“Lo de la sanidad gallega con los abortos terapéuticos es violencia obstrética e institucional”

La condena al Sergas por arriesgar la vida de una paciente que envió a abortar a Madrid incide en la mala praxis o desatención que los servicios sanitarios gallegos llevan a cabo con los abortos terapéuticos, interrupciones del embarazo inducidas por razones médicas y pasadas las 14 semanas. Han sido muchas las mujeres que denunciaron, de manera más o menos pública, una situación que saltó a la luz hace ahora ocho meses pero que llevaba tiempo ocurriendo. Poco después, la gerencia del área sanitaria de A Coruña asumió que las personas que se encontraban en el segundo trimestre de gestación no eran atendidas con las mismas garantías que en un parto, tras denunciarse incluso expulsiones de fetos en un baño y sin atención médica. Afectadas de otras zonas, como A Mariña o Ferrolterra, insistieron con testimonios y demandas en los prejuicios sufridos o en la imposición del desplazamiento a Madrid por parte de Sanidade para realizar el aborto eugenésico al no haber alternativa en Galicia. El duro y contundente fallo judicial y la multa a la Xunta reaviva un caso que ha reactivado ya la Fiscalía de A Coruña.

“Estamos satisfechas de que haya una sentencia tan dura y tan explícita; el Sergas ha vulnerado la normativa y se ha saltado muchos aspectos de la ley”, dice Chus Díaz, psicóloga clínica del Centro de Orientación Familiar (COF) de A Coruña y conocedora de muchísimos casos de mujeres que sufren los fallos del sistema sanitario público gallego. Todos los que abarcan su zona pasan por su departamento. “Se encuentran en situación de desamparo total; están desprotegidas y se les hace mucho daño”, advierte.

La sentencia no sólo impone una multa de 270.000 euros tras una conducta negligente, sino que acusa el Sergas de “dar palos de ciego” y de “desatenderse de la situación de la recurrente y derivarla a Madrid, para que resuelvan allí la embarazosa situación, para que se zafen allí del problema”. Justo lo que lleva denunciando meses la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto (PGDA) y numerosas mujeres. “Es un fracaso estrepitoso del sistema”, insiste el juez, coincidiendo en las críticas de oposición y colectivos feministas varios.

“Se habla mucho de la violencia de género, pero para la sociedad sólo existe si hay maltrato físico o psicológico o feminicidio, pero esto que ocurre con los abortos es maltrato, un tipo de violencia de género que tiene nombre: violencia institucional y obstétrica... Y la estamos sufriendo por parte de las administraciones”, dice con dureza Díaz, miembro también de la PGDA, que repasa la situación en Galicia.

En la actualidad, en el Materno Infantil de A Coruña ya no se practican estos abortos. “Los profesionales se negaron ante la falta de un protocolo”, aclara. Eso, dice, tiene una parte positiva: “que los sanitarios dijesen que hasta aquí llegaron”. Pero también una negativa: “las mujeres son derivadas a Madrid”, a la clínica privada con la que la Xunta mantiene convenio. No pasa en todas las áreas sanitarias gallegas, “pero va cambiando”. “Hay hospitales donde no se practicaban y ahora sí y al revés”, añade. La alternativa de no interrumpir el embarazo a una mujer por razones de salud de ella o del feto: un viaje de 600 kilómetros, con todos los problemas que eso provoca y los recortes en las ayudas por parte de la Administración.

En Galicia, no hay ninguna clínica privada que tenga autorización para hacer abortos con más de 14 semanas de gestación. ¿Se pueden trasladar casos de una área sanitaria del Sergas a otra y evitar así el desplazamiento a Madrid? “Cada hospital cubre la zona que le corresponde; de aceptar un caso, tendrían que asumir todos aquellos que no son atendidos en su área. Si, teóricamente, no hay riesgo por derivarla, la mujer acaba en Madrid; sólo en el caso de haberlo el Sergas tendría que asumir el caso”, explica Díaz, que advierte de un caso en Galicia donde la falta de garantías en un centro ajeno a la red pública obligó a derivarlo de nuevo al Sergas.

Tal y como se puede comprobar en dicha sentencia, sobre un caso acontecido en 2012, esto no es siempre así. La mujer corrió un grave riesgo y se quedó sin útero tras ser trasladada a Madrid. Y tuvo que ser atendida finalmente en un hospital público. En su caso, y en otros muchos, según dice, se incumple la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

En su artículo 19 garantiza el acceso a la prestación “a todas las mujeres por igual con independencia del lugar donde residan” y que la interrupción voluntaria del embarazo “se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”. Además, garantiza el derecho a la objeción de los profesionales pero aclara que si, “excepcionalmente” el servicio público no hubiese podido facilitar la prestación, “las autoridades sanitarias le reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir la cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”. Pero tienen que adelantar el dinero y desplazarse por sus medios.

Ahora bien, ponen una excepción: las intervenciones en los casos en los que “se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida” o cuando “se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico”. En cuyo caso, la interrupción “se realizará preferentemente en centros calificados de la red sanitaria pública”. En el caso condenado por la Justicia, acabó siendo así después de múltiples descuidos y errores que provocaron demasiadas consecuencias en la salud de la afectada. En muchos otros, los protocolos no existen o se saltan.

“Hay un incumplimiento de la ley en casi toda Galicia”, insiste Chus Díaz, que advierte que en el caso -más grave aún- que tiene que ver con la condena a la Xunta los incumplimientos legales son varios y variados. “Intolerable e injustificado”. También recuerda que “la objeción de conciencia que puedan hacer los profesionales nunca puede menoscabar el acceso a la prestación y la calidad asistencial”. “Como profesionales hay que valorar si podemos derivar ua na persona a una privada o no porque, muchas veces, esa clínica tampoco tiene los medios técnicos que se le exigen al caso”, explica.

La psicóloga clínica del COF de A Coruña, acostumbrada a ver ya numerosos casos de “desamparo” de las mujeres, espera que la Fiscalía acabe por investigar para que “de alguna manera, la Administración se haga responsable y oferte una atención digna”. La PGDA ya ha aportado los datos concretos de mujeres afectadas que requería el Ministerio Público, pero hay muchos más que no salen a la luz ni son denunciados en ninguna parte. Tras ser denunciada la situación en el Parlamento, el Gobierno gallego también dijo que había abierto una investigación y que todo era correcto, a pesar de que el propio Sergas había reconocido defectos, al menos, en el área sanitario de A Coruña.