La Xunta responde con silencio administrativo el 4,5% de las peticiones ciudadanas de transparencia
Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia gallega, derivada de la estatal, el Gobierno gallego hizo este lunes un balance cuantitativo de las visitas recibidas en la página web en la que divulga la información que está obligado a hacer pública. La Xunta también ofreció cifras de la otra vertiente de la ley de transparencia, la posibilidad de la ciudadanía de pedir expresamente una información que la administración no divulgue por iniciativa propia. En ese ámbito, el Gobierno gallego admite en sus estadísticas que elude responder, dejando pasar el tiempo hasta que se produzca el denominado silencio administrativo, el 4,5% de las peticiones que le llegan.
Según las estadísticas divulgadas por el Gobierno gallego, desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia hace tres años la Xunta recibió hasta el pasado 31 de junio un total de 2.132 peticiones expresas de transparencia en las que la ciudadanía solicitó tener acceso a algún documento o información no públicos de la administración autonómica gallega. El Gobierno gallego dejó sin responder de manera expresa, dejando pasar el tiempo hasta que se produjese el denominado silencio administrativo, cerca de un centenar de esas peticiones, el 4,5%. La ley le da a las administraciones un mes, prorrogable por otro mes más, para responder a las peticiones de transparencia o argumentar los motivos legales que impiden facilitar la información solicitada.
Del resto de solicitudes de transparencia recibidas por la Xunta, otras 132 peticiones han sido inadmitidas a trámite o rechazadas expresamente argumentando algún motivo legal, lo que eleva a una de cada diez las solicitudes de información no atendidas por el Gobierno gallego. En sus estadísticas la Xunta no detalla cuántas veces en esas denegaciones o silencios ha sido instada posteriormente por la Comisión de Transparencia, el órgano dependiente del Valedor do Pobo que supervisa la transparencia de las administraciones gallegas, a facilitar a los solicitantes la información que previamente había rechazado ofrecer o había denegado por la vía del silencio administrativo.
Según la Xunta, por departamentos competentes para resolver las peticiones de información pública, “en cómputo global el mayor número de solicitudes fue recibido en la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, seguida de la Consellería do Mar y de la de Infraestructuras y Movilidad”.
En su balance sobre la Ley de Transparencia la Xunta nada dice sobre otro de los ámbitos en los que la norma le obliga a tener una actitud activa en la divulgación de información, el de los convenios que firma con otras administraciones o empresas. La página web en la que el Gobierno gallego debe hacer públicos esos textos lleva más de medio año sin actualizarse.
