Abanca no revelará al Parlamento gallego la indemnización del exdirector de Caixa Galicia por “confidencialidad”
José Luis Méndez vuelve a esquivar el foco público. Cuando el 29 de noviembre de 2010 la entidad que había regido como si fuese suya, Caixa Galicia, firmó la fusión con Caixanova en un acto solemne, el antiguo señor de la caja del norte gallego no tomó la estilográfica Mont Blanc que, grabada para la ocasión, Alberto Núñez Feijóo había mandado guardar en un lugar preferente. Tras ser coprotagonista de algunas de las imágenes de celebración que ya se han convertido en iconos de la fusión fracasada el veterano directivo se retiró de la escena pública y de todos sus cargos apenas dos meses antes de la unión que acabó rescatada con 9.000 millones de euros públicos. La llegada a la edad de jubilación fue la explicación oficial de una jubilación entre presiones del Banco de España que no fue en vano para su bolsillo. Se llevó con él unos 18 millones de euros entre indemnización, plan de pensiones y otras compensaciones, según se estimó entonces. Aunque estas cifras son manejadas en la esfera pública desde hace años sus detalles seguirán ocultos en lo que dependa de Abanca, la entidad heredera de las antiguas grandes cajas, resultante de la compra de Novagalicia Banco por parte del venezolano Banesco.
Tras tres años de parálisis a comienzos del pasado año el Parlamento retomó la comisión de investigación sobre la fusión de las cajas y las indemnizaciones de los exdirectivos. Aunque el PP impulsa un cierre rápido de los trabajos y se ha negado a nuevas comparecencias -entre ellas, la del propio Méndez- sí ha accedido a incorporar alguna documentación adicional. Entre los papeles incluidos en el nuevo plan de trabajo figura la petición del BNG para acceder a “toda la documentación relativa a la indemnización de José Luis Méndez, incluyendo las actas de los órganos de dirección y gobierno de Caixa Galicia al respecto”, así como una lista de “bienes y activos” cedidos o vendidos a directivos de las cajas o sus familias. Abanca acaba de responder a esas peticiones con sendas negativas amparándose en la necesidad de respetar la legislación en materia de confidencialidad bancaria y protección de datos.
En un escrito datado el pasado día 25 y registrado en el Parlamento el pasado martes la entidad bancaria dice, a través de su consejero delegado, Francisco Botas, ser “consciente” de la “relevancia que el buen fin de los trabajos” de la comisión de investigación “reviste para el interés general” y por eso “es nuestro deseo prestar” la “máxima colaboración que nos es posible”. “El alcance de esa colaboración”, dice la carta, “se encuentra ineludiblemente limitado” por los “deberes de reserva y confidencialidad impuestos a nuestra entidad” por dos leyes: la de supervisión y solvencia de las entidades de crédito del año 2014 y la de protección de datos. Concretamente, agrega, por los preceptos de la norma bancaria sobre “reserva” de la información de la clientela de los bancos y por el deber de contar con el “consentimiento del interesado” para ceder datos personales. Lo hace aunque gran parte de la información manejada en la comisión tiene carácter reservado de por sí.
“Lamentablemente -prosigue el escrito remitido por Abanca al Parlamento- los dichos límites legales nos impiden aportarle a la comisión de investigación (...) la documentación solicitada relativa a la indemnización de don José Luis Méndez” e, igualmente, la “relativa a la venta o cesión de activos” a directivos o familiares de estos. “De hacerlo, Abanca estaría revelando sin contar con legitimación para eso en los términos previstos en la legislación aplicable, datos con respecto a los cuales, por imperativo legal, debe mantener estricta reserva y confidencialidad”, concluye. El banco sí accede a revelar a la Cámara los datos de devoluciones de las preferentes e instrumentos semejantes, la cual cifra en un “93,5% del saldo total”.
Archivo de la demanda de la CIG
La negativa de Abanca a informar al Parlamento sobre Méndez llega casi al mismo tiempo en el que la Audiencia Nacional decidió archivar la denuncia que había presentado el sindicato CIG contra la cúpula de la desaparecida Caixa Galicia. La demanda, contra el exdirector general y el resto de los exdirectivos, ha sido rechazada por el alto tribunal en base al informe de la Fiscalía, que entiende que los hechos ya estarían prescritos.
La central nacionalista pretendía que se dilucidara si hubo irregularidades y falseamiento de cuentas por parte de la cúpula en la confección de los resultados de la entidad de los años 2008 y 2009. Tal y como recuerda la CIG, mientras las cuentas aprobadas por el consejo de administración consolidados de 225 millones en 2008 y 91 en el siguiente año, la sentencia que envió a la cárcel a los exdirectivos de las cajas por las indemnizaciones millonarias reconoce como hecho probado que Caixa Galicia estaba en 2009 en situación de insolvencia, según los análisis del Banco de España.
La querella presentada, por “manipulación contable”, también hacía referencia a la emisión de preferentes llevada a cabo por Caixa Galicia durante aquel 2009, basada en cuentas que creen “falseadas” y avalada precisamente ante el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores con aquellos resultados de los que el sindicato sospecha que eran ficticios, según el propio regulador. El sindicato resaltaba además que Bankia sí ha sido investigada por hechos semejantes.
