Los alcaldes de Santiago y Valladolid llaman a movilizarse contra las restricciones de Rajoy a los ayuntamientos
Dos alcaldes de fuerzas políticas diferentes -y, en diversos ámbitos, abiertamente enfrentadas- compartiendo acto público al margen de lo estrictamente institucional para lanzar una reivindicación común. El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, y su homólogo de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se han subido juntos al escenario de una sala de conciertos santiaguesa para, en un encuentro organizado por Compostela Aberta, reivindicar el “margen de maniobra” de los gobiernos municipales. El evento había sido convocado para abordar los procesos de recuperación de servicios privatizados y sus dificultades, aunque se convirtió en una llamada a la movilización municipal frente a las restricciones del Gobierno de España.
Puente, miembro de la plataforma de Pedro Sánchez en las primarias a la secretaría general del PSOE, se presentó irónicamente como “un converso” con respecto a las remunicipalizaciones de servicios “por pura esencia democrática”. La “actitud hostil” que se encontró su gobierno para municipalizar el servicio de aguas, que avanza entre recursos judiciales -uno de ellos, planteado por el Estado-, admite, le ha llevado a ser más beligerante en la reivindicación de que “la gestión de los servicios públicos no la pueden decidir las empresas privadas”. Cuando tomó el bastón de mando tras cinco mayorías absolutas del PP, ejemplifica, el gobierno vallisoletano incluso desconocía el estado de la red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad.
“Para externalizar son todo facilidades, pero son todo dificultades para recuperar los servicios”, acredita Noriega, en cuyo caso la primera remunicipalización abordada está siendo la de los servicios de ORA y grúa “después de la sentencia judicial” que anuló la adjudicación otorgada por el gobierno de Gerardo Conde Roa (PP) en 2012 con el caso Pokémon de fondo. Tras “veintiséis informes” sobre el proceso, ahora encaminado para su aprobación en pleno, detalla, el regidor compostelano cree que las “resistencias” encontradas en ámbitos como el Ministerio de Hacienda tienen un objetivo claro: “que no sigamos” adelante ni con esta municipalización ni con otras. Por eso, asegura, “estoy convencido de que nos la van a recurrir”
“Obligados a cooperar”
El freno a las municipalizaciones, que el Gobierno central busca ahora obstaculizar también con una nueva disposición incluida en los Presupuestos de 2017, es para Noriega y Puente una muestra de las razones por las que los ayuntamientos “estamos obligados a cooperar” aunque tengan gobiernos de signo distinto. Es posible, ironiza Noriega, que sea necesario “acampar delante del Congreso” para hacer ver esta y otras reivindicaciones, como el fin de la restricción que impide a los gobiernos locales gastar en servicios públicos los ahorros que generan. “Una noche acampados delante del Congreso vendría muy bien al municipalismo”, agrega Puente, quien asegura “poder decir” que “ahora” en las Cortes “no hay nadie que nos represente como ayuntamientos”.
La “incomprensible” normativa del techo de gasto o la “imposición” de la apodada como ley Montoro provoca, considera Noriega, que los ayuntamientos estén “obligados a pelear” por recuperar lo que antaño era “un espacio para la política transformadora”. La normativa estatal, censura, impide en la actualidad acciones antes comunes como la contratación de “cuadrillas” para el “mantenimiento de la ciudad”, ahora sustituidas por contratos de obras con empresas externas. “Después, los mismos que impiden contratar, el PP, vienen a quejarse por el deterioro” de la red viaria de Santiago, censura.
“Hay que hacer algo” y el momento para abordar la “reforma local pendiente” es el actual, asegura el regidor de Valladolid, aprovechando la “debilidad” parlamentaria de los conservadores. Y el primer paso, agrega, es frenar la restricción a las municipalizaciones incluida en los Presupuestos, ya que esa ley, advierte, “todavía no está aprobada”. Solo así, concuerdan ambos, será posible abordar decisiones políticas como las propias municipalizaciones, que en el caso santiagués, señala Martiño Noriega, estarán enfocadas también al servicio de aguas hacia el final del mandato si las “sentencias judiciales” que “estan cayendo” sobre el consistorio ligadas a adjudicaciones pasadas no generan “situaciones sobrevenidas”.
