La querella argentina contra el franquismo coge impulso en Galicia

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) viene de sumarse a la querella que la justicia argentina lleva a cabo en Buenos Aires contra los crímenes cometidos por la dictadura franquista en España. El colectivo presenta una denuncia -un informe de 25 páginas- a la magistrada María Servini, quien inspirada en el principio de justicia universal investiga los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen fascista en una causa iniciada por otro gallego, Darío Rivas, afincado en Suramérica e hijo del alcalde de Castro de Rei asesinado en 1937.

Ahora, la CRMH, en su denuncia dentro de la querella argentina, solicita el procesamiento de once miembros del Consejo de Ministros de entre 1969 y 1977 que aún viven “por su participación en crímenes contra la humanidad” que, como recuerdan, “no prescriben”. Además, Manuel Monge, ex concejal en A Coruña y ex presidente de la Comisión, se suma también a esta querella como víctima de represión franquista, y aportando también información sobre asesinato de cuatro de sus familiares en Palencia. La búsqueda de la documentación necesaria fue lo que provocó el retraso en la presentación de una denuncia que va mucho más allá.

“Lo que queremos es que tanto mi denuncia como la presentada por la Comisión sirvan de impulso para que la gente represaliada o familiares se animen y se unan también a la querella”, explica Monge, que cree que, a pesar de las reticencias de muchas personas por acudir a la justicia, “ahora el miedo es mucho menor”. “El problemá está más en que los ciudadanos no saben bien cómo hacer”, aclara el ex concejal, que recuerda que la CRMH incluso facilita un cuestionario para los afectados con el objetivo de incorporarse a la demanda. Además, recuerda que ya no es necesario presentar la documentación en la Embajada argentina en Madrid, sino que llega con acercarse al consulado más próximo, en el caso de Galicia el de Vigo. Del mismo modo, se acaba de conocer que la jueza Servini permitirá que las víctimas del franquismo puedan declarar ante ella a través de vídeoconferencia y sin necesidad de cruzar el Atlántico.

Porque, a pesar de los continuos obstáculos que el Gobierno de España está poniendo, el proceso avanza y la Justicia ya ordenó la retirada del pasaporte a dos de los cuatro represores franquistas de los que se solicitó su extradición: Juan Antonio González Pacheco, Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar.

La CRMH de A Coruña presenta, por tanto, un informe en el que responde a la petición de la jueza, que demandaba entre otras cosas información sobre los ministros de la dictadura de Franco. Así, aporta datos sobre los once ex miembros del gobierno fascista que aún siguen vivos (José María López de Letona, Licinio de la Fuente, Alberto Monreal, José María Gamazo, Antonio Barrera, Fernando Liñán, Antonio Carro, Fernando Suárez, José María Sánchez-Ventura, José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa) y completa la información con una extensa relación de víctimas del régimen entre 1969 y 1981.

Fraga, “el primer exponente de la impunidad jurídica del franquismo”

Además, el escrito de la CRMH señala que “Manuel Fraga, como ministro de Franco, debería formar parte de la causa que sigue la justicia argentina por los crímenes del franquismo, aunque, lamentablemente, no podrá comparecer”. En su denuncia el colectivo incorpora también una amplia documentación “sobre el Camarada Fraga, tal y como era conocido entre los fascistas, y sobre su participación en la represión como ministro de Franco”. Entre los papeles se incluyen opiniones de figuras de la cultura y periodistas “poco divulgadas”, como la del premio Cervantes Caballero Bonald, que lo define como “cómplice de algunos de los asesinatos llevados a cabo en la última década del franquismo”. También textos del poeta Carlos Álvarez, que cree que el ex presidente de la Xunta es “el primer exponente de la impunidad jurídica del franquismo”.

Del mismo modo, el informe se completa con la información sobre la represión franquista en Galicia, donde hubo más de 5.000 asesinatos, así como la aportación del libro 'A represión franquista na comarca da Coruña', promovido por la Comisión y donde se recogen detalladas biografías de las 600 personas asesinadas por el franquismo en la comarca. La aportación de la CRMH se une así a la denuncia de la Fundación Galega contra a Impunidade, que sumó el caso gallego a la querella argentina a través de los datos del proyecto Nomes e Voces, a la de Nova Esquerda Socialista, única entidad de Galicia que se había personado hasta el momento, y a la Federación de Sociedades Gallegas en Argentina, que la apoyó también junto a docenas de asociaciones como La Comuna, que agrupa ex presos políticos, o decenas de asociaciones por la memoria en todo el Estado.

Manuel Monge considera que los eternos obstáculos que el Ejecutivo pone a la querella “podrían evitar que se encause los represores reclamados”, pero sí cree que el proceso abierto “tendrá repercusiones para España a nivel internacional”. “No hay ningún gobierno en el mundo que se niegue a apoyar una causa de justicia universal”, recuerda quien advierte también que el propio Estado, a través de la Audiencia Nacional, “sí había apoyado a Garzón cuando persiguió a Pinochet y a los militares de la dictadura argentina”. “Ahora, como es en la propia casa, no hacen nada”, critica.

“Tengo esperanzas de que haya una llamada de atención de la ONU y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; ya hubo recomendaciones para que se aboliera la ley de amnistía porque España, técnicamente, está a la margen de los convenios internacionales de derecho y eso le puede traer consecuencias”, remata quien cree que “la democracia está asentada sobre unas bases muy endebles”.

Por otra parte, el PP decidió echar abajo la moción presentada por el BNG que procuraba la adhesión del Ayuntamiento de A Coruña a la querella argentina contra los crímenes del franquismo y que demandaba la condena de la sublevación fascista y la dictadura, en una iniciativa impulsada también por la CRMH. La moción reclamaba también derogar la ley de amnistía de 1977, así como que el gobierno local adoptara las medidas necesarias para garantizar el derecho a conocer la verdad sobre la ciudadanía represaliada.