Fomento investiga un incidente de un helicóptero de salvamento alquilado por la Xunta tras venderlo en 2012 por “obsoleto”
El pasado 26 de julio, durante un vuelo nocturno de entrenamiento en la ría de Vigo, uno de los dos helicópteros de salvamento marítimo de la Xunta, el Pesca 1, con base en esa ciudad, descendió “inadvertidamente por parte de la tripulación” a “tan sólo 50 ft sobre el mar” (unos 15 metros). “Obligados a realizar una maniobra brusca” para volver a ascender, la tripulación y la aeronave resultaron ilesas, pero el “incidente” está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) del Ministerio de Fomento. El helicóptero es uno de los dos aparatos que la Xunta tenía en propiedad y vendió en 2012 argumentando que iban a quedar “obsoletos”, pero que desde entonces viene alquilando a la empresa que los compró y que presta el servicio autonómico de salvamento.
Según la información preliminar hecha pública por la comisión de investigación, “el viernes 26 de julio de 2019 la aeronave Sikorsky S76 C+, matrícula EC-JES [el helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de la Xunta con base en Vigo], sufrió un incidente al descender inadvertidamente por parte de la tripulación, hasta una altitud de 50 ft [15 metros] sobre el nivel del mar, durante la realización de un vuelo de entrenamiento y verificación sobre la ría de Vigo”.
El helicóptero había despegado del aeropuerto de Peinador, “con piloto, copiloto, rescatador, operador de grúa e instructor a bordo” para realizar la simulación de un rescate en las proximidades de un acantilado. El relato preliminar de la comisión indica que a las 23.15 horas, “cuando el helicóptero estaba descendiendo hacia 500 ft [150 metros] de altitud, posicionándose para el inicio del entrenamiento, la tripulación se percató de que la aeronave se encontraba descendiendo a un régimen alto y a tan sólo 50 ft [15 metros] sobre el mar, viéndose obligados a realizar una maniobra brusca que permitiese que el helicóptero pasase a un régimen de ascenso invirtiendo el régimen de descenso en que se encontraba”. “Los ocupantes resultaron ilesos y la aeronave sin daños”, finaliza la información preliminar de la Ciaiac con la que ahora da inicio a la investigación de lo ocurrido.
Preguntada por el incidente, la Consellería del Mar, de la que depende Gardacostas de Galicia, dice estar “a disposición de la comisión de investigación para cualquier asunto que le sea requerido”. La Xunta subraya que “en todo caso, las aeronaves están obligadas por ley a pasar inspecciones muy rigurosas de forma periódica para garantizar la seguridad durante el vuelo. Todo este control corresponde a Aviación Civil y en caso de no superar alguna de las pruebas, los helicópteros no pueden operar”. Mar destaca que “el incidente no fue considerado grave puesto que el helicóptero está operando con normalidad y las autoridades competentes no adoptaron medidas cautelares para evitar riesgos, con lo que ni siquiera se tuvo que paralizar la operatividad del aparato”.
La consellería destaca que “estos helicópteros siguen también un protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo periódico que lleva a una revisión permanente de las equipaciones del aparato. En este sentido, en el caso de detectarse cualquier anomalía que pusiera en riesgo el vuelo, se procedería a decretar la inoperatividad del helicóptero y, de extenderse esta situación, a su relevo temporal por otro aparato con la misma capacidad operativa hasta el arreglo de las anomalías o averías”. En su respuesta, nada dice la Consellería del Mar, pese a ser preguntada expresamente por ello, sobre si el incidente tiene relación con el hecho de que el helicóptero sea uno de los que en 2012 la propia Xunta decía que iban a quedar obsoletos y por eso los vendía.
El aparato ahora implicado en el incidente bajo investigación es uno de los dos helicópteros modelo Sikorsky S-76 C+ que la Xunta de Manuel Fraga compró en 2005, tras la catástrofe del Prestige, por 27 millones de euros, y que tienen sus bases en Vigo y Celeiro. En 2012 el Gobierno de Feijóo los vendió por la mitad, 13 millones, a la misma empresa que ya los venía operando y a la que desde entonces se los sigue alquilando con un coste anual del servicio superior. Aquella operación de venta y posterior alquiler fue defendida por la Consellería del Mar argumentando que “lo contrario sería anquilosarse, tender al monopolio y a unas condiciones obsoletas con el paso del tiempo”.
El propio Feijóo dijo que al deshacerse de la propiedad de los aparatos y pasar a contratarlos externamente “cada cinco años la Xunta tendrá la opción de licitar otra vez este concurso y poder ofertar las empresas helicópteros más modernos y helicópteros con más prestaciones”. Sin embargo, eso no ha sucedido y los helicópteros siguen siendo los mismos, ahora con siete años más de antigüedad con respecto al momento de su venta.
Aquella operación fue criticada en su momento por el Consello de Contas, el ente fiscalizador de las administraciones gallegas, que censuró que no se hiciese “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” en las contrataciones futuras del servicio. Si antes de 2012 el coste de mantenimiento anual del servicio era de 7,5 millones de euros, en 2017 la Xunta lo adjudicó para el siguiente lustro por 8,5 millones al año. El Gobierno gallego argumentó que el incremento se debía a que ahora se exigen nuevas condiciones a la empresa que presta el servicio, Babcock, que se hizo con la antigua Inaer, operadora de la gran mayoría de los servicios aéreos de helicópteros de incendios o emergencias del Gobierno gallego e investigada a nivel estatal en el marco del denominado cartel del fuego.
