La desidia de las administraciones para proteger la Casa Cornide permite a los Franco un nuevo intento de venta

Cuando hace ahora justo dos años salió la histórica sentencia judicial que devolvió al Estado el Pazo de Meirás tras 80 años de ocupación por parte de Francisco Franco y su familia, sus herederos se apresuraron a poner en venta otra de sus propiedades adquirida durante la dictadura: la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII situado en el corazón del casco histórico de A Coruña. Había urgencia, la alcaldesa, Inés Rey, había presentado unos meses antes un informe que confirmaba, dijo entonces la regidora, “la trama urdida” en 1962 para “la adquisición fraudulenta” del edificio por parte de Franco y su esposa, Carmen Polo. 

Sus nietos, dos años después de aquella confirmación municipal, intensifican sus planes para venderlo al duplicar su anuncio en portales digitales de compraventa inmobiliaria. Mientras, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña se culpan mutuamente de la lentitud de sus actuaciones para intentar proteger y recuperar un inmueble considerado por Patrimonio “un monumento de carácter singular y ejemplo de la arquitectura residencial de la época de la Ilustración en Galicia”. 

El Gobierno gallego, del PP, asegura que desde mayo 2021, cuando inició el expediente para declararla Bien de Interés Cultural (BIC), la Casa Cornide “goza de la máxima protección patrimonial”. “Es completa”, insiste en respuesta a una consulta de elDiario.es. En realidad, según estipula el decreto de la Xunta, el edificio está bajo “protección integral de forma provisional”. Su interior así como los bienes que albergan también están bajo protección “de forma cautelar y preventiva”. 

Y es que para completar ese expediente BIC, la administración gallega debe entrar en la propiedad de los Franco e inspeccionarla. Que se sepa, y ya han transcurrido 16 meses desde la entrada en vigor del decreto, no lo ha conseguido. La Consellería de Cultura, preguntada al respecto, no ha contestado. Tan sólo recuerda que tiene dos años, hasta el 24 mayo de 2023, para completar el expediente y “precisar el alcance de la protección”. “Estamos en plazo”, razona el departamento autonómico.

Y lanza la pelota en el tejado del Ayuntamiento de A Coruña, que lleva dos años anunciando reiteradamente su intención de acudir a los tribunales para reclamar la titularidad del palacete. “La declaración BIC no cambia la propiedad”, recuerda la Xunta. El gobierno municipal, del PSOE, reunió pruebas documentales e informes jurídicos sobre lo que llama una “adquisición fraudulenta” de Casa Cornide y en múltiples ocasiones dijo que estaba “ultimando” la demanda judicial. Pero sigue sin presentarse. 

Ante las criticas de parte de la oposición, Marea Atlántica y BNG, sostiene ahora que necesita la declaración BIC “para que el asunto llegue a buen termino”. Arguye el equipo de Inés Rey que la asesoría jurídica del Ayuntamiento advierte de que hay riesgo de que fracase la demanda judicial para que Casa Cornide vuelva a ser patrimonio público si antes no es declarada, de forma definitiva, BIC. Esa formalidad, según un portavoz de la corporación, reforzaría, además de las pruebas documentales encontradas en los últimos años, el hecho de que el ayuntamiento haya tardado tanto tiempo en reclamar un inmueble vendido, en subasta pública, hace ahora 60 años. 

En venta desde hace dos años

“Una exclusiva propiedad” de 1.430 metros cuadrados con 11 habitaciones y 13 baños, reza el anuncio de su puesta en venta desde el verano 2020 en la inmobiliaria viguesa Philippot & Lloyd. Una oferta que sigue viva y ahora se ha visto reforzada al colgarse también en otro portal digital de compra y venta, Fotocasa. El inmueble, situado en un lugar privilegiado del centro histórico de A Coruña, enfrente de la medieval Colegiata Santa María, fue inicialmente ofertado por 3,4 millones de euros, un precio después eliminado y sustituido por la fórmula “a consultar”. El anuncio da múltiples detalles del interior de la mansión, “del año 1900, reformada en 1964 y recientemente en 2018”, y asegura que “si bien requiere una reforma integral, los materiales existentes se encuentran en perfecto estado de conservación”.

Pero no dice nada de que el palacete esté, como recuerda la Xunta, bajo “protección integral” y que está en trámite la declaración BIC. Una vez completado el proceso, lo que habrá de hacerse obligatoriamente antes de junio de 2023, los dueños de Casa Cornide estarán obligados a abrirla al público cuatro veces al mes. En caso de conseguir venderlo, la familia Franco ya está, en estos momentos, obligada a comunicarlo a la Administración gallega. Pero sólo “cuando exista comprador, no antes”, precisa la Consellería de Cultura. “En este momento no hay comunicación al respecto” por parte de los herederos del dictador. 

Y parece que al igual que hicieron en su día con el Pazo de Meirás, no están dispuestos a facilitar nada. Cuando en 2007, el entonces gobierno bipartito PSOE-BNG también inició el expediente BIC para poner bajo protección las Torres de Meirás, la familia Franco también había dado con la puerta en las narices a los técnicos de la Xunta. Ésta finalmente logró tener acceso al interior del castillo enclavado en Sada, la primera vez en democracia que los poderes públicos lograban adentrarse en el que fue escenario estival de la dictadura, tras conseguir el aval de los tribunales. Quince años después de aquel episodio, puede que la Xunta tenga que volver a acudir ante un juez para conseguir la necesaria inspección del interior de Casa Cornide y establece su valor así como de los bienes que allí alberga. Pero de momento, el Gobierno de Alfonso Rueda mantiene el mutismo sobre sus conversaciones con los Franco para intentar concluir el expediente de protección. 

El que no intervendrá en esta pelea por la recuperación para el patrimonio público de la Casa Cornide es el Estado. A diferencia del Pazo de Meirás, “no constan indicios” de que el palacete de A Coruña “pueda ser de titularidad estatal”, según confirmó en junio pasado el Gobierno central. Ese edificio fue adquirido por la esposa de Franco tras una operación de compra y venta, en subasta pública, entre el Ayuntamiento corunés y el banquero e empresario Barrié de la Maza, ferviente defensor y amigo del dictador. Una operación, como concluye el informe jurídico encargado por la corporación local, que fue fraudulenta. Los Franco pagaron 25.000 de las antiguas pesetas por hacerse con el palacete coruñés, una cantidad 14 menos que la tasación oficial del Ayuntamiento, entonces su dueño y vendedor (352.080 pesetas). Otra de los argumentos jurídicos de la corporación para reclamar su devolución al patrimonio público es que entre los años 1962 y 1976, y pese a ser ya propiedad privada de los Franco, las arcas municipales pagaron obras realizadas en Casa Cornide.