“Por desgracia, volvemos a la práctica habitual de los incendios provocados”. Así se ha referido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a los incendios que este fin de semana han amenazado casas en A Cañiza y Arbo, en el sur de Galicia ya cerca de la frontera con Portugal, y en Castrelo de Miño (Ourense). El primero está controlado tras haber quemado 25 hectáreas y haberse acercado a un polígono industrial. El segundo todavía no, y ya se ha cobrado 400 hectáreas. El de Castrelo de Miño ha quemado 200 y está bajo control.
“No está establecido taxativamente, pero todo indica que podrían haber sido provocados”, abundó Rueda, “por cómo han prendido con varios focos consecutivos. Estamos cerca de poder determinar los autores”. El presidente gallego estableció una comparación con los enormes fuegos que comenzaron hace 15 días en O Courel y Valdeorras y se convirtieron en los que más territorio han consumido desde que existen registros en Galicia: más de 22.000 hectáreas. “Tenían un origen distinto, debido a fenómenos tormentosos poco habituales en Galicia. Por desgracia, volvemos a la práctica habitual de incendios provocados”, dijo.
Rueda se había alejado de las tesis de su antecesor al frente del Gobierno gallego -Alberto Núñez Feijóo- sobre tramas de “terroristas incendiarios”, a pesar de que el partido de ambos, el PP, las ha sacado a pasear este verano. Este lunes, al término de una Consello extraordinario de su gabinete para aprobar el techo de gasto de la comunidad autónoma, habló de fuegos provocados y presuntos autores.
También defendió que el sistema gallego de extinción es “potentísimo, de los más potentes de España y de otros países” y aseguró que la Xunta ha gastado 33 millones en tareas de prevención. Respondía así a unas declaraciones en la Cadena Ser de la fiscal delegada de Medio Ambiente, Carmen Eiró, sobre la necesidad de cambiar los protocolos antiincendios del Ejecutivo gallego.