El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por nueve empresas contra la adjudicación, por parte de la Xunta, del lote 57 del contrato de transporte escolar a centros públicos dependientes de la Consellería de Educación a una UTE (unión temporal de empresas) por estar dominada por Monbus, cuando este grupo ya es el que controla mayoritariamente a las agrupaciones a las que se concedió el servicio en más lotes de los que permiten las normas (el pliego fijaba el tope de ocho, pero alcanzaban 12).
La semana pasada el TSXG dio a conocer otras dos sentencias que anulaban las adjudicaciones de dos lotes por este mismo motivo. La nueva decisión judicial explica que la UTE a la que se entregó el lote 57 de líneas de transporte escolar está controlada al 97% por empresas del grupo Monbus. La sección tercera de la sala de lo Contencioso-administrativo ha ordenado al órgano de contratación a que le requiera a la UTE (que es la formada por las empresas demandantes) que obtuvo la segunda mejor puntuación la presentación de la documentación previa a la adjudicación del contrato.
En los tres casos, según la sala, las empresas que se agruparon y consiguieron la adjudicación de los lotes estaban “dominadas de forma clara por las empresas del grupo Monbus”, una circunstancia que afirma que “tenía que haber sido apreciada” por la mesa de contratación, por el órgano de contratación y, finalmente, por el tribunal, para aplicar los límites recogidos en el propio pliego del concurso.
Contra las sentencias cabe recurso de casación y Monbús ya ha anunciado que llevará los casos ante ante el Tribunal Supremo, informa Europa Press. La semana pasada indicó que no compartía los argumentos de las sentencias que se conocieron entonces y que tenía intención de continuar con el litigio. Para la compañía el tribunal hace una interpretación “contraria a los pliegos de los concursos y a la propia normativa de contratos del sector público”.
Por su parte, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, sostiene que la Xunta cumple “escrupulosamente” la ley de contratos y “todo procedimiento administrativo que debe cumplir”.