“Pedimos que los ayuntamientos no caigan en la trampa de asistencialismo”
La encuesta de condiciones de vida de 2014, publicada por el INE hace unas semanas, nos dejó el titular de que el 23,8% de los gallegos y gallegas viven en condiciones de pobreza y exclusión social, unas décimas por debajo de los datos de 2013, pero por encima de las cifras de 2010 y 2011. Aunque los datos gallegos son mejores que la media estatal (y mucho mejores que los de algunas comunidades -Murcia, Andalucía o Extremadura- con situaciones dramáticas), la realidad es que casi una de cada cuatro personas se encuentra en grandes dificultades. Además, alertan desde las organizaciones sociales, si el dato no es mayor en Galicia es porque las pensiones mantuvieron su nivel, alejando de la pobreza a un buen número de jubilados y jubiladas que, en muchas ocasiones, están sosteniendo sus familias.
La pobreza es, y será en los próximos cuatro años, el principal asunto que tendrán que afrontar las nuevas corporaciones municipales que se constituyen este sábado. Dos meses antes de las elecciones la Rede Galega de Loita contra a Pobreza (EAPN-Galicia) presentó la campaña Concellos al servicio de las personas, que tenía como objetivo buscar el compromiso de los candidatos y candidatas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La campaña incluía un documento con 15 principios y medidas básicas que los ayuntamientos debían llevar a cabo para conseguir el objetivo de que en 2016 se redujera en un 15% el total de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión, rebajándose en un 25% en 2019.
También se pedía que los ayuntamientos dedicaran en 2016 un mínimo de 110 euros por habitante y año a la partida presupuestaria de actuaciones de protección y promoción social (es la media de lo dedicado por los ayuntamientos y diputaciones gallegas en el 2013). El documento demandaba también coordinación entre las distintas administraciones, cumplir los plazos legales de la RISGA y un cambio en las políticas sociales, para llevar a cabo medidas más inclusivas, atacando las causas de la pobreza en vez de limitarse a acciones asistencialistas.
“Intentamos que las propuestas que presentamos en el documento fueran fácilmente realizables” -destaca Xosé Cuns, director de EAPN-Galicia- “Incluso así somos conscientes de que en algunos ayuntamientos como Santiago o Pontevedra el objetivo de llegar en 2016 al promedio gallego en gasto social será difícil, porque implica prácticamente doblar el presupuesto”. “Lo que sí pedimos es un compromiso de incremento del presupuesto social hasta aproximarse a la media gallega”, añade.
Desde la Rede Galega de Loita contra a Pobreza exigen también “planificación” y “concreción”. “En la campaña escuchamos muchas propuestas para el área social y muchas ideas sobre ayudas de emergencia” -dice- “pero lo que les pedimos es que en este verano se centren en hacer un plan a cuatro años, con compromisos concretos, con indicadores, con la presencia de todos los colectivos en riesgo de inclusión y con coordinación con entidades y otras administraciones”. “Y, por supuesto, coordinación dentro de los distintos departamentos del Ayuntamiento. Sería mejor que empleo y servicios sociales estuvieran dentro de la misma concejalía”, completa.
Xosé Cuns demanda también políticas de fondo, de largo recorrido, que ataquen las causas de la pobreza: “Pedimos que no se dejen caer en la trampa de la emergencia, en la trampa del asistencialismo. Tú puedes darle una ayuda puntual a una familia, pero con eso no solucionas las causas de base de la pobreza, que se atajan con planes a largo plazo, con medidas de inclusión, muy ligadas a propuestas relacionadas con el empleo”. “Ya no estamos en el tiempo de las medidas de emergencia, que a lo mejor podían tener sentido hace tres o cuatro años. Lo que necesitamos ahora es ver como reducimos eficazmente la pobreza en cada uno de los ayuntamientos”, añade. En cuanto a las propuestas de salarios sociales lanzadas desde algunos lugares, Cuns señala que “ya hay una cosa llamada Risga, no hace falta inventar salarios sociales en los Ayuntamientos. En todo caso, lo que se puede hacer es reforzar la Risga o, mientras no se percibe la Risga, que sea el Ayuntamiento el que anticipe ese dinero para que nadie sufra los retrasos de un año que está habiendo ahora en algunos casos”.
Cuns valora positivamente la campaña Concellos al servicio de las personas que EAPN-Galicia llevó a cabo entre marzo y mayo: “La campaña nos ayudó a hacer propuestas más concretas y plausibles, y a acompañarlas además de datos objetivos, con indicadores de pobreza, transparencia y presupuesto social para cada ayuntamiento. Con esto ayudamos a centrar el debate, y también parece que enfadamos a algunos candidatos a la reelección. Así es más complicado vender motos”.
También destaca el hecho de que la lucha contra la pobreza se convirtiera en uno de los temas centrales de la campaña electoral en muchos ayuntamientos: “En las campañas electorales se habló mucho del tema de la pobreza y de la exclusión y en algunos lugares como Santiago fue realmente uno de los ejes de la campaña”. Y, sobre todo, saluda la creciente participación política de las personas que viven en esta situación. “Cambió también un aspecto muy importante, que fue la participación política de la población pobre y en riesgo de exclusión” -explica- “Está demostrado que habitualmente estos sectores -y los barrios en los que viven- registran niveles de abstención muy por encima de la media. Y eso cambió en estas elecciones, estas personas participaron más y eso lo percibimos incluso en las redes sociales, vemos como tomaron conciencia de que su voto podía cambiar su situación”. “Esto para mí fue uno de los efectos más emocionantes de estas elecciones. Y, además, me lleva a pensar que en estos cuatro años puede haber un mayor control social. Soy optimista”, concluye.