Falsedad, prevaricación, soborno, infidelidad en la custodia de documentos o exacciones ilegales. Estos son, resumidamente, los delitos que la Fiscalía atribuye al alcalde de Cee (A Coruña), Ramón Vigo, a las puertas del juicio de la pieza ceense de la Operación Orquesta, el caso de supuesta corrupción que explotó en 2011 en varios ayuntamientos de A Costa da Morte a raíz de escuchas de un caso de narcotráfico y que, en enero de aquel año, explotó con un espectacular despliegue en los ayuntamientos de Fisterra, Mazaricos y en el propio Cee, registros y detenciones de sus regidores. A la espera de que se resuelvan el resto de piezas separaradas en que fue dividida la operación -la de Fisterra ya ha sido archivada- Vigo, que volvió a la alcaldía tras las elecciones de 2015, ya sabe que tendrá que hacer frente a peticiones de cárcel que suman más de veinte años por presuntas contrataciones irregulares y, según la investigación, por adjudicar ilegalmente obras a empresas que después sufragaban parte de las fiestas del ayuntamiento.
En un auto judicial dictado la pasada semana y la cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es la jueza de Corcubión Pilar Prieto atiende las peticiones del Ministerio Público y da el último paso para enviar a juicio en la Audiencia de A Coruña una presunta trama que, como detalla en el propio auto, constituye una presunta red que los investigadores comenzaron a explorar a finales de 2009, cuando Ramón Vigo (del partido independiente IxCee) solicitó una subvención de 30.000 euros a la Consellería de Cultura para “cubrir los gastos” de las fiestas de A Xunqueira del pueblo, a las que aseguraba que se habían destinado algo más de 135.000 euros.
Siempre según el relato de la Fiscalía las conversaciones y contactos para intentar lograr aquella subvención -que la Xunta no concedió por no estar correctamente justificada- destaparon los supuestos acuerdos del alcalde con el empresario y agente de orquestas Jorge Luis López Lago, también acusado en la causa, para “redactar de común acuerdo, en la sede del Concello de Cee”, facturas “en las que no se reflejaba la cuantía real de los conceptos por los que fueron emitidas”, “faltando a la verdad y con grave daño para la seguridad del tráfico mercantil”, dice el auto. A modo de ejemplo la jueza cita una factura de la empresa de López Lago por 42.000 euros por supuestamente haber ejercido de representante del grupo Mägo de Oz, que efectivamente había actuado en la villa, pero por 10.000 euros y representado por otra empresa.
Los pagos de orquestas y grupos musicales son, siempre según la investigación, uno de los aspectos más significativos de un caso en el que, no obstante, sitúan su núcleo en la presunta adjudicación irregular de obras como las de la casa de la cultura ceense al constructor Daniel Ogando mediante estrategias como “la preponderancia de los criterios de adjudicación que requerían un juicio de valor”, el “fraccionamento de proyectos” o el uso del procedimiento negociado sin publicidad con la compañía de Ogando y otras dos “con cuyos responsables previamente había acordado que no formularan oferta alguna”, para así obtener la adjudicación. Los contratos de obras vinculados la esta infraestructura y señalados como irregulares suman más de 1,2 millones de euros, dice la investigación.
El alcalde, dice el auto, “actuó de la manera descrita movido por el ánimo de obtener un indebido aprovechamiento de su cargo”, toda vez que “en pago de sus maquinaciones para la adjudicación de todas las fases de la casa de la cultura a favor” de las empresas de Ogando “alrededor del 12 de agosto de 2010” recibió en su despacho de la alcaldía “la cantidad de 29.000 euros en efectivo de manos de Daniel Ogando”, hijo del propietario de la constructora. Además, dice, “Ramón Vigo exigió a la empresa constructora el pago de parte de los gastos originados por las fiestas populares de la localidad”, en las que además el regidor “ordenó, consintió y gestionó con total perversidad la recaudación de los puestos y barracas”, exigiendo “en algunos casos, pagos por importe superior a lo que constaba oficialmente”, en este caso también para pagar las propias fiestas.
Por todos estos presuntos delitos el fiscal pedirá en el juicio hasta 23 años de prisión para Vigo, además de su inhabilitación. Junto a él, la jueza sienta en el banquillo de los acusados al empresario López Lago, para el cual pide dos años, a un arquitecto municipal, a los constructores y a otro edil ceense, Juan Bautista Areas. En el mismo auto decide archivar las acusaciones que pesaban sobre la también concejal y esposa de Ramón Vigo, Pilar Iglesias, así como para varios trabajadores del Ayuntamiento.
Es así como llega a su tramo final la que es considerada pieza central de la Operación Orquesta, la de Cee. La que se desarrollaba en Fisterra, que afectaba entre otros al exalcalde de la localidad, José Manuel Traba (PP), fue archivada, mientras que sigue adelante la rama de Corcubión, en la que para el antiguo regidor socialista, Francisco Lema, solicitan dos años de cárcel y nueve de inhabilitación. En el caso de Cee, el propio Vigo ha negado siempre que hubiese incurrido en conducta delitiva alguna y ha optado por no recurrir ninguno de los pasos del proceso para poder, afirmó en diferentes declaraciones públicas, defenderse lo antes posible en el juicio.