La investigación interna de la Xunta determina que “no hay pruebas” sobre filtraciones de inspección a residencias

La Xunta ha asegurado que la investigación interna puesta en marcha tras la denuncia de supuestas filtraciones sobre las fechas de inspecciones a residencias de mayores ha concluido que “no hay pruebas que apoyen las acusaciones” realizadas por la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (AGISS).

Así lo ha sentenciado la secretaria xeral técnica de la Consellería de Política Social e Xuventude, María Francisca Gómez Santos, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PP Raquel Arias en la Comisión 5ª del Parlamento gallego.

La responsable del departamento que dirige la conselleira Fabiola García ha detallado que la investigación abierta tras la denuncia hecha por el colectivo en el mes de agosto estuvo dirigida por un funcionario del cuerpo superior de la administración general que no está vinculado a Política Social ni al cuerpo de inspección.

Las pesquisas internas se llevaron a cabo través de un procedimiento de información reservada que, según ha aclarado, “no reviste carácter sancionador”, tampoco está dirigido contra “ninguna persona” en concreto, ni “sustituye” al procedimiento que impondría sanciones en caso de detectar irregularidades.

Gómez Santos ha señalado que fue entrevistado “todo el personal” que accede a la planificación de visitas y las lleva a cabo, incluidos la directora de Inspección y las jefas de servicio.

De este modo, ha señalado que “la inmensa mayoría de los inspectores” declararon en las entrevistas “que no comparten” las afirmaciones de la asociación que denunció los 'chivatazos' a las residencias y “ninguno de los inspectores afirmaron que existiera prueba alguna que confirmase” las actuaciones.

Además, ha continuado, el instructor de la investigación también ha concluido que los cambios en el sistema de inspecciones implantados “de forma experimental” no han tenido impacto “en el número de expedientes sancionadores”.

Por todo esto, la secretaria xeral técnica de Política Social ha sentenciado que “no existe prueba alguna” que respalde las acusaciones de la asociación, que ha calificado de “falsas”, “muy graves” y que, dice, “han causado mucho daño”.