La Pokémon insistió en encarecer el recibo del agua en Santiago

A los presuntos líderes de una de las ramas de la Pokémon no les salían las cuentas. Si el sumario de la causa instruída por la jueza Pilar de Lara fuera una novela, una de las tramas más recurrentes sería el empecinamiento de los responsables de la empresa Aquagest por renovar la concesión del servicio de aguas de Compostela, una prórroga que no acababa de llegar a pesar de la eliminación de obstáculos –como las personas titulares de la secretaría y de la intervención municipal en el Ayuntamiento– y que se complicó con la definitiva caída en desgracia de Gerardo Conde Roa. Además de para lograr esa renovación, proceso en el que intentaban utilizar todas sus influencias, la presión tenía otro objetivo fundamental, según la investigación: incrementar la recaudación del recibo del agua.

Según consta en los informes de Vigilancia Aduanera incluidos en la parte del sumario sobre la que ya no pesa el secreto, uno de los directivos compostelanos de Aquagest, José Luis Míguez, expresa en una llamada telefónica su contrariedad por la reticencia del Ayuntamiento a aplicar un incremento en la factura equivalente a la subida del IPC. Así, en una conversación con un hombre identificado como Luis “le pregunta si en su contrato tienen la revisión automática de las tarifas por la subida del IPC”. “Luis le dice que sí, pero que en 2011 la interventora se lo cargó por el morro, ellos reclamaron y se lo van a pagar”.

En este contexto, Míguez “se interesa por la forma de la reclamación” mientras sigue “quejándose por el maltrato que le está dando el Ayuntamiento”, que le “devolvió las facturas del incremento del IPC” a pesar del “compromiso del anterior alcalde”, Gerardo Conde Roa. Dado que todo parecía indicar que no iba a haber incremento de la recaudación, Míguez le transmite a Luis lo que ya le había advertido a algunos miembros del Gobierno municipal: que como no hay más dinero, “a partir de ahora no van a participar en nada”, aunque en los últimos años “participaron en muchas cosas y gracias a Aquagest hay un equipo en la ciudad que está en la ACB”, en referencia al Obradoiro. “Míguez –recoge otro informe– los amenazó [al Ayuntamiento] con meter una factura de 200.000 euros de subida de las tarifas que no está aprobado” y por eso “están dejando de poner dinero para actos cívicos relacionados con el Ayuntamiento como hacían antes”. Según Míguez “al final la pelota va a ascender a un millón de euros”.

“Desvío de fondos” para equipos deportivos y fiestas

La financiación de equipos deportivos compostelanos a través de empresas de la presunta trama es, precisamente, otra de las líneas de investigación de la jueza. Se trata de un aspecto que indaga después de que los investigadores incluyeran como hechos “destacados” en sus informes la “entrega de dinero por parte de la empresa Aquagest al Obradoiro” pero no por altruismo o por amor al deporte, sino “para conseguir la prórroga del contrato” con el Ayuntamiento. “Míguez –detalla un informe– reconoce” esa entrega de dinero, que se concretaría en un “desvío evidente de fondos a otros fines que no son los del contrato que tiene Aquagest”.

“Se realizan aportaciones de dinero por Aquagest para empresas sugeridas por autoridades de Santiago”, algunas de ellas “muy relevantes por su cuantía”, relata Vigilancia Aduanera antes de destacar que la compañía de aguas “le entregó 60.000 euros al Obradoiro como acuerdo para renovar la concesión en Santiago”, entrega que se produciría “a iniciativa de Ángel Espadas”, apodado Puñales, para “pagar nóminas y jugadores”. Por su parte, el concejal de Deportes, Adrián Varela, “pide 70.000 euros para el equipo Lobelle de fútbol sala”. En otro punto de la investigación, Vigilancia Aduanera interviene una conversación en la que Míguez le explica a otro dirigente de la empresa, Casimiro González, que “acaba de estar con el concejal de Agua y Saneamiento, al que le había rehabilitado las oficinas por 32.000 por la cara” y le dijo “que la empresa ya no puede aportar más, que ya puso 180.000 euros para las fiestas y para el Obradoiro”.

Preguntas de la jueza a Adrián Varela

Las aportaciones a los equipos de la ciudad, las contrapartidas por ellas y la influencia del Ayuntamiento en el proceso fueron una parte fundamental del interrogatorio de la jueza al edil Adrián Varela, imputado en el caso. Ante la pregunta de si Aquagest “entregó dinero al Ayuntamiento”, Varela asegura que la empresa aportó “60.000 euros” pero “directamente” al club. Él solo admite que “el club se reúne conmigo”, porque “conmigo se reúne hasta el apuntador”, para explicarle que “necesitan dinero”. “Intentas buscar fórmulas, siempre dentro de la legalidad, para ayudar a entidades deportivas”. En todo caso, afirma, “yo no participé en la gestión” porque “fue Gerardo quien llevó el tema”. No obstante, la sospecha de la magistrada es que ese dinero se entregó como “anticipo por la renovación del servicio de aguas”.

De Lara duda de que el Ayuntamiento no influyera en estas ayudas al club y también de que este recibiera solo los 60.000 euros de Aquagest. Y lo hace porque los investigadores le advierten que “se estaría entregando dinero desde el Ayuntamiento al club de baloncesto Obradoiro y, para que no quede constancia de este hecho, se estaría realizando a través de facturas, por lo que podemos deducir que se trataría de facturas ficticias que pagaría Xade”, una sociedad mixta en la que participa el Ayuntamiento, y por “un montante de, cuando menos, 200.000 euros”. En una grabación telefónica Varela “admite que lo autorizó él” y “espera que no se entere la prensa”. En conversaciones posteriores, el propio Varela y Espadas admiten que “se hizo por detrás, con facturas”.

Con estos datos sobre la mesa, la jueza le pregunta al concejal “qué quiere decir que eso se hizo por detrás, a través de facturas” y él mantiene que la financiación se realizó “en concepto de patrocinios” por importe de “50.000 o 60.000 euros”. “¿Y 200.000?”, repregunta la jueza. “Sí, puede ser”, admite el edil, que tras explicar la composición accionarial de Xade en ella participa el– Ayuntamiento minoritariamente y empresas propiedad del presidente del Obradoiro– detalla los motivos por los que no quería que los hechos llegaran a oídos de los medios de comunicación: “porque políticamente estamos vendiendo que vamos a colaborar con los clubs de base”. En cualquier caso, resalta, “no son 200.000 euros del Ayuntamiento”, sino “de la sociedad, de los que el 33% son del Ayuntamiento”.