Alberto Núñez Feijóo no parece tener una buena opinión de la política. O al menos eso se deduce de las numerosas ocasiones en que utiliza el adjetivo con matiz negativo. Lo hizo todavía el pasado viernes para acusar a Pedro Sánchez de tomar una “decisión política” al anunciar el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Su particular oposición al Gobierno central en materia de coronavirus lo devolvía al bucle habitual, afirmar una cosa y la contraria: solo dos días antes alertaba contra “llegar tarde” a la retirada de los tapabocas. Algo parecido sucedió el pasado 9 de mayo, al decaer un estado de alarma que en su día calificó de “demoledor” y al que después se aferró invocando la amenaza del desgobierno. Sin embargo, las oscuras predicciones de Feijóo sobre lo que sucedería -“estamos sin rumbo y sin capitán”- no acaban de cumplirse.
Entonces, al presidente de la Xunta le preocupaba especialmente lo que denominó con insistencia y en foros diversos “ausencia legal para gestionar la pandemia”. Según sus advertencias, al expirar el mismo estado de alarma que atacó con dureza cuando, el pasado octubre, lo aprobó el Congreso, las comunidades autónomas quedaban jurídicamente al pairo. “Estamos sin rumbo y sin capitán, y cada barco estamos intentando llegar a puerto como podemos”, tiraba de metáfora marinera el 12 de mayo. El mismo Feijóo que se había opuesto a su declaración ahora lloraba su final.
“Es un doble salto mortal. No tenemos información ni una alternativa jurídicamente sólida”, dijo en abril. Unas semanas más tarde, reincidía: “No podemos pasar de 0 a 100 en un segundo”. Y apoyaba una propuesta del lehendakari Íñigo Urkullu para alargar un mes más el estado de alarma. “Precisamos una red para gestionar hasta que haya un porcentaje de inmunización de rebaño”, añadía. La que él había intentado tejer, una reforma de la ley gallega de salud con el voto en contra de la oposición por afectar a las libertades fundamentales, no funcionaba. El Gobierno central la había recurrido al Constitucional y este había suspendido los artículos que abrían la puerta a la vacunación obligatoria, a confinar población o a restringir movilidad.
A pesar de que una comisión mixta del Ministerio de Política Territorial y la Vicepresidencia de la Xunta llevan semanas negociando sus desacuerdos, y a que el resto de la norma está vigente, Feijóo ha repetido una y otra vez que Sánchez había tumbado sus intentos de “gestionar la pandemia” a través de un marco legal propio. Porque, y así lo explicó el 11 de mayo en el programa televisivo de Ana Rosa Quintana, está en contra de “gestionar la pandemia con medidas excepcionales”. Es decir, su intención era convertir en ordinarias a través de una ley la limitación de movilidad o el toque de queda. Incluso el ex presidente Felipe González se lo afeó en la por lo demás amable entrevista que realizó a Feijóo en su podcast.
El caso es que hace más de un mes que cesó el estado de alarma. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló las órdenes de la Xunta que prohibían el derecho de reunión entre la una de la madrugada y las seis de la mañana, además de los cierres perimetrales de los municipios. El Gobierno gallego, pese a las advertencias de Feijóo, no necesitó acudir a la justicia en demasiadas ocasiones. El 9 de junio se adelantaba a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y ampliaba horarios y aforos de interiores y terrazas de la hostelería. Devolvía, además, el derecho de reunión -que no estaba proscrito en ninguna otra comunidad- a la ciudadanía.
Había transcurrido un mes y el ejecutivo de Feijóo no se había encontrado con los problemas que vaticinaba debido a esa “ausencia legal” que le impedía, en su teoría, “gestionar la pandemia”. Los datos de coronavirus y, sobre todo, la vacunación contribuían a que la epidemia de coronavirus entrase en lo que el propio presidente considera “fase final”. A 22 de junio, los casos activos son 1.274, de los que 15 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 35 hospitalizados en planta. Y más de un millón de gallegos, un 42% de la población, ha completado la inmunización.
La mascarilla que va y viene
El supuesto problema legislativo fue perdiendo protagonismo en las intervenciones públicas del presidente gallego. El uso de las mascarillas pasó a centrar sus preocupaciones. Feijóo fue de los primeros mandatarios autonómicos en hablar de su retirada, apenas dos días después del fin del estado de alarma. “Estoy convencido de que allá por el mes de julio, agosto, empezaremos otra vez a poner cara a todas las personas que vamos por la calle”, aseguró entonces. Se agarró a esa bandera.
Y tanto se agarró que la semana pasada avisaba de nuevo al Gobierno central sobre la materia. “Espero que no lleguemos tarde a la retirada de mascaraillas como llegamos tarde a otras formulaciones durante la pandemia”, opinó, al tiempo que lamentaba que el entonces último Consejo Interterritorial no hubiese “avanzado en el diseño de condiciones para ir buscando fechas para retirar la mascarilla en exterior”. La adoptada por Feijóo era una causa popular, afín al humor social. Pero unas declaraciones de Pedro Sánchez le hicieron girar, casi 180 grados. El presidente del Gobierno anunció el 18 de junio que ocho días después la obligatoriedad de la mascarilla comenzaría a remitir. Su homólogo gallego no tardó en reaccionar: la Xunta no aplicará la decisión sin más, sino que la revisará “y la ampliará o modificará en función del rigor sanitario que tenga”.
La excusa de Feijóo fue que la de Sánchez era “una decisión política”. A ella oponía su autoproclamado modo de actuar, “atender a los sanitarios”, en su caso el comité clínico que lo asesora y de cuyas reuniones no existen actas. En realidad, el presidente gallego hacía política para criticar que otros hagan política. Pero su radar detectó que la nueva posición chirriaba. O que la contradicción era demasiado obvia. El domingo 20 de junio ya se sumaba, desde su cuenta de Twitter, a la buena noticia: “Previsibelmente esta semana podremos sacar las mascarilla en exteriores, lo que no significa que le digamos adiós, ni mucho menos”. El mismo mensaje matizado, finalmente, que el del Gobierno central.