El Arzobispado de Santiago de Compostela insiste en que los terrenos que le reclama el Ayuntamiento de A Coruña son de su propiedad y ya anuncia que presentará “las alegaciones oportunas” después de que el gobierno local coruñés le reclamara por escrito que rectifique la inmatriculación que hizo de parcelas “de dominio público municipal”, tal y como adelantó este diario.
La Archidiócesis compostelana, consultada por este diario, advierte que ya hah recibido la circular del Ayuntamiento coruñés con fecha de 24 de noviembre y que ya ha pasado la documentación a su asesoría jurídica para que recurra una reclamación de más de 1.300 metros cuadrados de terreno colindantes a tres centros parroquiales registrados por las autoridades eclesiásticas a pesar de ser áreas propiedad de la administración local, según acredita la administración local en su escrito.
“La documentación sobre el inventario que obra en poder del Arzobispado acredita la titularidad eclesial de los terrenos de los tres templos”, insiste la Iglesia, tal y como había hecho incluso antes de tener en su propiedad la circular enviada por el Ayuntamiento. “En ningún sitio figura que se hubiera cedido nada al municipio”, aclara un portavoz de la Archidiócesis, que da por hecha la propiedad de las tres parcelas, mientras que el gobierno local insiste en que habían sido inmatriculadas indebidamente.
El área de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento envió el lunes 16 de noviembre al Arzobispado una circular en la que “insta” la Iglesia “a la rectificación voluntaria de la inmatriculación” de tres terrenos al ser de propiedad municipal y estar registrados en el catastro como se fueran de la autoridad eclesiástica.
Las reclamaciones se refieren la una plaza frente a la parroquia de la Resurrección ubicada en el Barrio de las Flores y que ocuparía 678 metros cuadrados, así como una zona de las calles allegadas y el atrio o plaza ubicadas junto a la Iglesia de Santiago y a la colegiata de Santa María, ambos espacios en la Ciudad Vieja y que ocuparían 256 y 470 metros cuadrados respectivamente.
El Arzobispado, consultado por este diario, ya había aclarado que “en el caso de los atrios de los dos templos de la Ciudad Vieja, es evidente que ambos espacios son de uso público, pero de titularidad eclesial”, mientras que en el que se refiere al templo de la Resurrección, en el Barrio de las Flores, asegura que “los registros de propiedad eclesiástica se circunscriben única y exclusivamente a la edificación parroquial, sin que se haya registrado plaza alguna, tal y como aparece en las informaciones”.
El Ayuntamiento, tal y como explica en la circular enviada, ha recogido información sobre las inmatriculaciones hechas por la Archidiócesis de Santiago “por si pudiesen incluirse espacios de dominio público local”. Examinados los archivos municipales, la Técnica de Administración General del Departamento de Patrimonio Urbanístico comprobó que se habían inmatriculado espacios que eran de propiedad municipal. Fuenters del ejecutivo local insisten en que la Iglesia se “auto-adjudicó” terrenos ajenos y ponen el ejemplo de la parroquia del Barrio de las Flores, donde “sólo el perímetro del centro le corresponde a la autoridad eclesiástica, aunque aparezca registrada como propiedad suya mucho más espacio”.
El Ayuntamiento coruñés ha dado un plazo de dos meses a la Iglesia para que proceda a la rectificación de las inmatriculaciones indebidas, teniendo el Arzobispado de Santiago quince días para presentar alegaciones desde la fechade recepción. El plazo acabaría, por lo tanto, sobre el 8 de diciembre. En caso de que no hubiese respuesta, la administración local ya ha anunciado que acudiría a la vía judicial, proceso que quedará retrasado ahora hasta que se analicen las alegaciones presentadas.
El gobierno local de A Coruña, además, no sólo considera probada documentalmente la inmatriculación indebida, sino que no descarta que la Iglesia se apropiase de más terrenos municipales. Fuentes de María Pita ven “probable” que se encuentren más casos en el inventario que llevan meses realizando desde que el nuevo ejecutivo accedió al poder.