El primer encuentro entre Administraciones, empresa y plantilla para buscar un futuro alternativo al despido del 84% de los trabajadores de la fábrica de aluminio que Alcoa tiene en San Cibrao (Lugo) se produce este martes con toda la presión puesta en el Gobierno central y la propuesta que pueda llevar para modificar la decisión que la multinacional estadounidense hizo pública hace diez días. Lo que se sabe hasta el momento es que el ejecutivo de Pedro Sánchez busca inversores que se quieran hacer cargo de la planta.
Este escenario, una mesa multilateral en la que también estén el Gobierno central y la Xunta, es que el quiere el comité de empresa para intentar dar algunos pasos que acerquen sus posturas. Sin embargo, llegan sin muchas expectativas. De sus primeros encuentros con la empresa en la negociación previa a los despidos sacan que ninguna propuesta del Ejecutivo central será suficiente. “La empresa no cuenta con que el Gobierno le presente nada que merezca la pena”, avisa el presidente del comité, José Antonio Zan. En sus reuniones entre plantilla y compañía apenas se ha avanzado porque, según lamenta Zan, Alcoa solo quiere practicar “una política de hechos consumados”: presentar un informe que avale el cierre y dar por terminadas las conversaciones.
La reunión viene precedida de dos intensos fines de semana en A Mariña, en dónde se llevaron a cabo manifestaciones con varios miles de personas -hasta 17.000 cifraba la Policía Local en la que celebró en Viveiro-. Los ayuntamientos y los vecinos y vecinas de la comarca temen que los despidos sean la muerte económica para la costa de Lugo y ayer salieron de luto a las calles para gritarlo. En las consignas, desde “La solución, una intervención”, “Energía, solución” o “Madrid escucha, A Mariña está en lucha”, más recados al Gobierno central.
Alcoa considera que la situación de la planta de aluminio -en el complejo industrial de San Cibrao tienen otra de alúmina que no se ve afectada por el momento- es, directamente, “insostenible” y que las pérdidas económicas que arrastran van a continuar. “No es viable”, afirma la multinacional. Con este argumento, pretende despedir a 534 personas de su plantilla, lo que supone un duro golpe para toda la comarca de A Mariña y también de las empresas auxiliares y de la zona cuya facturación depende de Alcoa.
Frente a la rotundidad de la empresa, surjen tres vías principales para salvar la fábrica y todas dejan la pelota en el tejado de las competencias del Gobierno central, aunque las relativas a industria están transferidas a la Xunta. La plantilla y los candidatos a la Xunta de PSOE y Galicia en Común pide una intervención pública que mantenga los puestos del trabajo; el BNG reclama la nacionalización de la fábrica y el establecimiento de una tarifa eléctrica gallega y la Xunta de Galicia y, por tanto, el PP considera que la única solución es la aprobación de un estatuto que fije un precio competetivo para Alcoa, una industria electrointensiva que hace un altísimo uso de la luz, cuya tramitación quedó interrumpida por la crisis sanitaria del coronavirus. Mientras, Alberto Núñez Feijóo reitera que salvar Alcoa es una cuestión de voluntad política.
El Gobierno central, mientras tanto, sigue su propio camino, el que ya ensayó con las plantas que Alcoa tenía en A Coruña y en Gijón: la búsqueda de inversores que quieran comprar la fábrica de San Cibrao. Así lo confirmó el pasado domingo el presidente del Gobierno que insistió en que se están sondeando compradores y defendió que su ejecutivo ha dado “solución y salida” a dos de las plantas de Alcoa, la de A Coruña y la asturiana de Avilés para las que la multinacional había planteado el cierre hace dos años.
Sin embargo, la venta no ha significado tranquilidad para los trabajadores de la planta que Alcoa tenía en A Coruña, ahora llamada Alu Ibérica. Alcoa vendió el pasado verano a través de una puja las dos plantas al fondo suizo Parter Capital que, a su vez, las revendió al grupo Industrial Riesgo, como comunicó al personal este mes de abril, dejando en el aire el compromiso de mantener los puestos de trabajo e inversiones durante dos años.
La búsqueda de la receta para frenar el cierre de la multinacional estadounidense entra como prueba contrarreloj en la precampaña gallega, ya que el plazo que la empresa se ha dado para negociar con la plantilla termina en la semana de la cita electoral. Los candidatos multiplican sus visitas a San Cibrao mientras el presidente de la Xunta carga contra el Gobierno central y presiona desde su ejecutivo: hoy mismo el conselleiro de Industria se reunía con la Asociación de Empresas de Gran Consumo Eléctrico (AEGE) para “evaluar la situación del sector en el país” como encuentro para preparar la mesa de mañana.
La planta de San Cibrao es la última que Alcoa retiene en el Estado de las once que llegó a tener y de las que se ha ido deshaciendo poco a poco.