Alcalde de Sada: “Si el Estado no recurre la segunda sentencia del Pazo de Meirás, los Franco van a ganar el partido y la liga en el Supremo”

El alcalde de Sada, municipio a 15 kilómetros de A Coruña en el que está enclavado el Pazo de Meirás, considera que hay argumentos jurídicos de sobra para recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial que, si bien confirma la devolución al Estado de la propiedad que ocuparon 82 años Francisco Franco y su familia, obliga a indemnizarlos. Moderado y pausado, Benito Portela, nacido en Sada el año en que murió el dictador (1975), recurre a un símil futbolístico para remarcar su “sorpresa” tanto ante el fallo judicial, que ve “injusto” e “incoherente”, como ante la decisión del Estado de no recurrirlo. “Es una forma de blanquear prácticas franquistas”, dice el regidor de Sadamaioria, una coalición de izquierdas y nacionalistas. Y es hacerles “un enorme favor económico y jurídico” a los herederos del dictador.

¿Está decepcionado con la sentencia de la Audiencia de A Coruña que confirma que el Pazo de Meirás es patrimonio público pero obliga a indemnizar a la familia Franco al considerar que fueron poseedores de buena fe?

Más que decepción, hay sorpresa. Estaba manifiestamente probado que los Franco eran poseedores de mala fe del Pazo de Meirás. Pero la Audiencia Provincial le dio la vuelta a la sentencia de primera instancia. Entendemos que la aparición de dos escrituras de compraventa, una de 1938 y otra, simulada, de 1941, da cuenta de la mala fe en la obtención del pazo. Por otra parte, entendemos que los herederos del dictador eran conocedores de esa situación porque tanto su abuela, Carmen Polo, que fue la heredera inicial, como su madre, Carmen Franco, eran perfectamente conocedoras de la doble escritura y de las circunstancias de la obtención del pazo. En todo caso, si sus herederos eran desconocedores, tendrían que probarlo, así lo dice el Código Civil, son ellos los que tienen que demostrar que lo desconocían.

La Audiencia excusa a Franco de ser poseedor de mala fe, sin embargo sí que ratifica que la escritura de 1941 para poner el pazo a su nombre es simulada y nula, “una fantasía total”.

Entendemos que es una contradicción que hay que recurrir. Hay argumentos jurídicos. Si la escritura es nula, hubo mala fe en la obtención del pazo. Demandamos a la parte actora, el Estado, que recurra esta sentencia que nos parece desfavorable en ese punto esencial, como es la mala fe de los herederos del dictador. Declararlos poseedores de buena fe nos parece totalmente injusto.

La Abogacía del Estado anunció que no iba a recurrir esa sentencia.

Nosotros pedimos, primero, que se nos explique las razones por las que se toma esa decisión. Y animamos al Estado a que reflexione sobre la posibilidad de recurrirla. Queda sobradamente demostrado que la escritura de compraventa de 1941 era un negocio totalmente simulado, realizada para intentar legalizar e inscribir el pazo a nombre de Francisco Franco. Además la sentencia de la Audiencia dice que hay un continuo interés por parte de Franco de inscribir la parcela a su nombre. Por lo tanto, si había ese interés, era conocedor de los vicios de nulidad de la adquisición.

¿Ve incoherente que el Estado no recurra el fallo de la Audiencia?

Me parece incoherente la sentencia porque dice que el pazo tiene que ser patrimonio público por la nulidad de la adquisición y, al mismo tiempo, dice que los herederos del dictador tienen buena fe. La forma en que realizaron la adquisición es nula y prueba la mala fe de la obtención del inmueble. Incluso los herederos del dictador reconocieron en el juicio que Franco no pagó nada por esa escritura de 1941. Animamos al Estado a que reflexione y recurra la sentencia porque entendemos que es mucho más perjudicial no recurrir. Es una forma de blanquear las prácticas franquistas. En Galicia, el Pazo de Meirás fue un paradigma de cómo se obtenían esos bienes e inmuebles.

Si el Estado se mantiene firme en no recurrir, el Ayuntamiento de Sada, como codemandante en esta causa, va emprender alguna acción en solitario?

Lo estamos evaluando. Nuestra intención era recurrir porque estamos en total desacuerdo con que los herederos de Franco sean declarados poseedores de buena fe, pero nos llevamos la no grata sorpresa de que el Estado, como parte actora, decide no recurrir. Ahora estamos evaluando qué opciones tenemos y en qué medida podemos actuar. El presidente de la Diputación de A Coruña también manifestó que va evaluarlo, que también entiende que debe recurrirse.

Los Franco anunciaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para intentar recuperar la propiedad del Pazo de Meirás. ¿Cree que pueden conseguirlo?

Ante un recurso de los Franco, el mayor riesgo jurídico que hay para la incorporación al patrimonio público del pazo es, precisamente, que el Estado no recurra el pronunciamiento de buena fe y la liquidación posesoria desde 1975. Ese, y no otro, es el mayor riesgo que hay. No recurrir es además hacer un enorme favor económico a los Franco. También un favor jurídico, dado que en nada favorece la oposición que el Estado y las otras partes podamos hacer ante el recurso de los Franco. O sea, los Franco recurren, y el Estado, no. Los Franco van a ganar el partido y la liga en el Supremo. Y el Estado, sin siquiera comenzar el partido, ya les deja meter un gol importante. No recurrir es dejar que el partido en el Supremo ya lo ganen, de momento, los Franco, por incomparecencia voluntaria de la otra parte, el Estado.

¿Cree que la gente entenderá que haya que pagar a los Franco una indemnización que se anuncia millonaria?

En las cantidades no entramos. Pero a nosotros nos parece, desde luego, esencial que todas las administraciones democráticas recurran el hecho de que se declaren poseedores de buena fe a pesar de los hechos probados, cómo obtuvieron el pazo en pleno régimen franquista.