Hay dos grandes ayuntamientos del país cuyos gobiernos hace muchos meses que apenas hablan de política. Santiago y Ourense, Ourense y Santiago, transitan desde hace casi dos años por sendos caminos empedrados en los que el ritmo de la marcha no lo marcan el proyecto de ciudad, los debates cotidianos o los planes de futuro, sino los juzgados. En los dos extremos de la autopista AP-53 llueven acusaciones de prevaricación y peticiones de dimisión que cambian de bando político en función de la ciudad. Este jueves el escándalo ha ido de nuevo para el sur, esta vez por iniciativa del PP y con el alcalde ourensano, el socialista Agustín Fernández, como protagonista.
Quien acusa ahora es el portavoz conservador en la ciudad, Rosendo Fernández. El también vicepresidente de la baltarista diputación ourensana anuncia que su partido acaba de denunciar al regidor en la Fiscalía por la urbanización de la calle en la que se encuentra su vivienda con fondos del Plan E. El socialista, según el PP, pidió licencia para pavimentar el entorno de su casa en 1991 y para hacerlo puso sobre la mesa un aval de casi 11.000 euros. En 2009, cuando se ocupaba de la Concejalía de Hacienda, el gobierno local aprobó las obras para toda la calle por 200.000 euros y, una vez rematadas, Agustín Fernández recuperó su aval previo informe favorable del propio Ayuntamiento.
En esta sucesión de acontecimientos el PP ve prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos y, con independencia de lo que resuelva la Fiscalía, exigen la dimisión “inmediata” del alcalde. Por su parte el regidor salió al paso de las acusaciones calificándolas de “terrorismo político”. Visiblemente alterado, Fernández defendió la legalidad de las obras y su voto favorable a las mismas. “¿Por qué tendría que abstenerme en la Junta de Gobierno que aprobó la urbanización de una calle en la que vivimos más de 20 vecinos?”, se preguntó. Bajo esa lógica, abunda, tendría que abstenerse también en todos los asuntos que afecten al conjunto de la ciudad por ser vecino de la misma.
“Un tema administrativo”
El socialista ve en esta denuncia un nuevo capítulo del “acoso político” al que lo somete el PP, quien basa sus acusaciones en una “mentira”. Este, defiende es “un tema administrativo y personal” y nada más que eso, por lo que resulta “lamentable” llevarlo a la vía penal. Él no llegó a acometer las obras por cuenta propia “porque era técnicamente imposible” y cuando se hicieron no aportó fondos, igual que tampoco lo hizo ningún otro vecino de la calle. Por todo esto, asegura, va a emprender acciones legales contra el PP.
Este nuevo episodio político-judicial se produce en un contexto en el que el propio alcalde y dos ediles más suman, en total, siete imputaciones, la mayoría derivadas de denuncias de particulares. No obstante, el número de miembros del gobierno local imputados es sensiblemente inferior al de Santiago, donde el PP defiende la continuidad de todo el gabinete en el que 10 de sus 13 miembros tienen cuentas pendientes con la justicia. En Compostela el asunto que derivó en un mayor número de imputaciones fue el intento de pagar con fondos públicos la defensa jurídica de un edil imputado en la Pokémon. Según Alberto Núñez Feijóo este no es motivo para dimitir porque se trata de un asunto “administrativo”.