La jueza abre la puerta a investigar a Baltar por acoso sexual
Crece la presión judicial sobre José Manuel Baltar. En el mediodía del próximo 10 de marzo, cinco días después de ser reelegido presidente en el congreso del PP de Ourense, al que concurre como único candidato, el también titular de la Diputación ourensana tendrá que declarar como investigado por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y, además, aclarar si su actitud hacia la mujer que, como reveló en exclusiva eldiario.es, lo denunció por ofrecerle trabajo a cambio de sexo, pudo implicar acoso.
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Ourense, Eva Armesto, ha desestimado los recursos tanto de Baltar como de la Fiscalía y rechaza, además, el aplazamiento de la declaración solicitado por el político para viajar con su familia a Eurodisney. Mantiene, del mismo modo, la citación de la denunciante en calidad de investigada, si bien ahora también comparecerá como “perjudicada por un delito de acoso sexual”.
El giro del caso hacia el presunto acoso se basa en la aceptación por parte de la jueza de una alegación presentada por la denunciante en la que especifica que su vínculo con Baltar no era únicamente personal, sino que derivaba de su trabajo en una “oficina” del PP de Ourense. De este modo cabe la existencia de una relación de superioridad por parte de Baltar, razona, ya que el político era “el jefe de la oficina, parlamentario gallego y vicepresidente de la Cámara” gallega en el momento de los supuestos hechos.
Así las cosas, dos horas después de escuchar la declaración de la denunciante la jueza atenderá a la de Baltar, a quien cuestionará por “unos hechos que se producen entre enero de 2010 y finales de 2012”, lo que implica que la presunta “promesa” de empleo “se mantiene durante el año 2012”, cuando el investigado era ya presidente de la Diputación. En este sentido, la magistrada vuelve a subrayar que el hecho de que la mujer no haya llegado a lograr un puesto de trabajo no implica, necesariamente, que no haya existido un delito vinculado, por ejemplo, a la intención de alterar el resultado de un proceso selectivo de la institución provincial.
“El hecho de que en el momento del acuerdo todavía no fuera posible precisar en qué consistía la acción u omisión no impide valorar como constitutivo de delito cualquier acto que tendiese a facilitar la obtención de un trabajo”, destaca la magistrada. Entre los actos potencialmente delitivos, desgrana, “se incluía omitir el cumplimiento de sus deberes como autoridad o funcionario”, advierte.
Como en el inicio de este procedimiento la jueza recuerda además que no descarta, al menos de momento, agregar a la investigación la “calificación” del proceder de Baltar “como delito de tráfico de influencias”. Esto se debe, explica, a que en el momento inicial de la presunta promesa el barón ourensano era un cargo político, pero también hijo del presidente de la Diputación, José Luis Baltar.
