El Tribunal Supremo ha rechazado el intento del senador del PP, José Manuel Baltar, de evitar el juicio tras ser cazado conduciendo a 215 kilómetros por hora a su paso por Zamora. Los jueces rechazan la alegación del expresidente de la Diputación de Ourense de no ser juzgado porque ya fue multado por la vía administrativa. La magistrada instructora, Ana Ferrer, explica que la doctrina española y europea permite seguir adelante con este tipo de procesos penales aunque ya haya existido una sanción administrativa. Solo acepta una de las peticiones de la defensa de Baltar y pide a la Guardia Civil un informe sobre los modelos de radar que registaron al senador, su ubicación y su funcionamiento.
Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es el pasado mes de abril de 2023, un radar de la Guardia Civil de tráfico detectó el coche de la Diputación de Ourense que conducía el entonces presidente José Manuel Baltar a 215 kilómetros por hora por la A-52 a la altura del municipio zamorano de Asturianos, en dirección Madrid. El político fue sancionado con una multa de 600 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir, pero además fue denunciado por la Guardia Civil por un delito contra la seguridad vial.
El proceso judicial arrancó contra él en un juzgado de Zamora pero pasó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo después de que Baltar fuera designado senador autonómico por el Parlamento de Galicia y quedara aforado. Esta alegación sobre la existencia de una multa como posible freno a un juicio penal, ante el peligro de ser sancionado dos veces por lo mismo, ya fue esgrimida sin éxito en diciembre ante los jueces.
En su declaración como imputado en enero, Baltar negó haber conducido a 215 kilómetros por hora tal y como refleja el atestado de la Guardia Civil que abrió todo el proceso. “No iba ni siquiera a 200 por hora, es una cifra que no consta en esas actuaciones”, dijo su abogado Juan Ramón Montero en declaraciones a la prensa, sin explicar a qué se refería específicamente.
La instructora, Ana Ferrer, rechaza su alegación sobre la existencia de una multa de 600 euros, en la que pedía la nulidad de la causa. Explica que la doctrina de los tribunales europeos reconocen a los Estados la capacidad de “optar por respuestas jurídicas complementarias a determinados comportamientos socialmente inaceptables mediante distintos procedimientos que formen un conjunto coherente”. En este caso, el discurrir paralelo de una sanción administrativa y un proceso penal. También explica que este razonamiento, en cualquier caso, volverá a estudiarse en la sentencia del caso.
La jueza sí acepta una de las peticiones de la defensa de Baltar y pide un informe a la Guardia Civil sobre el tipo de radar que cazó al senador en abril de 2023, rechazando que los testigos deban comparecer antes del juicio.