Es una de las instituciones más cuestionadas del Estado y su reforma es una de las materias que parecen permanentemente retrasadas. La Constitución establece que es la Cámara de representación territorial y hasta el momento nunca ha llegado a actuar como tal; se duda de su utilidad y, en tiempos de duros recortes, cada vez son más las voces que se preguntan por qué hace falta seguir gastando recursos públicos para el Senado. Mientras esto sucede la Cámara Alta continúa su actividad normal, también en lo que se refiere a la contratación administrativa, esta vez en lo relativo a la telefonía móvil. Para realizar este contrato la Presidencia de la institución ha tenido que elaborar un pliego de condiciones en el que detalla el uso que sus señorías les dan a sus teléfonos. Y en él queda reflejada la tendencia de los senadores y senadoras hacia los servicios de tarificación más elevada.
Según consta en este documento a lo largo del año 2011 el Senado tuvo contratadas 440 líneas móviles de voz y datos con la compañía Vodafone, de las cuales 300 son de “perfil tipo 1” -el senado tiene 266 miembros-, con acceso a un servicio telefónico completo y de datos y las restantes, de “tipo 2”, con funciones más limitadas. Entre los dos perfiles los teléfonos de la institución acumularon a lo largo de ese año un total de 17.754 llamadas a “servicios de tarificación adicional”, esto es, líneas como las que comienzan por 901 o 902. Estas llamadas se prolongaron durante 49.920 minutos lo que, habida cuenta del coste de este tipo de llamadas -unos 49 céntimos el minuto, más el establecimiento de llamada de unos 15 céntimos, más el IVA-, da lugar a un gasto de 32.000 euros.
Pero los servicios de tarificación especial empleados desde los móviles del Senado no fueron solamente de voz. La misma documentación recoge la abundancia de mensajes cortos (SMS) “especiales”, los considerados premium, que fueron emitidos desde estos teléfonos. Concretamente, estos SMS utilizados en servicios como las descargas de música, los juegos o los concursos televisivos, entre otros, fueron utilizados en 15.857 ocasiones, lo que supondría un gasto de alrededor de 22.400 euros -las tarifas de la compañía señalan que el importe de estos mensajes es de 1,20 euros más IVA-. De este modo, es posible concluir que, entre llamadas y mensajes, la tarifa telefónica del Senado engordó en unos 55.000 euros solo por la utilización de servicios de tarificación especial.
Características de los nuevos teléfonos
Estos datos se recogen en una documentación que también incluye los requerimientos que el Senado hace para su nueva contratación de telefonía móvil. Entre ellos figura que las 300 líneas de “perfil 1” seguirán teniendo acceso a “teléfonos 901 y 902”, así como servicios de sms, mensajes multimedia y tráfico de datos “mínimo garantizado” de 500 megas por línea “sin limitación de velocidad”. Estas prestaciones se ofrecerán en “terminal smartphone de gama media/alta” -por ejemplo, un Iphone- que estará “enfocado a un uso preferentemente profesional”. “Este tipo de terminal deberá ir acompañado” de, al menos, “cargador, auriculares, cable de conexión a PC y memoria flash o SD de 8 Gb”. Para el perfil “tipo 2” el Senado pide servicios más simples, no especifica que requiera acceso a líneas 902 y limita el consumo de datos a 150 megas mensuales. Los terminales también tendrán “prestaciones básicas”, enfocadas “principalmente a un uso telefónico, aunque pueda realizar conexiones de datos para acceso a Internet y sincronización del correo electrónico del Senado”.
Además de esto la empresa adjudicataria del contrato tendrá que poner a disposición del Senado “un stock mínimo de un 5% de terminales de cada uno de los tipos previstos”, esto es, 15 móviles “tipo 1” y siete de “tipo 2” para “permitir el relevo rápido o activación de nuevas líneas”. Al mismo tiempo, la Cámara reclama también que los licitadores “contemplen en sus propuestas un plan de renovación tecnológica basado en la evolución de los terminales ofertados o de otros de características similares o superiores” que “estén en el catálogo de la empresa, sin que esto tenga un coste añadido”. “En todo caso”, advierte, “como mínimo se procederá a la renovación total de los terminales, a petición del Senado, a los 24 meses desde el inicio del contrato”.