El PP impide investigar los contratos de Villar Mir con la Xunta para no “destruir la democracia”
Una línea argumental prepondera sobre todas las demás del PPdeG en lo referido a los casos de presunta corrupción que afectan al partido y, concretamente, a la financiación irregular que la Justicia dio por certificado en casos todavía en marcha como el de la caja B o Gürtel. La dirección de los populares gallegos apuesta, como en la campaña de las últimas elecciones gallegas, por colocar una barrera de contención política que este martes ha vuelto a intentar desplegar para rechazar la comisión de investigación sobre los contratos de las empresas del Grupo Villar Mir que, al hilo de las revelaciones de la Operación Lezo, En Marea y BNG propusieron conjuntamente. Al contrario de lo inicialmente esperado, finalmente el PSdeG se ha unido a la petición del resto de la izquierda, dejando a los conservadores solos en un “no” que, proclaman, defienden para no contribuir a “destruir la democracia”.
La elección de la representante popular en el debate ha evidenciado que, frente a lo declarado, el partido que sustenta el Gobierno tampoco ha ceñido este debate al ámbito de la industria y del futuro de las concesiones de Ferroglobe -antigua Ferroatlántica-. Quien ha respondido a la investigación defendida por Luís Villares (En Marea) y Ana Pontón (BNG) no ha sido el portavoz, Pedro Puy, ni ninguno de los miembros del Grupo Popular que suelen encargarse de asuntos económicos o industriales. Ha sido la viceportavoz, Paula Prado, para quien el hecho de que el juez del caso Lezo “no haya solicitado a la Xunta ni un solo contrato” prueba que el único enlace del PPdeG con las presuntas irregularidades de Villar Mir son “las malintencionadas injurias del señor Villares”.
La airada intervención de Prado respondía a los discursos de Villares y Pontón, para quien la apertura de una investigación es la mejor manera de “dejar el juego de máscaras” y “permitir que se aclaren las dudas”, en palabras del portavoz de En Marea. “Esta comisión solo puede molestar a quien tenga algo que ocultar”, cree la líder del BNG, para quien la investigación “ya estaría justificada” por el hecho de que “descaradamente, un empresario imputado por financiación irregular del PP” esté “chantajeando a Galicia” con la operación para segregar y vender las centrales de A Costa da Morte. “Ni acusamos ni condenamos, solo describimos hechos”, agrega Pontón, a cuyo juicio existen “evidencias muy claras de que el foco” de la corrupción del PP “no está localizado en Madrid”, sino que se “expande”.
Es “cierto”, anticipó Luís Villares antes de la respuesta de Prado, que el Grupo Villar Mir “contrata con gobiernos de muchos colores”. “Pero el color del dinero solo está puesto en el PP” y por eso la Cámara gallega no debe “mirar hacia otro lado”. “De ser cierto lo que afirman” con respecto a la legalidad de las relaciones entre la Xunta y las empresas investigadas “nada tendrían que temer”, señala. “Seguro que el señor Villar Mir estará encantado de resolver las dudas” y de paso, señala, el legislativo gallego podría “saber cómo se financia cada uno” y “si alguien va dopado a las elecciones”. Las comisiones de investigación, recuerda, “no tienen por misión investigar delitos”, sino “aclarar dudas en sede parlamentaria y defender los intereses de la ciudadanía”.
En este contexto, la esperada dureza de la justificación del PP para vetar la investigación ha parecido acrecentada por el hecho de que el PSdeG, a través de Juan Díaz Villoslada, haya anunciado su voto a favor a pesar de ver poco “rigor” en el planteamiento de la propuesta. “Si surgen irregularidades se actuará en consecuencia y si no, la sombra de la sospecha desaparecería”, indicó el socialista. Tras los discursos de En Marea, BNG y de los socialistas Paula Prado accedió a la tribuna para clamar que “no todo vale”. “Ya sabemos”, dijo la popular, que En Marea “irrumpió” para “destruir las instituciones, destruir la democracia y la nobleza de la política”, unos “mimbres podridos” que no sirven para “levantar el país”.
“Con nosotros no cuenten para destruir la democracia”, proclamó Prado, quien enmarca el rechazo a la comisión en el “compromiso” con quienes “nos votaron para protegerlos de ustedes, los que no creen en la democracia”, dijo en referencia a En Marea. Aunque el grupo encabezado por Villares centró sus acusaciones, la parlamentaria de la derecha incluyó también al Bloque en su intervención para reprochar a ambos que “pretendan hacer una investigación prospectiva” a pesar de “no conocer un solo contrrato que pueda ser fraudulento”. “No se ponen del lado de la justicia” porque “quieren ajusticiar”, acusó entre sospechas sobre la financiación de ambas formaciones y referencias “a los que ocupan casas”, “actos violentos” y al Gobierno de Venezuela.
“Lo que desprestigia la política es la corrupción generalizada del PP”, replicó Ana Pontón, para quien Prado muestra que no ha pasado el “curso de primero de democracia” al obviar que “las comisiones de investigación no están para investigar lo que se investiga en los juzgados”, sino “cuestiones de interés general”, como estipula el Reglamento. “¿Por qué tienen miedo a que se investigue? ¿A que pueda venir el señor Villar Mir y nos explique a cambio de qué hizo la generosa donación a la Fundación Fraga?”, preguntó. “El imputado” por financiación irregular “no es el PP de Madrid, es el PP de España, en cuya cúpula directiva está Núñez Feijóo, mala suerte”, concluyó Villares, quien augura un “final” en el que la Xunta autorizará las solicitudes de Ferroatlántica. “Saben quiénes son sus amigos”, resalta.
