¿Qué acto jurídico dio cobertura legal al trabajo de helicópteros privados contra incendios para la Xunta de Galicia durante el año 2012? Es una de las preguntas cuya repuesta está en el centro de la instrucción judicial que, como avanzó Praza.gal, mantiene investigado -antigua imputación- al máximo responsable de la política forestal de la Xunta durante 17 de los últimos 21 años, Tomás Fernández-Couto, por presuntas irregularidades contractuales. El Gobierno gallego evitó dar respuesta al interrogante en el momento de los hechos y también lo hace ahora, cuando al trascender la imputación el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, insta a poner el foco en el sindicato CIG, por trasladar el asunto a la Fiscalía, impulsora de la denuncia. No obstante, fue el Consello de Contas -órgano encargado de fiscalizar las finanzas de la Xunta- el que certificó cómo operaron estas aeronaves en aquel año: sin contrato.
Hace ahora media década todavía formaban parte del servicio de extinción de incendios de la Xunta los helicópteros inicialmente contratados por el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG para los años 2008 y 2009. En un informe sobre la contratación de la Xunta hecho público en 2014, el organismo fiscalizador de las cuentas públicas del Gobierno gallego acredita que aquel contrato, compuesto por 4 lotes, fue firmado el 4 de abril de 2008 con tres empresas distintas que “tras la adjudicación cambiaron la titularidad para integrarse en Inaer”, la empresa que también es adjudicataria de los helicópteros de salvamento marítimo y de emergencias sanitarias, comprada hace tres años por el grupo británico Babcock. La contratación, detalla el informe, “fue objeto de dos prórrogas” que llegaron hasta el 30 de diciembre de 2011.
A pesar de haber finalizado el contrato, Inaer siguió prestando el servicio durante 2012, al menos el de los helicópteros que se habían incluido en los lotes 1 y 2 del contrato -8 aeronaves en la licitación inicial-. Y lo hizo, demuestra el Consello de Contas, “sin la preceptiva cobertura contractual”. No en vano, resalta el informe, únicamente “dos certificaciones correspondientes a horas de vuelo realizadas en el año 2012 acreditan este hecho”.
Aunque el informe de Contas se refiere a 2010 y 2011, completa el panorama incluyendo “hechos posteriores al período de fiscalización”. Entre ellos, que la entonces Consellería do Medio Rural e do Mar “demoró en exceso la convocatoria” de un nuevo contrato y no lo hizo hasta diciembre de 2012. A aquel proceso concurrieron Inaer y otra empresa, pero la Xunta consideró que las dos incumplían los requisitos, declaró desierto el concurso y convocó un procedimiento negociado, en el que es el Gobierno el que elige a las empresas invitadas a optar al contrato. Pero en este punto Medio Rural ya había introducido una “modificación sustancial de las condiciones iniciales” que para Contas suponía un “obstáculo legal” con “infracción de los principios de publicidad y transparencia”.
“La Consellería debió haber convocado un nuevo procedimiento abierto al que podrían concurrir otras empresas interesadas don capacidad para realizar el contrato” y no otorgar la concesión a Inaer por la vía directa. Esta conclusión de Contas fue, precisamente, el que espoleó la instrucción judicial y reactivó el procedimiento en el que está imputado Fernández-Couto.
Las explicaciones de la Xunta y el aviso de la CIG
Las explicaciones y réplicas de la Xunta a estas advertencias del Consello de Contas fueron escasas y tardías. No en vano, en el turno de alegaciones que todo informe de Contas concede a la Administración afectada, el departamento entonces dirigido por Rosa Quintana con Fernández-Couto como secretario general de Montes apenas se refirió a lo sucedido en 2012. Así, no respondió específicamente a la constatación de que los helicópteros habían operado sin contrato, pero sí comentó más ampliamente detalles de la contratación firmada por el bipartito en 2008, así como de la abordada por el Gobierno del PP en 2013.
El único comentario concreto y por escrito que la Xunta dirigió a Contas referido a 2012 fue para explicar que “la demora inicial en la tramitación del expediente para el año 2012 derivó de una serie de incidentes de carácter presupuestario y administrativo” provocadas por la “unificación de las consellerías de Medio Rural y del Mar” que Feijóo había decidido a principios de ese año. La controvertida fusión se mantuvo hasta otoño de 2015, cuando el presidente gallego decidió volver a separarlas, encomendando a Ángeles Vázquez la de Medio Rural, con Fernández-Couto en el mismo puesto, y dejando a Quintana al cargo de Mar.
Otra de las escasas explicaciones públicas al respecto la había dado en el mismo año 2012 la propia conselleira a preguntas del diario El País. Al trascender que Inaer prestaría sin concurso el servicio completo de las brigadas helitransportadas -helicópteros y personal- Quintana aseguró que lo había hecho por falta de tiempo y a través de una “encomienda de gestión”, fórmula que las Administraciones suelen emplear para encargar una tarea determinada a otra Administración o a una empresa pública, caso por ejemplo de Seaga para el ámbito de Medio Rural en Galicia. Inaer, a su vez, subcontrató la selección de las brigadas con la empresa Natutecnia.
Estas palabras de Rosa Quintana llegaban justo después de que la CIG alertase de la “privatización encubierta” de las brigadas helitransportadas y la advirtiera directamente de los recelos legales de la operación liderada por Fernández-Couto. Ante el caso omiso del Gobierno, la central sindical trasladó el asunto a la Fiscalía con la forma de una denuncia por prevaricación. El Ministerio Público asumió la denuncia como propia y siguió adelante con ella, lo que derivó en la imputación de Fernández-Couto y otros dos cargos.