La Xunta y el PP optan por la ambigüedad ante la petición de Villar Mir para vender sus centrales gallegas
Hace ahora algo más de un año, el director general de Energía de la Xunta de Galicia, Ángel Bernardo Tahoces, aseguró en sede parlamentaria que “nunca hubo segregación de actividades y nunca la habrá”. O, lo que es lo mismo, que nunca se harían realidad las intenciones de Ferroatlántica, la compañía del Grupo Villar Mir que acaba de solicitar formalmente levantar la prohibición a separar sus actividades de ferroaleación en Cee, Dumbría y Sabón de las centrales que explota en los ríos Xallas y Grande, algo que pretende como paso previo a la venta de las hidroeléctricas.
Así lo ha recordado el personal la empresa al conocer que el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, los va a recibir por fin este martes para abordar la solicitud de la compañía . Después de meses de peticiones para esa reunión, el comité de empresa será recibido y solicitará toda la documentación con la que la firma pretende convencer al Gobierno gallego e insistirá en que no permita la temida segregación. Pero ni el PP ni la Xunta son capaces de asegurárselo y se quedan solos en la ambigüedad ante una oposición que reclama unánimamente mantener la negativa.
El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, advierte de que la solicitud de Ferroglobe será analizada “con rigor técnico y jurídico” y que la decisión se hará “conforme a la ley” y con el objetivo de preservar el “interés general”, en un argumentario repetido en los últimos días por el Gobierno y los populares desde que se conoció la petición formal. Por todo esto, insisten, hará falta “un tiempo” para obtener la respuesta y reafirman su “compromiso” con los alcaldes de la Costa da Morte y con los trabajadores.
Con todo, a Puy le parece “un poco pronto” para que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca en el Parlamento para dar cuenta de las decisiones que se tomarán con relación a Ferroatlántica. Eso fue lo que pidió el BNG, que reclama ahora también que una representación de los trabajadores de la compañía comparezcan en la Cámara para explicar su posición en contra de una operación “especulativa”. “El único plan industrial real para la comarca es el vínculo entre explotación eléctrica y la industrial recogida en la concesión”, advirtió este lunes la portavoz del Bloque, Ana Pontón, que insiste en que la intención de Villar Mir, “investigado por presunta financiación ilegal del PP, es la de hacer caja con las centrales del Xallas”. “No es una cuestión técnica y jurídica, como enfatiza el Gobierno gallego, sino una cuestión política”, advierte.
“¿Es legal permitirle a una multinacional dar un pelotazo a costa de nuestros ríos? ¿Es legal permitirle al imputado Villar Mir dar un pelotazo de 255 millones de euros a costa de liquidar 300 empleos en la Costa da Morte? ¿Es legal permitirle un pelotazo de 255 millones de euros la una multinacional dirigida por un condenado por las tarjetas black y también imputado por financiación ilegal del PP?, se pregunta Pontón, que asegura que ”los recursos naturales de Galicia tienen que estar a disposición de este país“.
Con relación a las numerosas promesas de Ferroglobe en caso de que la Xunta acceda a permitirle segregar sus actividades, el BNG recuerda que desde que Villar Mir adquirió Ferroatlántica “el empleo en las plantas pasó de 500 a 300 puestos de trabajo, que los 700 empleos reiteradamente anunciados ni están, ni se esperan y que inversiones como la construcción del famoso horno 23 en Dumbría es una promesa anunciada hace 16 años por la que la empresa recibió 2,5 milóns de euros que ahora vuelve a sacarse de la chisteira”. Así, insistió en que Feijóo no ceda al “chantaje” de la empresa.
Desde el PSdeG, por su parte, su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, insta a “explorar las posibilidades” de que Ferroatlántica siga adelante con sus inversiones en Galicia sin que se autorice la segregación. Preguntado sobre el tema en rueda de prensa, el socialista cree que la Xunta “tiene que garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad”, pero también “velar por el interés general” respeto del mantenimiento del empleo y la actividad económica.
Para Leiceaga, si hay posibilidad de “garantizar que Ferroatlántica invierta más en Galicia y genere más empleos, bienvenido sea”, pero aclaró que lo “primero” es “garantizar” que el vínculo de las actividades actuales “se mantiene”. Así, entiende que atender a la legalidad supone “vincular las centrales y la producción industrial” e insiste en que se deben “explorar” las propuestas de la empresa “sin romper” el existente.
También En Marea insiste en la no segregación de las dos actividades y recuerda que en la actualidad están investigados por corrupción tanto Villar Mir como su yerno, Javier López Madrid, “responsables de Ferroaltántica, OHL, del grupo Ferroglobe, entramados económicos que contratan con la administración pública”. “Nos preguntamos si las acciones ilícitas llevadas a cabo por estas empresas eran porque sí o eran a cambio de algo”, dice la formación, que recuerda que en tramas como la Púnica se ha comprobado que “los favores que se realizaban en una comunidad autónoma, se pagaban en otra”.
“Los tentáculos de la operación Lezo son alargados”, advierte En Marea, que insiste en “poner el foco en la situación de Ferroatlántica, donde la posición de la Xunta se está decantando hacia la empresa y en contra de los intereses de la ciudadanía en base a intereses espúreos que nada tienen que ver con interés general”, concluye.
