El director xeral de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, declaró este jueves como investigado en la causa por los supuestos delitos de acoso moral a una trabajadora de la Radio Galega y la infracción de normas de prevención de riesgos laborales. Otros siete directivos de la empresa están acusados en este procedimiento. Uno de ellos, el responsable de salud laboral de la corporación, Manuel Casás, prestó testimonio en la misma sesión que el máximo responsable de los medios públicos gallegos.
Izquierdo, que cumplió 75 años el mismo día en el que compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, declaró no tener conocimiento sobre los hechos que se juzgan; descargó cualquier responsabilidad sobre sus directores de área, los únicos con los que dijo que despachaba y en los que mantiene una total confianza, e incluso negó conocer a alguna de las personas imputadas en la causa.
La denunciante es una periodista con más de tres décadas en la empresa, a la que regresó en 2012 tras ocho años de excedencia especial. Fue destinada al departamento comercial para “aprovechar” la experiencia adquirida en ese período. Según cuenta, su éxito en ese puesto, además de las felicitaciones de la cúpula, provocó en 2016 la necesidad de reforzar el área con otro redactor también procedente de la Radio Galega. Por eso no se esperaba que el 29 de enero del 2018 le dijesen que, en dos días, el 1 de febrero, debía regresar a su antigua plaza. Una medida que consideró discriminatoria porque, a su entender, si había un hueco, deberían trasladar a su compañero, que llevaba menos tiempo en el puesto y tenía un número “bastante” inferior de clientes.
La situación llegó al juzgado y la CRTVG alegó que el cambio obedecía “a la externalización de la publicidad en febrero de 2018”, algo que no era cierto pues eso sucedía desde antes de que la trabajadora regresase de su excedencia en 2012. Como nadie lo corrigió, eso y que mantuviese su turno “de mañana, de lunes a viernes” fue suficiente para que la demanda se considerase improcedente. Un mes después, la introdujeron en un turno trimestral rotatorio, un grave trastorno para una mujer que cuida a su padre en otra provincia.
Es entonces cuando recurre a la Valedora do Pobo quien, tras estudiar su caso, la remite a los tribunales: deben ser ellos quienes valoren “la real trascendencia” de una supuesta situación “discriminatoria y de represalia” que excedía las capacidades de la institución.
La CRTVG se ampara en los precedentes
La CRTVG ha invocado la presunción de inocencia para todos los investigados, “tanto el director xeral, como los directivos, trabajadores y extrabajadores”. Su departamento de prensa argumenta que, al tratarse de un asunto sub iudice, sólo puede aportar “hechos”. “Los hechos dicen que, sobre los temas por los que fueron llamadas a declarar estas ocho personas ya existen dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimando las acusaciones y, por lo tanto, favorables a la Corporación y a sus directivos y trabajadores”.
Recuerda que, sobre este caso, se celebraron dos comisiones internas de investigación “que concluyeron que no existían indicios de conductas compatibles con supuestos de acoso laboral”. Y añade, además, que la Justicia acaba de desestimar “íntegramente” las cuatro denuncias interpuestas contra la CRTVG por “presuntos traslados forzosos”. Fueron “dos juezas diferentes” las que “concluyeron que no eran ciertas las acusaciones vertidas contra la dirección de la Corporación”.
En estos cuatro casos, lo que las magistradas rechazaron fue que hubiese una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los denunciantes, que fueron trasladados de la televisión a la radio y viceversa. Al considerar que no existía, decidieron que tampoco cabía “entrar a valorar la vulneración de derechos fundamentales” que alegaban los periodistas. Es decir, no juzgaron si esos cambios de puesto -que acabaron provocando una huelga en la corporación- eran, en realidad, una represalia contra trabajadores críticos frente a la manipulación informativa que el movimiento Defende a Galega denuncia desde hace 300 semanas. Unas acusaciones que se multiplicaron de forma exponencial en la recién finalizada campaña electoral.
Rueda: “Un juicio, juicio es”
El presidente en funciones de la Xunta, Alfonso Rueda, tuvo que opinar sobre este asunto a preguntas de elDiario.es tras la reunión del gobierno gallego. “Un juicio, juicio es. Si cada vez que hay un juicio tuviésemos que prejuzgar las consecuencias, estaríamos haciendo un flaco favor a la justicia y sería injusto. Por lo tanto, nada que decir. Y respeto a la decisión judicial, sea la que sea”.
Dada la situación de interinidad de Izquierdo desde hace casi ocho años, a Rueda se le preguntó también si había pensado en cambiar la Ley de Medios de Galicia, donde se recoge que el director xeral de la CRTVG debe ser elegido por mayoría cualificada en el Parlamento, algo que nunca ha sucedido desde su aprobación en 2011. “No lo tengo previsto. Estos días no le dediqué tiempo a eso. Vuelvo a reivindicar, como hago siempre, la profesionalidad de las personas que trabajan en los medios públicos gallegos”, concluyó.
Aunque se esperaba que Izquierdo fuese el último acusado en declarar, su abogado solicitó que pudiese hacerlo en primer lugar, antes que Casás. Pero todavía queda un testimonio pendiente, el de la jefa de servicio de gestión de personas y seguridad social de la CRTVG, Paula Veloso. Veloso tenía que haber comparecido ya el pasado día 15, pero los interrogatorios a la coordinadora de personal de la Radio Galega, Vitalina Cuña, y a la exdirectora de recursos humanos, Susana Fernández Veiguela, se prolongaron demasiado en el tiempo y fue necesario buscar una nueva fecha. Será exactamente un mes después de lo previsto, el 15 de marzo.