La Xunta mantiene terminado y cerrado desde 2013 un centro de discapacidad que costó 13 millones
Finalizado desde 2013 y, desde hace un año, dotado con la instalación eléctrica que le faltaba para comenzar a funcionar. Es el estado en el que se encuentra el Centro Galego de Desenvolvemento Integral (CEGADI), un enorme e innovador edificio de arquitectura singular que, una década después de ser impulsado por el Gobierno de PSdeG y BNG en la Xunta como espacio de referencia en la atención a la discapacidad, espera cerrado en el compostelano barrio de Salgueiriños por una fecha de apertura mientras ya presenta muestras de deterioro como humedades, corrosión y cristales agrietados. Después de que el BNG de Santiago reclamara la pasada semana conocer un plazo concreto de puesta en servicio y anunciara iniciativas parlamentarias al respecto la Consellería de Política Social no es capaz de concretar fechas más allá de una apertura parcial “a lo largo de este año” de un edificio cuya factura, admite, ya supera los 13 millones de euros, lo que implica un sobrecoste de más del 50% con respecto al precio de adjudicación.
La historia del CEGADI en su actual emplazamiento se remonta a mayo de 2005, cuando el Ayuntamiento de Santiago aprobó la cesión a título gratuito de la parcela para construir el centro, 6.000 metros cuadrados en la principal zona de expansión del norte de la capital gallega. Pocos meses después del cambio de color político en la Xunta, en noviembre de ese año, el gabinete presidido por Emilio Pérez Touriño aceptaba formalmente la cesión y la Vicepresidencia que encabezaba Anxo Quintana, competente en materia de servicios sociales, iniciaba unos trámites que se concretaban en agosto de 2007 en el concurso público para la construcción del centro por un importe de hasta 9,05 millones de euros cofinanciados por el programa europeo Interreg III.
En noviembre del propio 2007 la constructora Alcuba se impuso en el concurso con una oferta de 8,7 millones de euros, gasto al que la Administración tuvo que añadir sendos contratos de unos 130.000 euros y otros 112.000 para los servicios de arquitectura en la dirección y en la seguridad de las obras. Se ponía así en marcha la construcción de un edificio con algo más de 8.000 metros cuadrados de superficie útil firmado por el arquitecto vasco José Ramón Garitaonaindía, ganador del concurso de ideas que había convocado el Gobierno gallego con un presupuesto de 174.000 euros.
En mayo de 2008, con los trabajos ya en marcha, el Consello da Xunta aprobaba el decreto que creaba formalmente el centro. Sería un espacio de “rehabilitación integral para personas con discapacidad” con diversos servicios entre los que destacaba un centro de día para 71 personas y un área residencial para otras 38. El proyecto contaba además con “dos viviendas piloto con capacidad para seis personas”, salas de rehabilitación, espacios polivalentes, una piscina terapéutica y un comedor-cafetería, entre otras áreas. Todos esos espacios están ya construidos.
Nuevos plazos y sobrecostes
Los plazos calculados por el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas, que estimaba la ejecución total de las obras en año y medio, se dieron de bruces en el verano de 2008 con el estallido de la crisis y de la burbuja inmobiliaria. En noviembre de 2008 el cierre de liquidez de los bancos abocaba a la constructora Alcuba al concurso de acreedores -no salió de él totalmente hasta 2011- y amenazaba seriamente la continuidad de las obras a pesar de que apenas dos meses antes, en septiembre, la Xunta había aprobado una modificación del contrato, incrementándolo en 1,7 millones de euros para atender un requerimiento del Ayuntamiento de Santiago sobre la necesidad de plazas de aparcamiento en el entorno del edificio. La factura llegaba ya, así, a los 10,8 millones.
Mientras la constructora retomaba lentamente los trabajos el Gobierno gallego cambiaba de color político y, apenas un mes después del retorno del PP a la Xunta, la constructora se dirigió a la nueva Consellería de Traballo e Benestar para solicitar una prórroga en el plazo de entrega hasta mayo de 2010. Las causas, alegó, eran la necesidad de adaptar al terreno el área del sótano del edificio, así como un retraso en la disposición de energía eléctrica en la obra. La Xunta aceptó la prórroga y pocos meses después, en marzo de 2010, la empresa pidió otra, en esa ocasión basada en inclemencias meteorológicas y en adaptaciones de eficiencia energética del centro. La fecha límite pasó a ser, con el visto bueno de la Consellería, el 31 de diciembre de ese año.
Pero los cambios del guion no finalizaron ahí. En ese mismo 2010 la constructora, en pleno concurso de acreedores, se dirigió en otra ocasión al departamento entonces dirigido por Beatriz Mato -actual conselleira de Medio Ambiente y líder del PP en A Coruña-. Fue para solicitar un segundo modificado que, mediante el incremento de otros 1,7 millones en el precio final, permitiría “mejorar las prestaciones energéticas” del edificio, entre otros cambios. Antes de aprobarlo Traballo solicitó el preceptivo informe al Consello Consultivo -órgano que evalúa el encaje legal de las decisiones de la Xunta-, que observó “ausencia de toda justificación” para el modificado -los informes de la Xunta hacían referencia implícita a una norma sobre eficiencia energética que no sería de aplicación en este caso, según el Consello-, si bien consideró que podría ser procedente por el riesgo de que no se llegara a rematar un centro dirigido “a un sector de población, los discapacitados, merecedor de una especial protección”.
Reinicio de los trabajos y nuevas obras
Tras consumir prácticamente un año con estos trámites las obras del CEGADI se retomaron con un evidente retraso y un sobrecoste de en torno al 40%, esto es, un presupuesto de alrededor de 12,5 millones de euros y una previsión de final para el verano de 2012. Fue finalmente en 2013 cuando la Xunta pudo disponer del edificio y en ese mismo año la Consellería modificó su relación de puestos de trabajo para crear la plaza de dirección del CEGADI, complejo para el cual reservó 990.000 euros en los Presupuestos. Pero las dificultades no terminaron. Bien al contrario, en otoño de 2014 la Consellería revelaba, en respuesta a sendas preguntas del PSdeG y del Bloque, que el centro estaba “pendiente de la licencia de ocupación”, trámite que a su vez estaba “pendiente de aportar al Ayuntamiento de Santiago” un “certificado de FENOSA” en el que la compañía eléctrica acreditara que la conexión del CEGADI a la red era idónea.
Lo que realmente tenía que “informar favorablemente” FENOSA era el proyecto para una nueva obra en el centro, la construcción de un transformador eléctrico sin el que el CEGADI podía poner en riesgo el suministro del gran número de viviendas de la zona. La Xunta preveía entonces la adjudicación de este trabajo para “principios de octubre de 2014”, pero realmente no se produjo hasta febrero de 2016 por importe de 166.000 euros, con un plazo de ejecución de algo menos de dos meses.
Futuro incierto
En este punto, cuatro años después del final de la construcción y cuando ya ha transcurrido casi una década desde su adjudicación, Política Social evita ofrecer fechas concretas sobre la apertura del CEGADI. A preguntas de este diario el departamento de José Manuel Rey Varela confirma que “los costes de construcción de esta infraestructura” están ya “cifrados en 13,2 millones de euros” tras los últimos trabajos eléctricos. En lo referido a los plazos, la Consellería indica que “el CEGADI comenzará a prestar servicios para personas con discapacidad de manera paulatina a lo largo de este año”. Hasta hace pocos meses situaba el horizonte en el “primer semestre” de este 2017.
El Ejecutivo gallego tampoco precisa por el momento lo que en los inicios del proyecto se había presentado como uno de los pilares del CEGADI, la colaboración con la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI). Esta entidad, señalan las mismas fuentes gubernamentales, “solicitó la concesión de uso de una serie de espacios en las instalaciones” para “la prestación de determinados servicios vinculados a las personas con discapacidad física, a sus familias y también a los profesionales” del sector. “En ese caso -agrega la Consellería- sería dicha entidad quien gestionaría esos servicios en el ámbito de los espacios en los que los desarrolle”.
En este contexto, las iniciativas del BNG forzarán que la Xunta tenga que informar al Parlamento sobre sus planes para un centro que, recuerdan, fue concebido como “de vanguardia, innovador y único en el Estado para el tratamiento integral de la discapacidad”. Al tiempo, desde el Ayuntamiento de Santiago fuentes del gobierno local consultadas por este diario ratifican la “exigencia” de que el CEGADI abra y preste servicios lo antes posible por la necesidad de asistencia la este colectivo en la ciudad, pero también porque su “puesta en marcha” fue incluida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entre los “quince grandes proyectos” para Compostela prometidos en su reunión del pasado marzo con el alcalde de la capital gallega, Martiño Noriega.
