¿Qué es la “dignidad” del Parlamento y como se preserva? Este es uno de los interrogantes que podría resumir lo abordado este martes en la Xunta de Portavoces del Parlamento. Los grupos parlamentarios de la oposición esperaban que la presidenta, Pilar Rojo, acudiera a la reunión con una propuesta escrita sobre como regular el acceso de la ciudadanía a las sesiones plenarias, toda vez que la propia jefa del legislativo decidió hace dos semanas arrogarse en exclusiva la potestad de decidir quien entra y quien no. PSdeG, AGE y BNG no encontraron ninguna iniciativa plasmada en el papel, pero verbalmente sí conocieron las líneas maestras de los planes de Rojo. Esencialmente, la conservadora cede un poco en las restricciones pero agrega nuevas precauciones. Como los grupos no se “responsabilizan” de sus invitados, cada persona que vaya a una sesión plenaria tendrá que responsabilizarse de sí misma. Y por escrito.
Sin comunicación oficial del propio Parlamento los periodistas tuvieron que componer el bosquejo de la propuesta presidencial basándose en lo expuesto por los portavoces de la oposición y el del propio PP, Pedro Puy, quien por razones obvias maneja una versión más precisa del asunto. “A la luz de las conversaciones” mantenidas en las pasadas semanas, explica Puy, Rojo valora “recuperar los acuerdos que ya teníamos”, esto es, que los grupos “trasladen listas de invitados” en cada pleno. Quien provoque incidentes y sea expulsado “no volverá a entrar en el pleno” y además el grupo que lo invitara tendrá prohibido realizar nuevas invitaciones durante un tiempo determinado -por ejemplo, un período de sesiones-.
A estas reglas se suma “una posibilidad que nos parece interesante”, dice Puy. Se trata “de un compromiso de autorresponsabilización por parte del propio invitado”, que al llegar al Pazo del Hórreo firmaría un documento explicativo de las normas que rigen las sesiones -prohibición de realizar manifestaciones orales desde la tribuna de convidados o veto a mostrar pancartas-. Si la persona invitada “no asume” los “deberes” no se le prohibiría la entrada, pero “se le ofertaría” seguir el pleno a través de una pantalla instalada en otra dependencia del edificio.
Valoración de la oposición
Con la cautela propia de quien no conoce la propuesta más que parcial y verbalmente, la oposición sigue mostrando reservas sobre la posición de Rojo. “Por supuesto que queremos mantener el orden en el Parlamento, pero no vamos a aceptar un control político de las visitas”, resume el socialista Abel Losada quien además considera que las reglas del juego deben también estar regidas por la “sensibilidad ante una situación social, económica y laboral enormemente difícil”. En este sentido, Losada advierte de que “un maillot o una pancarta no impide el normal desarrollo de un pleno”, por lo que no caben restricciones y que después “al establishment del PP se le llene la boca hablando de abrir las puertas del Parlamento” a la ciudadanía“. Además, a su juicio, ”la dignidad del Parlamento también se cultiva de otra manera“ como, por ejemplo, no abusando del trámite de urgencia para aprobar leyes, ilustra.
En este sentido se expresa también el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, quien tampoco aceptará “cualquier actuación que cercene o limite a priori los derechos de la ciudadanía”. “Nosotros no compartimos el criterio sobre lo que es alteración del orden”, ya que en esa definición no entra, a su juicio, “mostrar un folio o una pancarta que diga queremos trabajar o no queremos emigrar”. “Ante la conflictividad social hay dos maneras de reaccionar -dice-: la de criminalizar a los ciudadanos que se indignan porque los aplastan o la de ir a la diagnosis” para “saber cuáles son las causas”. Así las cosas, advierte, AGE “no hará nada en este Parlamento que contribuya a defraudar a los ciudadanos” o a que estos “digan que AGE se comporta del mismo modo que ellos les recriminan a las instituciones”.
La rigidez en las normas parece que tampoco encontrará aliados en el BNG, que a través de su portavoz, Francisco Jorquera, reitera que en su opinión “el procedimiento que estaba establecido funcionaba perfectamente”, por lo que “no hay ninguna razón que justifique la incorporación de nuevas normas”. “Hay un Reglamento y lo que hay que hacer es respetarlo” y situaciones como las protestas de personas afectadas por las preferentes “no se resuelven con más normas”, sino con “sentido común y sensibilidad ante una situación social explosiva”. “Todos defendemos la inviolabilidad de la Cámara”, dice el nacionalista, en cuya opinión “quien viola el Parlamento es quien lo ningunea” o quien “lo somete a los dictados del Ejecutivo”.