La investigación judicial del accidente del Alvia vuelve a estancarse a los dos años de su reapertura
El 26 de mayo de 2016, hace ahora dos años, la Audiencia Provincial de A Coruña emitía un auto que suponía la reapertura de la investigación judicial sobre el accidente del tren Alvia que casi tres años antes había dejado 80 muertos en Santiago y cuyo segundo juez instructor quería cerrar con el maquinista, Francisco José Garzón, como único imputado. Dos años después de esa reapertura la causa cuenta con seis imputados más, pero vuelve a estar estancada desde hace meses porque la huelga que se ha venido produciendo en la Justicia gallega paralizó las tomas de declaración y está pendiente también de conocerse un informe pedido a la Agencia Ferroviaria Europea clave para aclarar si, como sospechaba la Audiencia hace ahora dos años, Adif no analizó como debía el riesgo existente en la curva de Angrois.
Ni el juez instructor ni el fiscal veían hace dos años relevantes penalmente las decisiones de Adif de reducir en 2010 la seguridad de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente y de autorizar en 2012 a Renfe a desactivar el control constante de velocidad (ERTMS) a bordo de los Alvia. Sin embargo, en aquel auto del 26 de mayo de 2016 la Audiencia sí consideraba que había dudas fundadas sobre si la empresa pública había analizado como debía el riesgo previsible que había en la curva de Angrois de descarrilamiento por exceso de velocidad tras un error humano como el que tuvo el maquinista, que se despistó y no frenó a tiempo sin que hubiera activo ningún sistema que lo evitase o paliase. Ese análisis de riesgos se había realizado, cuando menos, de manera “ fragmentaria”, decía la Audiencia.
En estos dos años, al intentar averiguar cómo se elaboró y validó ese análisis de riesgos, el director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, fue imputado y desvió responsabilidades hacia otros departamentos, lo que provocó la imputación de otras cinco personas: su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares, un subordinado y tres técnicos de la consultora Ineco. Al tiempo, dos peritos judiciales, que tuvieron que ampliar sus informes previos y no fueron llamados a declarar hasta julio de 2017, un año después de la reapertura de la causa, discreparon sobre si ese análisis de riesgos fue elaborado como exigía la normativa ferroviaria o no, lo que dejó el desempate en manos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, en sus siglas en inglés).
Pero ahí aumentaron los obstáculos y demoras que se vienen registrando en el caso desde su inicio. Por una parte, el juzgado se confundió en la dirección a la que envió la petición de ayuda a la agencia europea, lo que provocó una demora de por lo menos cinco meses. Por otra parte, las declaraciones de imputados y testigos se pararon con el inicio el pasado 7 de febrero de la huelga de los trabajadores de la administración de justicia en Galicia. Así que dos años después de que la Audiencia ordenase al juez instructor averiguar si los riesgos existentes en la curva de Angrois se habían analizado como establecía la normativa, aún está pendiente de conocerse la visión que al respecto tiene la Agencia Ferroviaria Europea y aún tienen que declarar en el juzgado un imputado y seis testigos y peritos. Dentro de dos meses se cumplirán cinco años del accidente y las víctimas siguen sin obtener justicia.
