El bipartito renunció a tener representación en las comisiones de control de las cajas
Las comisiones de control en las malogradas cajas de ahorro tenían por misión supervisar su gestión económica y financiera, así como revisar sus balances y órganos de gobierno. El Estatuto de Autonomía le otorga a Galicia competencias en materia de cajas y por eso, mientras existieron, el Gobierno gallego tenía, en virtud de las leyes vigentes, la potestad de nombrar representantes en estas comisiones que, con voz y sin voto, podían conocer de buena tinta la gestión de las entidades. Este jueves el que fue consejero de Economía en el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, José Ramón Fernández Antonio, acudió a la comisión que investiga en el Parlamento la desaparición de Caixa Galicia y Caixanova y explicó las razones que lo llevaron a renunciar a esa posibilidad de control directo.
Ante las insinuaciones del PP Fernández Antonio explicitó ante la Cámara que “ni en la asamblea ni en los consejos de administración” de las cajas “había representante alguno de la Xunta” y, por un principio de “mantenimiento de la independencia en la gestión de las cajas, de no injerencia por parte de la Consellería” él mismo “estimó” que “no era necesario ni conveniente que hubiera un representante en la comisión de control”, admite. Esto no quiere decir, no obstante, asegura, que no hubiera “un seguimiento” de la salud financiera de las cajas. Como consejero, explicó, recibía “informes periódicos” al respecto y también analizó las auditorías anuales de las dos entidades. Hasta el final, empresas auditoras como Price Waterhouse “aprobaban las cuentas anuales de las dos cajas gallegas” basándose en lo que definían como “imagen fiel del patrimonio” de ambas.
No había en esos informes “ninguna preocupación sobre la solvencia” de Caixa Galicia ni de Caixanova como tampoco había “ninguna preocupación especial” al respecto en el Banco de España. Así quedó patente, dice, en una “reunión” mantenida con el gobernador del Banco de España de la época, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien tampoco le transmitió a la consejería ninguna indicación o reflexión “en relación con futuras fusiones”. Todo esto sucedió en un contexto en el que, recuerda, “el control de la solvencia de las entidades financieras” era “exclusivo del Banco de España” y no de la Xunta.
La expansión y las preferentes
En su fugar retorno al Parlamento a Fernández Antonio le tocó revivir, por unos minutos, el papel de gobernante que tiene delante una oposición del PP. El portavoz conservador, Pedro Puy, aprovechó la presencia del responsable económico del bipartito para cuestionarle, por ejemplo, por la apertura de 292 oficinas de las cajas fuera de Galicia “en el período en que fue consejero” o por la multiplicación “por cuatro” del crédito con riesgo inmobiliario en ese mismo tiempo. “¿Nadie le advirtió de esa multiplicación del crédito?”, preguntó.
Desde una defensa de su apuesta por que las cajas “reorientaran” su obra social y sirvieran para darle más “financiación” a las empresas, Fernández Antonio desligó su labor gubernamental de la expansión crediticia de las que habían nacido como entidades de perfil eminentemente social. Tampoco ahondó en la comercialización de las preferentes, sobre las que sí polemizó Puy con el portavoz socialista, Abel Losada. En todo caso, el ex consejero sí tiene claro que las personas estafadas estaban “absolutamente fuera de cualquier condición de gente que pudiera adquirir esos productos” por su nula “experiencia de inversión”.
“En los casos en que fueron mal comercializadas”, dice, las cajas cometieron “una grave irresponsabilidad” pero, a su juicio, hace falta también detenerse en la situación actual. Según datos del Congreso de los Diputados, de los “23.600 millones de euros dirigidos a preferentes” en el conjunto de entidades financieras del Estado “quedan 5.600 hoy por hoy” y destos, “4.500 corresponden a Bankia, Novagalicia Banco y Caja Catalunya”, las tres entidades nacionalizadas que son las que “más problemas están poniendo para resarcir a las personas que sufrieron con las pereferentes”. “El dinero público, si tiene que salvar a alguien, primero tendrá que salvar a las personas que a los bancos”, reflexiona.
