Feijóo encarga un informe sobre cómo aplicar la ley del Gobierno en funciones que él mismo aprobó
Ganara quien ganara las elecciones del pasado domingo, a partir de ese momento y hasta el nombramiento de un nuevo gobierno, el Ejecutivo gallego pasaría a estar en funciones y, por lo tanto, con su capacidad de actuación limitada. A pesar de eso, durante toda la campaña electoral Alberto Núñez Feijóo insistió en asegurar que, frente a otras opciones, si él ganaba los comicios, Galicia tendría Gobierno “desde el día siguiente” o “desde el lunes 26”, según las dos expresiones que más empleó. El domingo 25 el PP consiguió la mayoría absoluta, pero el lunes 26 el Gobierno de Feijóo comenzó igualmente a trabajar en funciones, y así seguirá hasta que, bien entrado noviembre, sea investido nuevamente por el Parlamento de Galicia. Este jueves, en su comparecencia posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el propio líder popular admitió que su ejecutivo debe “disminuir los compromisos de gasto y las decisiones de carácter permanente”.
Desde principios de este año lo que puede o no puede hacer un Gobierno en funciones debería venir determinado por la Ley de transparencia y buen gobierno que impulsó el PP con el objetivo, entre otros, de establecer esa cuestión así como de regular el traspaso de poderes entre gobiernos. Sin embargo, a pesar de estar aprobada desde hay más de medio año, el propio Feijóo informó este jueves de que acaba de solicitar ahora un “dictamen” a la Asesoría Jurídica de la Xunta para que “interprete” la ley y le diga, de cara a la reunión de la próxima semana, qué puede y no puede hacer.
A la espera de esa interpretación, lo que dice la ley es que, además de no poder impulsar leyes ni aprobar decretos que las desarrollen, el Gobierno en funciones no puede aprobar convenios con otras administraciones, ni autorizar gastos que no sean corrientes (impide las licitaciones y adjudicaciones superiores a 150.000 euros), ni aprobar convocatorias de personal o modificar la estructura de su plantilla, ni culminar la tramitación de ningún plan de ordenación territorial. Esa norma para impedir que los gobiernos salientes condicionen la herencia de los entrantes la impulsó Feijóo después de años de críticas por la decisión del último ejecutivo de Manuel Fraga de adjudicar ya en funciones diversas obras en la Cidade da Cultura por más de cien millones de euros. Feijóo llegó a decir que él no tomaría una decisión así, a pesar de que era el vicepresidente de aquel gobierno.
Ante las nuevas limitaciones, este jueves, al contrario que en sus comparecencias de los últimos años, el propio Feijóo destacó que la mayoría de las cuestiones de las que estaba informando en su comparecencia no eran acuerdos con validez legal sino “informes”, documentos propagandísticos elaborados a la medida de cada Gobierno. Frente a los siete informes propagandísticos que publicitó este jueves el Consello da Xunta, el gobierno en funciones únicamente adoptó dos acuerdos con validez legal: aprobó el plan de protección civil ante inundaciones y cumplió el trámite de remitir al Consello de Contas la Cuenta General de la Xunta correspondiente a 2015.
