarios encargados de la contratración pública. Tampoco cuando él mismo realizaba “una selección genérica” de los currículos que le llegaban ni cuando le indicaba al jefe de personal, hijo de un alcalde del PP, que “contara” con una persona concreta para un puesto determinado.
Las explicaciones de Baltar ante el tribunal, ofrecidas mientras en el exterior de los juzgados algunos de sus afines -entre ellos, el diputado autonómico Antonio Mouriño- se concentraban para apoyarlo, se unen al argumentario lanzado por el PP ourensano nada más conocerse que quién había sido su líder omnímodo iba a ser juzgado. Entonces el número dos del partido en la provincia y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, consideró el “comportamiento” de los socialistas, autores de la denuncia, como “ruín y tendencioso” y deseoso de “protagonismo”.
“El PP -dice Fernández- no es un partido de decir 'y tú, más”, lo que no le impide acusar a los socialistas de enchufar a “cientos de afiliados y simpatizantes”. Además, defiende, de las 104 personas presuntamente enchufadas “solo 42 comenzaron a trabajar en la Diputación antes del 30 de enero de 2010, fecha del congreso” y “sólo seis fueron compromisarios” en esa cita.