Los cargos de Adif y Renfe imputados por el Alvia niegan presiones y uno dice estar “dolido” porque las víctimas lo señalen
Los dos principales imputados en Adif y Renfe, además del maquinista del tren, por el accidente del Alvia en Santiago el 24 de julio de 2013 en el que murieron 80 personas han negado este miércoles en el Congreso que las decisiones en materia de seguridad que tomaron y por las que están siendo investigados penalmente estuviesen motivadas por presiones políticas o comerciales de sus superiores. Los dos, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, exdirectores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe respectivamente, coincidieron, con distintos modos, en centrar la responsabilidad por abajo en el conductor.
En su intervención Cortabitarte, a pesar de admitir que el dolor de las víctimas “en absoluto es comparable”, dijo que a él le “duele” que estas pongan “el foco” en su propia persona. “He sufrido por verme involucrado como uno de los presuntos responsables de un accidente en el que no tuve ninguna responsabilidad”, dijo, en una comparecencia en la que, como también haría a continuación su homólogo de Renfe, negó, en contra de lo que mantiene la Agencia Ferroviaria Europea, que debieran realizar una evaluación específica del riesgo que suponía la decisión que tomaron de desconectar el sistema de control de la velocidad de los Alvia. Con una actitud más humilde que la de Cortabitarte, que en varias ocasiones tuteo a los diputados, Lanchares pidió “disculpas” por el siniestro porque según su visión “que falle una persona en Renfe significa que falló la empresa” y eso “me implica personalmente”.
El 23 de junio de 2012, un año y un mes antes del accidente, Lanchares pidió autorización a Cortabitarte para desconectar a bordo de los Alvia el sistema de control constante de la velocidad propio del AVE (el ERTMS) porque fallaba y provocaba demoras en los viajes, y el segundo lo autorizó a las pocas horas, sin que Renfe reparase el sistema hasta un año después del siniestro. El juzgado instructor del caso, con el aval de la Audiencia Provincial de A Coruña, los imputó a los dos (junto con un subordinado de Cortabitarte y tres técnicos de la empresa pública Ineco) y está investigando si analizaron como debían los riesgos que suponía esa desconexión, que dejaba la seguridad en manos del sistema convencional ASFA, no configurado en la curva de Angrois para evitar un despiste como el que sufrió el maquinista del tren, también imputado por no frenar a tiempo antes de ese punto sin que existiese ningún sistema que evitase su previsible error humano. El juzgado también investiga si ese análisis de riesgos se hizo de manera adecuada antes de poner en servicio la línea en diciembre de 2011.
El primero en intervenir este miércoles en el Congreso, Cortabitarte, discrepó de la Agencia Ferroviaria Europea, que en un informe entregado el pasado junio en el juzgado aseguró que esa desconexión del ERTMS en los Alvia debió hacerse según la normativa comunitaria analizando previamente el riesgo de esa decisión, que calificó como “cambio significativo” de la seguridad. Cortabitarte negó la mayor y ante la pregunta de la diputada socialista Pilar Cancela de por qué no se hizo ese análisis su respuesta fue que “no hacía falta”. Posteriormente Lanchares, ante la misma pregunta formulada por la diputada de En Marea Alexandra Fernández, evitó dar una respuesta directa y dijo que el análisis que se hizo fue que el sistema ERTMS no estaba resultando fiable y resultaba mejor desconectarlo, pero sin aclarar si eso suponía más riesgo que mantenerlo con una configuración distinta, como había sugerido su fabricante.
Cuando se le preguntó de manera directa si recibió alguna “presión política” para tomar las decisiones que tomó, Cortabitarte respondió con un directo “no, nunca”. Por su parte, a Lanchares se le preguntó si la decisión de desconectar el ERTMS en vez de configurarlo de otro modo se debió a presiones comerciales“ por las demoras en los viajes, lo que también negó.
El responsable de Adif aseguró en su intervención que su imputación se debe al “nombre del puesto” que ocupaba, el de director de Seguridad en la Circulación, que según su visión “hizo creer a los jueces y fiscales del caso que mi departamento se ocupaba de cualquier asunto relacionado con la seguridad en la circulación”. Por el contrario, Cortabitarte aseguró que sus competencias en esa materia eran reducidas y se limitaban a validar que los sistemas de seguridad que diseñaban otros departamentos funcionasen de manera correcta y que el suyo era sólo “uno más” de los diversos certificados necesarios para poner en servicio la línea. Ante esas declaraciones, el diputado de ERC Gabriel Rufián leyó el auto judicial de su imputación en la causa judicial, hace ya un año y medio y con el aval posterior de la Audiencia Provincial de A Coruña, y le preguntó si “el juez le tiene manía”, a lo que Cortabitarte no contestó.
Por su parte, el responsable de Renfe, como ya había hecho en el juzgado, negó ser conocedor de la alerta sobre el riesgo de la curva de Angrois que un maquinista jefe comunicó por escrito a sus superiores en Renfe un año y medio antes del accidente. Lanchares resumió su actuación global en el caso diciendo estar “totalmente convencido de que cumplí con mi deber”.
Durante la comparecencia de Cortabitarte y Lanchares en el Congreso, víctimas del siniestro se concentraron a las puertas de la Cámara pidiendo, entre otras cuestiones, que Fomento cese a los imputados en la causa judicial de cualquiera cargo de libre designación, después de que hace un mes Lanchares dejase el puesto de director de Seguridad en la Circulación que seguía ocupando más de cinco años después del accidente.
