Un cargo de la sanidad gallega contradice a los imputados por la hepatitis y dice que avisó de la “gravedad” de los enfermos
El caso de la hepatitis C se reactiva en los juzgados. La ex directora de Procesos Asitenciales del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Ana Souto, ha declarado este jueves como testigo al amparo de las diligencias abiertas en las que se investiga, por el momento, por un supuesto delito de prevaricación a dos altos cargos de la sanidad gallega. Queda pendiente aún por saber si esta investigación se amplía al posible delito de homicidio del que había acusado la Fiscalía a estos responsables sanitarios, a pesar de que la Xunta manifestó en más de una ocasión que ya se había desestimado esa posiblidad.
Souto ha asegurado en el juzgado que comunicó “personalmente” a los dos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) la “urgencia” de tres de los casos que hay en la causa, tras aclarar que ella, desde su puesto, nada podía hacer por los tratamientos “al margen de la subcomisión”. La testigo, por tanto, desmiente las acusaciones vertidas sobre ella de los dos investigados y aclara que hizo lo que tenía que hacer para advertir de la gravedad de los enfermos y de la necesidad de un tratamiento.
La declaración de esta ex-directora en el CHUS reactiva la causa que llevaba paralizada desde abril, cuando declararon los dos investigados (lo que antes se denominaba imputados): Félix Rubial, ex director de Asistencia Sanitaria, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia. Fueron las declaraciones de estos dos cargos los que provocan ahora la comparecencia de la ex-directora de Procesos Asitenciais, ya que había sido señalada directamente por ambos como responsable en los tres casos referidos tras dejar caer que no había empleado un procedimiento de urgencia para el tratamiento de estas tres personas, que acabaron falleciendo.
Según Pedro Trepat, abogado de la acusación que ejerce la Plataforma Galega de Afectados de Afectados polo virus da Hepatite C (PAVH), Ana Souto puso “en evidencia” que sí advirtió de la urgencia, pero también que ella “no tenía capacidad, ni presupuesto ni medios para actuar autónomamente sin la autorización de la subcomisión” de farmacia, que era quien debía autorizar el tratamiento. La testigo aseguró que antes de remitir los correos pertinentes, informó personalmente a los investigados de la gravedad, “poniendo de relieve a preocupación de los médicos por esta situación y por agilizar los tratamientos”. “Pero ellos la remitieron al trámite convencional, que era el de la subcomisión”, ha dicho el letrado.
Tal y como dice el abogado, la ex directora en el CHUS “ha desmentido” rotundamente que “hubiese capacidad de utilizar un procedimiento de urgencia al margen de la subcomisión” para autorizar los fármacos, tal y como insinuaron los investigados. “Lo único que podían hacer era comunicar la urgencia y esperar la previa autorización, que fue la que no se recibió”, añadió Trepat. No había otro mecanismo.
Ahora, la PAVH está a la espera de que el juez decida llamar a declarar como testigos a los médicos que trataron a los pacientes fallecidos. Además, el magistrado ha ordenado al Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) una prueba pericial que determine el grado de relación entre las muertes de los enfermos y las decisiones políticas que se tomaron. La plataforma confía en que se “ratifique la pretensión de considerar que se cometieron ocho delitos de homicidio” por imprudencia profesional.
“Es obvio que el proceso sigue”
Lo que sí parece claro es que el caso continúa y continuará en los juzgados. “Es rotundamente falso que se haya desestimado la investigación por homicidio porque lo que no hay es todavía un pronunciamento al respecto por parte del juez”, ha aclarado este mismo jueves desde los juzgados Quique Costas, portavoz de la PAVH. El pasado mes de mayo, tanto la Fiscalía como la plataforma solicitaron al titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago que definiera si en la causa abierta contra la Xunta por, presuntamente, retrasar los fármacos por “razones presupuestarias”, se investiga o no un posible delito de homicidio. El juez rechazó pronunciarse al considerar que no era el momento procesal para hacerlo y tanto el ministerio público como el colectivo de afectados recurrieron la resolución ante la Audiencia Provincial, en la que esperan aún si es admitida o no.
Ahora, Costas dice “alegrarse” de que “se reactiven las diligencias”. “Esto viene a contradecir aquello que siempre sostuvo la Xunta de que el caso no tenía recorrido legal alguno y que sería archivado en cuanto los dos investigados prestasen declaración; es obvio que no es así”, insiste.
El juez Andrés Lago Rubio investiga a Rubial y Gómez-Criado por un supuesto delito de prevaricaciones pero la Fiscalía les atribuye también lo de “homicidio por imprudencia profesional grave” al retrasar la administración de los fármacos “por razones presupuestarias”, tal y como adelantó eldiario.es. Desde la Xunta, tanto el presidente Núñez Feijóo como Sanidade defendieron que “siempre” se usaron criterios clínicos para la atención de pacientes. El jefe del Ejecutivo llegó a calificar de “indigna” la denuncia y a cargar contra los médicos que denunciaron la no dispensación de fármacos a tiempo, lo que habría provocado la muerte de varios enfermos.
“Todo está por aclarar, pero parece que la forma en la que los dos investigados intentaron zafarse descargando culpas en esta ex directora de Procesos Asistenciales no tenía sustento”, remata Costas.
