Las diferentes plataformas anti desahucios y de afectados por las hipotecas de Galicia presentarán este martes a Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desalojos. Después de meses de contactos y reuniones, las organizaciones llevan a la Cámara una protesta que llega tras el éxito -y posterior rechazo por parte del PP- de la ILP que aterrizó en el Congreso de los Diputados con el apoyo del millón y medio de firmas presentadas por la PAH.
El propósito de los diferentes colectivos contra los desalojos es proyectar a nivel autonómico el problema de la vivienda y “sobre todo y especialmente de la vivienda desocupada y del alquiler social”, explican. El objetivo: la modificación de la actual Lei de Vivenda e Solo de Galicia y la creación de una nueva norma que “vaya en la línea de las actuales leyes de Navarra y, sobre todo, de Andalucía”, además de la “paralización inmediata de los desahucios”, la instauración del “alquiler social en la vivienda habitual” y la opción de embargar las viviendas que los bancos mantienen vacías y cerradas.
Las plataformas recuerdan que, “a pesar del silencio administrativo”, los desahucios siguen siendo una realidad en Galicia y recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial alertó de un incremento de los desalojos, un “grave problema habitacional” que en Galicia disminuye un poco “por el colchón familiar y la especial configuración de la vivienda”.
La presentación de esta ILP apuesta por reabrir el debate en Galicia después de que el Gobierno del PP rechazara en el Congreso la propuesta apoyada por más de medio millón de firmas y por la mayoría de la oposición, en la que se solicitaba la “dación en pago retroactiva y el fin de los desahucios”. Los impulsores traen ahora la iniciativa al Parlamento gallego “porque la Xunta tiene plenas competencias para modificar el marco legislativo en la problemática general de la vivienda” y también porque los últimos datos indican que casi el 20% de las viviendas gallegas están vacías y porque la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución que en la práctica solo es considerado “un simple bien de consumo sujeto a las leyes del mercado”.
Así, en la ILP las plataformas anti desahucios y de afectados por las hipotecas reclaman que se modifique actual Lei de Vivenda e Solo de Galicia del 2012 en tres puntos. Solicitan modificaciones legislativas que permitan embargar a las entidades bancarias las viviendas de las personas que están siendo desahuciadas y que estas se oferten en régimen de alquiler social. Al mismo tiempo, piden a la Xunta “la inmediata paralización de los desahucios en Galicia y el alquiler social en la vivienda habitual”.
También reclaman la expropiación de las viviendas vacías en manos de la entidades financieras y de la Sareb. “Aunque el artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada, estableciendo que se trata de un derecho cuyo contenido viene delimitado por su función social, la Constitución no tutela, por lo tanto, usos antisociales del derecho de propiedad”.
Las PAHs y los grupos Stop Desafiuzamentos de Galicia hacen un llamamiento a la sociedad civil, a los partidos de izquierdas y nacionalistas, a los sindicatos y a las organizaciones sociales para que apoyen esta propuesta de cambios legislativos. Además, también llaman a los movimientos sociales gallegos y a la ciudadanía compostelana para que acuda este martes 11.30 de la mañana a la entrada del Parlamento “en apoyo de la ILP”.
Las diferentes plataformas son conscientes de que la mayoría absoluta del PP en Galicia hace “casi imposible” que la ILP sea aceptada, pero la iniciativa va mucho más allá de ese resultado final. “Queremos lanzar un mensaje, el de que no puede haber casas vacías mientras se está desahuciando a gente y cuando hay una clara emergencia social y habitacional”, explicaba a este dirario Adolfo Telmo, portavoz de la PAH de Vigo-Tui, que aclara que es “una carrera de fondo y de concienciación”. “Queremos que el programa sea asumido por los partidos de la oposición, porque pensamos también en el futuro, en promover un cambio y en ofrecer, a partir de la ley, una salida a todas las familias en dificultades”, añade.