La Xunta no revisó varios elementos de seguridad de sus ambulancias y helicópteros sanitarios cuando los adjudicó
Son servicios sanitarios que salvan vidas pero también contratos millonarios por los que las empresas interesadas en ellos están dispuestas a pelear legalmente con todos los medios a su alcance. Eso es lo que está detrás de las cuestionadas adjudicaciones de la Xunta de sus servicios de transporte sanitario de emergencias tanto en ambulancias como en helicópteros. El primero de los contratos, adjudicado en 2015 por 120 millones de euros, está bajo investigación judicial por un posible amaño y un informe policial revelado el pasado agosto por este diario constató que numerosas ambulancias circularon durante meses con sobrepeso y otros defectos de seguridad. La adjudicación del segundo, de unos 10 millones de euros, acaba de ser ahora paralizada por un tribunal administrativo porque la Xunta no revisó antes si la tripulación asignada a los helicópteros por parte de la empresa ganadora contaba con las habilitaciones especiales de vuelo que previamente había requerido el propio Gobierno gallego.
La Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que dirige José Antonio Iglesias Vázquez, destaca sobre el primer caso, el de las ambulancias, que cuenta con otro peritaje que “confirma la seguridad de estas unidades asistenciales con fecha de este año” mientras que sobre el segundo garantiza que el servicio de emergencias con helicópteros no se dejará de prestar hasta que no se resuelva el nuevo concurso porque mientras lo sigue operando la anterior adjudicataria.
Largo historial de irregularidades en los contratos de helicópteros
La paralización de la adjudicación de los helicópteros sanitarios con base en Ourense y Santiago es un capítulo más de la larga serie de irregularidades detectadas tanto a nivel administrativo como judicial en todo tipo de contratos de helicópteros por parte de la Xunta, que lleva años adjudicándolos de forma mayoritaria a Inaer, ahora integrada en el grupo británico Babcock. Así lo determinó el Consello de Contas en un demoledor informe emitido en 2014 en el que detectó defectos en todos los contratos firmados por el Gobierno gallego con esa empresa, uno de los cuales, para el servicio de extinción de incendios, llevó a la imputación del director general de Ordenación Forestal de la Xunta, Tomás Fernández-Couto, archivada porque el juez entendió que, a pesar de ser ilegal, no hubo “capricho” en su decisión de elegir a dedo a Inaer.
La misma empresa es a la que la Xunta vendió en 2012 los dos helicópteros de salvamento marítimo que tenía en propiedad y con base en Vigo y Burela porque consideraba que quedarían “obsoletos” a pesar de que seis años después sigue alquilándole los mismos aparatos. Inaer también es una de las empresas implicadas en la investigación en otras comunidades del denominado cártel del fuego que investiga si varias firmas del sector se repartieron contratos evitando competir entre ellas para así obtener más beneficios. La propia Inaer, socia de la Xunta en un proyecto de investigación con drones en el aeródromo lucense de Rozas, admitió en su momento que se beneficia de la poca competencia que hay en el sector.
También los helicópteros sanitarios ahora bajo sospecha venían siendo operados por Inaer-Babcock. Pero al nuevo concurso convocado el pasado enero para renovar el servicio se presentó, además de ella, otra firma, Habock, presidida por Luis Miñano, empresario que había impulsado el crecimiento de Inaer, de la que salió cuando ésta pasó a manos de Babcock. La mesa de contratación eliminó la candidatura de Inaer- Babcock porque no cumplía con determinadas condiciones técnicas del pliego de condiciones, como la manera de garantizar la climatización del habitáculo de los helicópteros, y acabó adjudicando el concurso a la única oferta que se mantuvo en pie, la de Habock. Pero Inaer-Babcock no sólo recurrió su eliminación ante la justicia ordinaria sino que contraatacó recurriendo la adjudicación a su competidora ante el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia.
El tribunal acaba de darle la razón y retrotrae el proceso a una fase anterior porque entiende que la Xunta debió comprobar antes de adjudicar el contrato a Habock si la tripulación que ésta asigna a los helicópteros contaba con habilitaciones para operarlos en lo que se conoce como vuelo instrumental y multipiloto, requisito que indica una mayor habilidad del personal y por lo tanto seguridad en sus operaciones. El 061 asegura que su intención era comprobar ese requisito “antes de la formalización del contrato y del inicio de la prestación del servicio”, pero el tribunal administrativo considera que se debió hacer antes, en una fase de valoración de las ofertas presentadas previa a la adjudicación del contrato, y retrotrae el proceso a ese momento. El recurso de Babcock ahora atendido implica que mientras la Xunta no rehace el proceso de adjudicación comprobando esa documentación y hasta la posterior formalización efectiva del contrato, el servicio sigue siendo operado por Inaer-Babcock.
Ambulancias con defectos de seguridad
La retroacción del contrato de los helicópteros sanitarios se produce mientras un juzgado de Santiago tiene abierta una investigación penal por la manera en que la Xunta adjudicó en 2015 el servicio de transporte sanitario urgente por carretera, dividido en 14 lotes según sus áreas geográficas que sumaron 120 millones de euros. La causa se inició tras una denuncia de un empresario que fue avalada por la Fiscalía y que permitió descubrir que, con independencia de quién fuese el adjudicatario del servicio en cada zona -Ambuiberica fue la principal beneficiaria-, la gran mayoría habían adaptado las carrocerías de los vehículos en un mismo taller, el ourensano Rodríguez López, en algún caso incluso antes de resolverse el concurso. En la causa figuran correos electrónicos cruzados que para los investigadores probarían que o bien un técnico del 061 investigado en la causa judicial facilitó a la empresa los planos antes de convocarse el concurso o bien que fue ésta la autora material de los planos que luego exigiría la Xunta a los candidatos.
En el marco de esa investigación la policía encargó un informe pericial, desvelado el pasado agosto por este diario, que constata que las ambulancias circularon durante varios meses con numerosos defectos de seguridad, en particular por sobrepeso, en algún caso superior a los 800 kilos. Según aseguró la Xunta al desvelarse ese informe policial y ratifica ahora nuevamente, “a día de hoy” las ambulancias del 061 ya cuentan con otro informe pericial que “confirma su seguridad”.
