Ignacio Gómez reconoce que para desarrollar su labor política hace falta un poco de “valentía”. Como portavoz del PSdeG en la Diputación de Ourense le corresponde llevar buena parte del peso político de la formación que presentó la querella contra José Luis Baltar por 104 contrataciones presuntamente irregulares, concretadas pocos días antes del congreso celebrado por el PP en esa provincia en 2010. Como miembro del Partido Socialista asegura que en su formación “nos sentimos muy solos” durante muchos años denunciando las prácticas laborales de la familia Baltar. No obstante le da “la bienvenida a la Justicia, aunque sea tarde”.
¿Por qué cree que la justicia actúa ahora? Ustedes están recordando que llevan años denunciando los casos de presuntas contrataciones irregulares...
Es una buena pregunta, pero la verdad es que no tenemos la respuesta exacta. Se dice que ahora Baltar padre en este caso ya está fuera de la política, que la posible condena que le podría caer sería tardía porque sería una inhabilitación. En cualquier caso, nosotros presentamos una denuncia en 2010 y creemos que a lo mejor la tardanza se debe la que la Fiscalía hizo un trabajo por aclarar la cuestión poco a poco, llamando a declarar a gente que estaba dentro de este tema, como jefes de servicio de la Diputación, hasta hacer un informe de más de 700 páginas. Nuestro objetivo principal no es buscar una condena de nadie, no estamos persiguiendo a nadie; nosotros denunciamos al presidente de la Diputación, no a José Luis Baltar. Nos gustaría que fuera en su tiempo, porque el objetivo es regenerar esta provincia después de tantos años.
¿Hasta dónde saben o sospechan que pueden llegar estas contrataciones, además de las 104 que ahora se investigan?
El abanico es enorme. Muchas veces parece ciencia ficción. Cuando nosotros hablamos de que pensamos que, probablemente, se ha podido beneficiar a 8.000 personas vinculadas al PP de una forma o de otra, no estamos diciendo ninguna barbaridad. A lo largo de estos años fueron multitud de contratos. Ahora no se recuerda, pero el hospital Santa María, por ejemplo, que en su momento dependía directamente de la Diputación, era un nido de contrataciones. Y no lo digo yo, hace pocos días salían declaraciones en los medios de personas que decían abiertamente que habían sido colocadas allí por Baltar hasta que llegó el momento de hacer unos exámenes y no pudieron seguir. El abanico no se puede cuantificar, es muy amplio. También estamos hablando de cuando había una entidad financiera, que todos sabemos cuál es [Caixa Ourense] y que también estaba controlada por la Diputación. Tampoco es una invención nuestra; es muy curioso que muchos alcaldes y cargos del PP en esta provincia trabajan o trabajaron en esa entidad bancaria. Es una sucesión de casualidades que, desde luego, no creemos. De 700 personas que trabajan en la Diputación, sólo hay 15 casos en las que no somos capaces de localizar ninguna vinculación del PP. Así es muy fácil ganar elecciones; históricamente ese es el triunfo del caciquismo: cuando peor está la gente es cuando se recurre a este tipo de técnicas y eso es lo que ha s ucedidodurante más de veinte años mientras mucha gente miró hacia otro lado
Políticamente, ¿qué margen de maniobra les queda después de que el PP vetara la investigación interna en la Diputación?
Políticamente, ya veremos, porque nosotros hicimos algo que legal y democráticamente nos otorga la ley: recurrir esa votación que se hizo en el pleno extraordinario. El secretario, a petición nuestra, informó verbalmente en el pleno de que los diputados del PP tenían el deber de abstenerse si alguno de ellos tenía alguna vinculación familiar o de otro tipo con las personas contratadas de las que estábamos hablando. De los 15 diputados del PP, 14 tienen algún tipo de relación con esta gente; en muchos casos son hijos o mujeres, en otros tienen vinculaciones políticas muy claras. Le pedimos al secretario que sea escrupuloso con la legalidad y a lo mejor tiene que informar con valentía algunas cuestiones. La vía política nos puede otorgar, creo, lo que sería un escándalo mayúsculo, que una oposición en franca minoría [PSdeG y BNG suman 10 diputados] gane la votación contra uno del PP y se tenga que abrir una investigación política. Si esto no ocurre, hay la posibilidad de acudir a la vía judicial, porque el presidente podría estar incurriendo en un delito de prevaricación. Además, nosotros vamos a seguir denunciando todo lo que tengamos que denunciar y el siguiente paso, una vez que remate este primer proceso, es pedir todos los expedientes de contratación de estas 104 personas y después, que se cuantifique el gasto que supuso este capricho, porque las responsabilidades no terminaron cuando se fue José Luis Baltar. Los propios funcionarios están diciendo que no pueden garantizar que haya un registro de expedientes que no se manipule.
Valoran extender estas acciones contra lo actual presidente?
Estamos valorándolo. Quien tiene la responsabilidad de salir a defender los contratos es el presidente. Una cosa va unida a la otra. Nos quedan dos años y medio de mandato si no acontece nada raro. Van a ser bastante duros, también para la oposición, porque al final esto tampoco es plato de gusto de nadie.
Manuel Baltar les acusa a ustedes de promover el enchufismo... e incluso de militar en el PP
No es táctica sólo de la Diputación, es una táctica que sigue el PP y que estamos viendo a nivel de todo el Estado español: “y tú, más”. En el fondo, durante mucho tiempo les funcionó muy bien. Yo no soy de las personas que tiene adhesiones inquebrantables por nadie, y si alguien de mi partido comete una ilegalidad, lo que tiene que ocurrir es que la Justicia actúe siempre. Pero por cada problema que puede tener tener el Partido Socialista, el PP tiene cien. Y en esta provincia en concreto, esa disculpa no le vale. La foto [del pasado miércoles] eran alcaldes imputados, alcaldes inhabilitados, tránsfugas reconocidos por primera vez en la historia de la democracia, imputados que a día de hoy son diputados provinciales... Un sinfín de personas con problemas en la Justicia recibiendo a Baltar en el juzgado. ¿Meter a todos en el incluso saco? Nosotros, con esa estrategia, no nos vamos a frenar en nuestras denunicas.
Hay quien llega a considerar que estas prácticas son endémicas en la política ourensana...
Aquí ocurrió algo que no se da en muchos casos: en la Diputación de Ourense nunca hubo alternancia, por lo que no se nos puede acusar de hacer nada en esta institución. Yo creo que estas instituciones tendrían mucho que mejorar en todo el Estado, pero mayores casos de mal funcionamiento y de escándalos en las diputaciones son tres en toda España. Castellón, en su momento la de Lugo, y la de Ourense. Las tres tienen un denominador común, estuvieron gobernadas casi siempre por el PP. Y cuando entra otro gobierno distinto, no hay esos escándalos. Cuando el PSOE tiene un problema de corrupción en alguna administración en el PP son expertos en utilizar todos los adjetivos: ladrones, despilfarradores... Ahora bien, cuando son ellos, la culpa es de los políticos en general.