La investigación de Fomento sobre Angrois obvió que la curva no fue analizada por una entidad independiente
Esta semana las víctimas del accidente del tren Alvia han evidenciado que Adif, la empresa pública responsable del AVE Ourense-Santiago en el que ocurrió el accidente, sabía que tenía que contar con un informe independiente sobre la seguridad en la curva de Angrois en la que descarriló el Alvia pero autorizó su apertura sin ese documento. Ese hecho fue obviado en su momento por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ( CIAF) del Ministerio de Fomento en su informe final del siniestro, en el que atribuyó toda la responsabilidad al maquinista.
Hace dos meses tres técnicos de la consultora Ineco declararon en el juzgado que habían evaluado de manera independiente, como exige la normativa, el tramo central del AVE Ourense-Santiago, pero que no hicieron lo mismo en su tramo final, en Santiago, porque Adif no se lo encargó. Su trabajo en ese tramo central finalizó en el punto kilométrico 84,144 de la línea, pero el accidente se produjo unos metros más adelante, en el punto 84,413, en el siguiente tramo no evaluado por Ineco.
Adif mantiene que ese tramo final ya no es considerado de alta velocidad y podía ser tratado como una línea convencional, sin requerir esa evaluación independiente. Sin embargo, las víctimas han desvelado un documento en el que la propia Adif consideraba preciso ese análisis independiente dentro de un listado de varias normas técnicas a cumplir.
En su momento la CIAF pasó por encima de esa cuestión. En el apartado de su informe en el que analiza la documentación con la que Adif autorizó la puesta en servicio de la línea, los investigadores de Fomento señalaron de manera expresa que en el tramo Ourense-Santiago “Ineco, como organismo de evaluación independiente reconocido por la Dirección General de Ferrocarriles, elaboró el Informe de Evaluación Independiente (ISA) de este tramo”. Pero a continuación, al referirse al tramo siguiente, el de Santiago, nada dice de esa evaluación independiente y se limita a indicar que el riesgo de un exceso de velocidad como el que se produjo había sido “exportado” a los maquinistas, sin decir por quién ni con qué supervisión.
Unos párrafos antes de ese punto, la propia CIAF dice que la seguridad de ese tramo final de Santiago se analizó “en aplicación del Reglamento (CE) 352/2009 de 24 de abril de 2009”. Sin embargo, ese reglamento es precisamente el que exige la realización de una evaluación independiente como la que Ineco sí había realizado en el tramo justo anterior. Además, la propia Adif mantiene ahora que no aplicó ese reglamento y no encargó una evaluación independiente a Ineco porque no era obligatorio. Las fuentes consultadas del caso discrepan si la CIAF dio por hecho que ese análisis había sido realizado sin comprobarlo o, por la manera en que lo obvió unos párrafos más adelante al referirse al tramo final de Santiago, ocultó que no se había hecho.
La investigación de la CIAF, que se conoció un año después del siniestro y que hizo responsable único al maquinista, fue considerada no independiente tanto por la Audiencia de A Coruña como por la UE, que abrió un procedimiento de infracción contra España hasta que modificó la manera en que Fomento nombraba directamente a sus miembros, que ahora son propuestos por el ministerio pero ratificados por el Congreso. Sin embargo, esa investigación, además de ser empleada por los responsables políticos que han venido centrando la responsabilidad en el maquinista y negándose a analizar otras causas, sí influyó en una fase inicial de la instrucción judicial, donde un perito designado por el juzgado llegó a plagiar párrafos completos de ella. Las víctimas vienen reclamando a Fomento que realice una nueva investigación técnica del siniestro, pero el ministerio argumenta que ahora que la CIAF ya es considerada independiente por la UE, no puede darle la orden de abrir una investigación. Por su parte, a pesar de todas las novedades aportadas a la instrucción judicial durante los últimos tres años, la propia CIAF considera que no hay motivo para reevaluar aquella investigación suya.
